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Política.- El Gobierno acuerda tramitar el anteproyecto de la Ley de protección y tenencia de animales de compañía (recursos).
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Canarias | 12:42:19 | Las Palmas de Gran Canaria | 13-11-2017

El Consejo de Gobierno acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, tramitar el anteproyecto de la Ley de protección y tenencia de animales de compañía de Canarias, una iniciativa que busca regular en un solo texto normativo los principales aspectos relacionados con la posesión de los animales. El texto sustituirá a la actual Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales para cubrir asuntos específicos como su tenencia, por lo que este cuerpo regulatorio estará entre los pioneros en el ámbito español en esta materia.

El acuerdo de hoy da luz verde a la tramitación del anteproyecto, por lo que se abre ahora una fase de solicitud simultánea de diversos informes internos, de instituciones, de otras administraciones, de entidades y órganos, además de iniciarse la fase información pública y audiencia, tras lo cual Hacienda deberá pronunciarse sobre esta iniciativa. A continuación, el Gobierno de Canarias solicitará el informe preceptivo al Consejo Consultivo, después de lo que el borrador volverá al Ejecutivo para que, una vez revisadas las observaciones (si las hay), lo apruebe entonces ya como proyecto de ley y lo remita al Parlamento de Canarias, previsiblemente el próximo trimestre, para su aprobación definitiva como ley tras el trámite parlamentario.

El consejero José Miguel Barragán remarcó que el anteproyecto reconoce que la sociedad canaria ha experimentado un gran avance en la sensibilización en el trato con los animales en tanto seres vivos que comparten con el ser humano su hábitat, por lo que los poderes públicos de Canarias trasladan ahora esta cuestión al ámbito normativo.

Aspectos a destacar

Entre los aspectos a destacar, el artículo 7 de esta propuesta de ley incorpora la tendencia al sacrificio cero de animales, lo que va de la mano con impulsar la responsabilidad social en esta materia. Además, el artículo 15 impone la identificación preferente de los animales con un sistema moderno y seguro: el microchip.

Por otra parte, los artículos 20 y 28 abordan la fijación de un cupo máximo de animales de compañía que se puede tener, algo que no se había regulado antes, pero necesario para poner límites a favor de su propio bienestar y el de los vecinos (se hará más adelante a través del desarrollo reglamentario).

Asimismo, el artículo 55.2 establece el carácter finalista de las multas, que no irán a una caja única, sino que servirán para financiar actuaciones de bienestar animal, y el artículo 55.3 establece que se podrá imponer también, como principales o accesorias a las multas, la inhabilitación temporal o definitiva para la posesión o tenencia de animales en los supuestos de infracciones graves y muy graves.

Como se recordará, el pasado mes de marzo la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad impulsó esta revisión normativa consciente de la preocupación que genera este asunto en la ciudadanía. El consejero se comprometió entonces a poner en marcha un proceso de consultas en el que podrían participar organizaciones y colectivos implicados en la materia con la intención de oír distintas opiniones a fin de elaborar una propuesta inicial que sirva para ser debatida más tarde sobre la base de un texto articulado.

En consecuencia, ese mismo mes se puso en marcha el trámite de consulta pública previa con una duración del doble del tiempo mínimo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que estuvo vigente un mes completo, desde el 1 de abril al 1 de mayo a través de la web para la participación ciudadana en la elaboración normativa del Gobierno de Canarias (http://www.canariasparticipa.com).

Además, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Antonio Llorens, se reunió con sociedades de bienestar animal, la Federación Regional de Cazadores, Federación Gallística Canaria, ambos colegios profesiones provinciales de veterinarios y de biólogos, así como el Sindicato de agentes forestales de Gran Canaria UGT-Amapal.

De forma paralela, la Consejería de Presidencia, Justica e Igualdad convocó un grupo interdepartamental en el que, además de este departamento, también participaron Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y Sanidad para poner en marcha un trabajo coordinado entre todas las áreas del propio Ejecutivo que tienen competencias relacionadas con este asunto.

En mayo, finalizó el trámite de consulta pública con más de 300 aportaciones, lo que la convirtió en la de mayor participación ciudadana hasta ese momento desarrollada en las Islas. Las aportaciones fueron valoradas por el equipo técnico para la redacción del anteproyecto de ley.

En junio comenzó la tramitación con la elaboración del borrador preliminar del anteproyecto de ley. A partir de ahora, se inicia la fase de informes y trámites preceptivos, de manera que durante el primer trimestre del año tenga lugar su aprobación definitiva por el Gobierno para comenzar a continuación la tramitación parlamentaria.

Otros aspectos del texto

Como ya se explicó, la futura ley no solo regulará la protección de los animales, sino también su comportamiento con respecto al ser humano a fin de evitar daños para las personas, al medioambiente, a la sanidad e higiene o al patrimonio colectivo, para lo que arbitra normas de dos tipos.

Por un lado, están las prohibiciones, deberes y obligaciones de las personas propietarias o poseedoras de animales y de los centros de acogida como garantía de su protección, contemplando, incluso, como principio o tendencia, que se evitará el sacrificio hasta donde es posible (sacrificio cero) para proteger su vida, y prohibiendo los malos tratos de cualquier tipo que menoscaben su integridad.

El otro grupo de normas va dirigido a la protección de personas y bienes jurídicos y materiales como prevención de agresiones que puedan causar los animales.

Contiene un conjunto de previsiones que tienen su origen en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987; en el Convenio europeo sobre Protección de Animales de Compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987; así como en los Reglamentos y Directivas Comunitarias, además de la normativa nacional y la propia Constitución Española. Dichas previsiones responden a la idea más evolucionada de la protección de los animales, entre cuyas medidas cabe destacar la prohibición de las peleas de animales de cualquier raza o especie.

Asimismo, contempla la prohibición de venta o cesión por cualquier título jurídico a menores o personas cuya capacidad esté modificada judicialmente sin la previa y expresa autorización de quienes ostenten su patria potestad, tutela o curatela, que se responsabilizarán por ellos, la tendencia al ya enunciado principio de sacrificio cero, la prohibición de autorización de emplazamiento de espectáculos circenses que empleen o anuncien el empleo de animales en sus números o actuaciones, y la aplicación de la ley a los animales empleados para la caza a los que su protección se extiende.

En este sentido, se modifica la Ley de Caza de Canarias para exigir que en las licencias deban constar los requisitos de identificación y tratamientos obligatorios que, con carácter general, se exigen para los animales de compañía a cuyo grupo pertenecen.

Además, contempla la exigencia de identificación de los animales de compañía exclusivamente por medio de microchips u otros sistemas, prohibiendo hacerlo por tatuajes o marcas, establece la obligación de pasar inspecciones periódicas veterinarias, exige la esterilización de los animales abandonados que se adopten o accedan a centros públicos o privados de acogida y deja al desarrollo reglamentario la fijación del cupo de animales que pueden habitar en domicilios, moradas particulares y centros de cualquier tipo.

Otro aspecto importante de este anteproyecto es el carácter finalista que da a las multas impuestas por infracciones a la futura ley de forma que se destinen a los presupuestos de las administraciones públicas con competencia en esta materia para el cumplimiento de sus funciones, especialmente las de albergue de animales. Además, establece sanciones alternativas o complementarias a las multas, inclusive la inhabilitación de la persona infractora para la tenencia de animales.

En su conjunto, el borrador de la norma contiene 66 artículos agrupados en nueve capítulos más siete disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y dos finales.

Se acordó tramitar el anteproyecto del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó hoy tramitar el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. El consejero José Miguel Barragán destacó que se trata de una actividad que cumple una labor social de primer orden al estar directamente relacionada con el campo socio-sanitario y educativo. En este sentido, el propio texto del anteproyecto de ley explica que la misma busca el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, la evolución y la investigación científica de los trastornos de comunicación humana que abarca funciones asociadas a la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, así como aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Cumple, por tanto, una labor social de primer orden y está directamente relacionada con el campo socio-sanitario y educativo.

El título oficial de Diplomado en Logopedia y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a su obtención se establecieron en el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, con la finalidad de proporcionar una formación teóricopráctica adecuada para llevar a cabo actividades de prevención, evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje, tanto de la población infantil como de la adulta.

Así, la logopedia quedó reconocida como profesión regulada, integrada en el sector sanitario, por Real Decreto 2073/1995, de 22 de diciembre, que modifica a su vez el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración.

Por su parte, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, adaptó los estudios universitarios al contexto europeo, estableciendo el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Por último, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias definió la profesión como sanitaria titulada y regulada de nivel diplomado, que tiene entre sus funciones las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

Ante estas circunstancias, a instancias de los profesionales del sector y al amparo de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Ley Territorial de Colegios Profesionales y su reglamento, el Ejecutivo autonómico ha considerado oportuna la creación de un colegio profesional que integre a quienes con la titulación suficiente ejercen la actividad de Logopeda y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público.

Por otra parte, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad tramita la creación de otros colegios profesionales: Dietistas-Nutricionistas, Higienistas Dentales y Terapeutas Ocupacionales.

Todos han pasado ya tanto la fase previa de tramitación (específica de la creación de colegios profesionales) que viene recogida en el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias como el trámite de consulta pública previa (que es la primera fase del procedimiento ordinario de la elaboración de leyes).

El futuro Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas ya cuenta (al igual que el de los logopedas) con un anteproyecto y lista de evaluación, y el próximo paso será remitirlo al Consejo de Gobierno. En relación al de los Higienistas Dentales y Terapeutas Ocupacionales, la Consejería trabaja ahora para completar esta fase cuanto antes.


La Formación Profesional canaria da un paso más en la dinamización de los CIFP

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha acordado hoy aprobar el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros integrados de Formación Profesional (CIFP) de la Comunidad Autónoma.

Una de las claves del proyecto ENLAZA del Gobierno autonómico para la dinamización y modernización de la Formación Profesional en las islas es una mayor apertura de los CIFP a la sociedad y, sobre todo, potenciar su capacidad para aunar en un mismo espacio toda la información y la oferta formativa de las áreas de Educación y Empleo.

De ahí la importancia de contar con un Reglamento de organización y funcionamiento de los centros, que regula la forma en la que se convivirán en un mismo espacio la formación profesional inicial y la formación profesional para el empleo. Con la nueva norma, se avanzará otro paso en la senda emprendida con la puesta en marcha del ENLAZA desde el curso pasado, para que en los CIFP se desarrollen acciones formativas conducentes tanto a títulos de formación profesional, como a certificados de profesionalidad de la familia o área profesionales que tengan autorizadas, así como otras ofertas formativas que den respuesta a las demandas de cualificación y recualificación de las personas a lo largo de la vida y del entorno productivo.

Así, el nuevo concepto de centro de formación rompe con la habitual división entre la enseñanza ‘escolar’ y la orientada a ‘profesionales’, de forma que se creen sinergias que permitan una relación mucho más fluida en el progreso de los estudiantes de FP y su transición, no sólo hacia otras ofertas formativas, sino al propio mercado laboral, que encontrará en estos centros un referente que pueda satisfacer de una sola vez todas sus necesidades de personal debidamente formado, bien a través de ciclos formativos completos, bien a través de cursos de especialización e, incluso, con formación ‘a la carta’ para cada empresa.

El nuevo Decreto se estructura en 44 artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales y regula desde las funciones para las que están autorizados los CIFP, hasta los órganos de gestión de los mismos o la imagen corporativa común y cómo debe mostrarse en la Red de Centros Integrados de Formación Profesional públicos.

En cuanto a las funciones, el Decreto atribuye a los CIFP todas las reguladas en la normativa estatal y, con ese afán por flexibilizar la oferta y por atender toda necesidad de formación de los ciudadanos y ciudadanas de las islas, establece en su artículo 3.3 que:

En cualquier caso, los centros integrados de formación profesional podrán impartir cualquier otra actividad formativa que tenga en cuenta la realidad socioeconómica del área del centro, las expectativas de la ciudadanía, las demandas de formación y las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de realizar una oferta que de respuesta a las necesidades de cualificación de las personas.

Por otro lado, el objetivo de los CIFP es el de convertirse en espacios abiertos a la sociedad, en los que puedan participar todas las personas relacionadas con los diferentes ámbitos de formación que se oferten. Por esta razón, también destaca que el nuevo reglamento añade a los habituales órganos de gestión unipersonales o colectivos habituales en los centros educativos, como la dirección, la jefatura de estudios o el claustro del profesorado, un órgano colectivo adicional, que se estructurará como un Consejo Social.

De él, formarán parte:

  • La persona titular de la dirección del centro, que ejercerá la presidencia del órgano.
  • La persona representante de la Consejería u organismo del que dependa el centro.
  • La persona representante de la Consejería con competencias en materia de Educación.
  • La persona representante de la Consejería con competencias en materia de Empleo.
  • Cuatro personas representantes del centro: Dos de entre el profesorado, otra del personal de administración y servicios y una cuarta será un alumno o alumna.
  • Cuatro personas representantes de los agentes sociales: Dos de las organizaciones sindicales más representativas y dos de las organizaciones empresariales más representativas que pertenezcan al Consejo Canario de Formación Profesional.
  • Por último, la persona responsable de la secretaría del centro ejercerá a su vez la secretaría del Consejo Social, con voz pero sin voto.

Además, el Reglamento establece que al Consejo Social podrán asistir como personas invitadas permanentes, con voz pero sin voto, una representante del Cabildo Insular de la isla así como otra persona representante nombrada por la Federación Canaria de Municipios, en calidad de asociación de municipios mas representativa, de entre los Ayuntamientos pertenecientes a la zona formativa en la que estuviese ubicado el centro integrado.

El Gobierno aprueba el Decreto de Turismo Activo

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el Decreto que regula las Actividades de Turismo Activo en Canarias que comprende actividades de recreo, deportivas o de aventura, que se desarrollan normalmente en la naturaleza, en cualquier medio, aéreo, terrestre, subterráneo, acuático o urbano, y que comportan riesgo.

También forman parte del turismo activo, las actividades formativas, informativas o divulgativas que se realicen en el desarrollo de dichas actividades.

El texto entrará en vigor a los tres meses desde su publicación, ya que éste es el tiempo estimado para la preparación de los itinerarios profesionales más importantes.

El Decreto dispone que las personas físicas o jurídicas que a la entrada en vigor del texto estén promoviendo y desarrollando actividades de turismo activo, disponen de un plazo de 9 meses para cumplir con los requisitos del reglamento.

Por otro lado, las personas monitoras, instructoras o responsables técnicas, que a la entrada en vigor del texto estén en activo, tienen un plazo máximo de 5 años para cumplir con los requisitos de titulaciones o acreditación de las competencias profesionales y 9 meses para adquirir la formación o acreditación en materia de socorrismo.

Las competencias profesionales se podrán acreditar mediante la obtención de certificados de profesionalidad; Superación del procedimiento de acreditación de las competencias profesionales; o las titulaciones oficiales correspondientes.

Las competencias profesionales se podrán reconocer mediante superación del procedimiento de acreditación de las competencias profesionales; a través de la experiencia profesional; o mediante los denominados itinerarios profesionales en el caso de que existieran actividades cuyo desempeño profesional no esté reconocido.

En este sentido, se generará empleo como consecuencia de la entrada en el mercado de nuevos profesionales cuyos títulos o certificaciones profesionales vendrán avalados por el Instituto de Cualificaciones, Consejo Superior de Deportes o titulaciones universitarias . Además, las actividades de turismo activo estarán inscritas en el Registro General Turístico.

El Decreto se aplicará a aquellas personas que mediante precio y de manera profesional promuevan y desarrollen la actividad; a las personas que practiquen la actividad mediante la intermediación de personas señaladas anteriormente; o aquellas personas que practiquen la actividad sin la mediación de nadie, en cuyo caso les es de aplicación las medidas de seguridad y las obligaciones que tienen por objeto la protección del medio ambiente.

Requisitos para el inicio de actividad de Turismo Activo:

  • Presentar la declaración de inicio de la actividad.
  • Disponer de un póliza de seguros de responsabilidad civil. Cuantía mínima de 600.000 euros por siniestro.
  • Disponer de un seguro de asistencia o accidente incluido el rescate. Cuantía mínima de 600.000 euros por siniestro.
  • Estar en posesión de la titulación o cualificación profesional exigible para el desarrollo de la actividad.
  • Acreditar el conocimiento del idioma español con nivel equivalente al B1.
  • Título de socorrista.

El Gobierno de Canarias destaca el trabajo realizado, isla por isla, por parte de la dirección general de Ordenación y Promoción Turística para poner en común el borrador del Decreto de Turismo Activo.

Las actividades de turismo activo deben estar vinculadas al deporte de acción y aventura que lleve inherente el factor de riesgo, por lo que el Decreto hace especial hincapié en las medidas de protección al usuario en la práctica  de la actividad y respalda al empresario para poder impedir el ejercicio de la misma a aquellos usuarios que no respeten las normas de seguridad y protección que éstos establezcan.

Facturación Turismo Activo

El Turismo Activo genera una facturación de 1.410 millones de euros en Canarias al año, cifra que representa el 10,2% del total de la facturación turística, según un análisis realizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes a través de Promotur Turismo de Canarias.

Se trata de un turista que tiene una alta rentabilidad para el destino por tener una estancia superior a la media -10,2 días frente a 9,5- y un gasto por turista y viaje superior también a la media -139,40 euros frente a 133,60- lo que significa que gastan más en alojamiento, en transporte, en alimentación y en ocio en general.

El perfil del turista motivado por actividades deportivas, elaborado por Promotur, está muy aproximado entre sexos (un 58,5% frente al 41,5% de mujeres), de un rango de edad de entre 31 y 45 años y en su mayoría asalariados cargo medio y alto (un 42,9%).

En cuanto a nacionalidades son en su mayoría alemanes (un 27,8%), seguidos por Reino Unido (un 18,4%) y España (9,8%). Otro dato a destacar es que conocen Canarias por visitas anteriores (un 60%) y los aspectos que le impulsan a la elección del destino es la información obtenida por Internet en un 30,8%.



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