El Gobierno de Canarias acordó hoy declarar como sectores prioritarios el Servicio de Coordinación del Sistema Integral de Violencia de Género, en el ámbito del Instituto Canario de Igualdad, y los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo, así como mantener la cobertura prioritaria de los puestos de trabajo declarados en el año 2017 que no hubieren sido provistos antes del 31 de diciembre. Se trata de sectores y puestos de trabajo que afectan a la prestación de los servicios públicos esenciales o al propio funcionamiento de la Administración autonómica en línea con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 a efectos de contratación de personal laboral temporal y nombramiento de personal funcionario interino.
Al respecto, se considera la necesidad de garantizar la correcta prestación de las funciones de prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género que son competencia de esta Administración Pública, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, por constituir en su conjunto un servicio público de carácter esencial.
Se estima preciso igualmente garantizar la correcta prestación de los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación adscritos a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, habida cuenta de las funciones que desempeña en el ámbito previo a la vía jurisdiccional de lo social, así como en materia de procesos electorales sindicales.
Asimismo, y en la medida en que subsisten las necesidades de urgencia e inaplazable necesidad de cobertura de puestos de trabajo, el Ejecutivo acordó mantener la declaración de cobertura prioritaria de aquellos puestos que fueron declarados en 2017 y que no pudieron proveerse antes del 31 de diciembre.
El Gobierno aprueba cinco nuevos másteres para la Universidad de La Laguna y la UFPC
El Gobierno de Canarias ha acordado esta mañana la implantación de diferentes enseñanzas universitarias para la obtención de títulos, con carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, tanto de la Universidad de La Laguna (ULL), como de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFPC).
En concreto, se trata del Máster Universitario en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción por la ULL; el Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria por la ULL y la ULPGC, que, a su vez, lleva aparejada la extinción de tres másteres como son el de Intervención Familiar (ULL-ULPGC), el de Mediación Familiar y Sociocomunitaria (ULL-ULPGC), y el de Intervención Social y Comunitaria (ULL); así como el Máster Universitario en Investigación en Filosofía por la ULL, la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza; y el Máster Universitario en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad, por la Universidad de La Laguna, la Universidad Carlos III y la Universidad Pablo de Olavide.
Asimismo, para la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, se ha aprobado también el Máster en Gestión Sanitaria.
Estas titulaciones cuentan con el informe favorable de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), órgano dependiente de la Consejería de Educación y Universidades del Ejecutivo autonómico, en la medida en que cumplen con los requisitos y criterios establecidos en el Decreto 168/2008, de 22 de julio, que regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Precisamente, el Consejo Universitario de Canarias, en su reunión del pasado 18 de diciembre de 2017, informó de que estas cinco titulaciones cuentan con el informe favorable de la ACCUEE, y emitió también su propuesta de informe de conformidad para su implantación.
El Gobierno de Canarias aprueba los decretos que legalizan otras siete explotaciones ganaderas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana dos decretos por los que se legalizan otras siete explotaciones ganaderas, que en este caso están ubicadas en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Se trata de una de las líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para aportar estabilidad al sector mediante la legalización de aquellas explotaciones construidas antes de 1999 que por diferentes razones y modificaciones normativas no tuvieron posibilidad de obtener su legalización por los cauces habituales.
El primero de los decretos hace referencia a dos ganaderías ubicadas en el municipio tinerfeño de La Laguna. Concretamente una de ganado vacuno en el pueblo de Las Mercedes y otra de ganado equino en la zona de San Lázaro. El segundo de los decretos incluye otras cinco explotaciones, que están ubicadas en los municipios de Tacoronte, Granadilla de Abona y El Rosario (Tenerife), Yaiza (Lanzarote) y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
Para lograr esta legalización la Dirección de Ganadería del Gobierno de Canarias, como órgano competente en la materia, realiza diferentes trámites ante cabildos, ayuntamientos y otras administraciones públicas implicados, certificaciones del área de Industrias, Registros y Bienestar Animal, informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, informe de la Dirección General de Ganadería e informe de la Dirección General de Ordenación del Terrtitorio.
Debido a que los trámites que han de seguirse son complicados y atañen a varios departamentos autonómicos, el pasado 2 de junio de 2017 se aprobó la encomienda plurianual con la empresa pública Gesplan para dar más agilidad y centralizar el procedimiento de legalización. Además, la entrada en vigor de la Ley del Suelo supone la agilización de estos trámites, por los procedimientos ordinarios de calificación territorial y la equiparación de compatibilidad de usos de suelo.
ACFI PRESS
