El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria, un objetivo legislativo de este mandato mediante el que se pretende generar un marco unificado para garantizar la calidad de los productos agroalimentarios en las Islas. El documento será ahora remitido al Consejo Consultivo para su análisis, con el objetivo de que pueda empezar su debate parlamentario antes del mes de agosto.
La redacción de esta Ley tiene su justificación en la necesidad de generar un espacio normativo unificado que mitigue la dispersión del régimen jurídico actual y establecer mecanismos de coordinación entre los organismo correspondientes que actualmente controlan este tipo de alimentos. Existe además un vacío local en cuanto a infracciones y sanciones tanto para los operadores, como agentes de comercialización, como para los órganos de gestión y entidades de control y certificación.
Así, este anteproyecto regula determinadas menciones de etiquetado de productos agroalimentarios no contempladas actualmente, cuestión demandada por el sector productivo, como la de artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas o la de algunos productos agroalimentarios tradicionales de Canarias. Este tipo de menciones promueven la competitividad del sector primario y van en la línea de apostar por la calidad de los productos, que mediante ese etiquetado pueda identificarse con claridad para el consumidor.
El anteproyecto de Ley contempla la creación del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria que desarrollará esa política de coordinación entre los distintos departamentos competentes en materia de calidad agroalimentaria, sanidad y consumo. Este Consejo obedece además a una demanda de los grupos políticos como respuesta a la existencia de determinados fraudes detectados en las Islas y que requieren de una la coordinación más efectiva en el control de la cadena alimentaria. Otro de los objetivos de esta Ley es simplificar administrativamente algunos trámites, como por ejemplo el de acceso a la actividad de producción ecológica.
En resumen, el documento establece una serie de obligaciones de carácter general para los operadores alimentarios, para asegurar la trazabilidad de los productos que entran o se producen en las Islas, pero también adapta ese nivel de exigencia a aquellos con producciones reducidas, destino cercano o poca complejidad, para evitar que las exigencias generales en todo su rigor supongan un hándicap en su capacidad de competencia.
El Consejo de Gobierno legaliza otra explotación ganadera, ubicada en La Laguna (Tenerife)
Una explotación ganadera ubicada en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna se suma a las 22 que han sido legalizadas este año, cumpliendo uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el sector y con aquellos profesionales cuya instalación quedó al margen de la normativa con la aplicación de sucesivas leyes urbanísticas en las últimas décadas. Desde 2016 se han legalizado un total de 37.
Es la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la que impulsa este tipo de procedimiento que requieren del visto bueno además de las direcciones generales de Protección de la Naturaleza y Ordenación del Territorio. El objetivo del Gobierno es ir concluyendo estos expedientes que aportan seguridad jurídica a los propietarios de estas instalaciones a la hora de realizar reformas o cambios en su propiedad. Se trata de expedientes de gran complejidad puesto que intervienen diferentes departamentos autonómicos, y por esta razón se ha considera necesario reforzar los recursos destinados a su tramitación, que fue decretada de procedimiento simplificado en cuanto a evaluación ambiental y umbrales de censo.
La Ley del Suelo, que entró en vigor en septiembre del pasado año, también ha servido para acelerar estos trámites pues simplifica el procedimiento respecto a los usos permitidos y permite certificar (una equivalencia a licencia de actividad) un uso consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita.
Desde 2016 son un total de 37 las ya legalizadas y más de la mitad (23) se han legalizado este año. Por provincias, son 18 las que obtuvieron el título en la provincia oriental (10 en Gran Canaria, 4 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote) y 19 en la provincia occidental (15 en Tenerife y 4 en La Palma). En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9.
El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural para su remisión al parlamento
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la remisión al Parlamento del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural tras atender varias cuestiones técnicas que apuntaba el Consejo Consultivo de Canarias. Este texto, que modifica la norma aprobada en 1999 tiene como principal objeto actualizar el régimen jurídico y simplificar los instrumentos de protección existentes en Canarias.
La iniciativa legislativa, que verá ahora la Cámara, introduce una serie de preceptos a la ley vigente, entre ellos su cambio de denominación. Así, pasa de llamarse Ley de Patrimonio Histórico a Ley de Patrimonio Cultural; también se crean los Catálogos Insulares de Bienes Culturales, como nuevos instrumentos de protección; y se añaden nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial y el bibliográfico, que no venían contemplados en la Ley de 1999, entre otras cuestiones.
Después de más de 18 años de vigencia de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, el proyecto de ley que se remite al Parlamento se adapta con su modificación a las nuevas circunstancias tanto legales como a los nuevos conceptos en la materia. Transcurridas casi dos décadas, se ha considerado necesaria la elaboración de un nuevo texto legal que, aunque sea parcialmente, actualice el régimen jurídico de los bienes culturales, fruto de la experiencia acumulada y por la necesidad de mejorar la armonización con otras normas jurídicas de carácter territorial con las que el patrimonio cultural se encuentra estrechamente vinculado. Para ello, la protección de ese patrimonio es considerada uno de los pilares básicos para materializar el principio de sostenibilidad en la ordenación territorial y urbanística.
Todo ello será contemplado con un ‘principio de unidad’ según el cual, “todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Canarias forman parte del legado cultural de esta Comunidad Autónoma, con independencia de donde se hallen situados y de la Administración Pública que tenga encomendada su protección”, quedando fijado que el Gobierno de Canarias velará por la investigación, difusión y, en su caso, el retorno a Canarias, de aquellos bienes especialmente representativos del Patrimonio Cultural de Canarias que se encuentren fuera de su ámbito territorial.
El nuevo marco jurídico, que cuenta con el consenso de los cabildos insulares y los municipios de las Islas, pretende poder asistir a las corporaciones locales en asuntos de patrimonio cultural; agilizar y actualizar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural; ampliar el concepto patrimonial, adaptándolo a los convenios internacionales que regulan la materia; y la regulación del principio de coordinación entre las administraciones autonómica y locales, reforzando el régimen sancionador y la actividad inspectora.
La norma, establece, además, tres pilares en el sistema instrumental del patrimonio cultural: el Registro de Bienes de Interés Cultural, los Catálogos Insulares de Bienes Culturales y el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural.
Junto al Registro de Bienes de Interés Cultural, se crean los Catálogos Insulares de Bienes Culturales, como instrumento nuevo de protección de aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, careciendo de los notorios valores que justifican la declaración de un bien como de interés cultural, poseen, en cambio, valores culturales de interés insular, sujetando determinadas intervenciones que se proyecten en los bienes incluidos en ella, al control previo del Cabildo Insular correspondiente, a quien se le atribuye la competencia para su creación y actualización. La configuración de este sistema conlleva a la desaparición de las Cartas municipales arqueológicas, etnográficas y paleontológicas.
Como figuras nuevas de protección del patrimonio cultural se añaden nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial y el bibliográfico, que no venían contemplados en la Ley de 1999 y que resultan hoy merecedores de su protección, a fin de conservar los vestigios industriales existentes en Canarias de los siglos XIX y XX, y todo el patrimonio existente en cualquier soporte que se hallare en las bibliotecas o en los servicios públicos de lectura, relacionado con ediciones o publicaciones de libros raros, así como las películas y demás obras audiovisuales realizadas en Canarias o relacionadas históricamente con nuestro archipiélago que se custodien en nuestra Filmoteca Canaria.
El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento del Servicio del Taxi
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 4 de junio, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo autonómico, el proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento del Servicio del Taxi aprobado por decreto 74/2012, de 2 de agosto. Una vez pasado el trámite de la aprobación de Gobierno, se solicitará informe al Consejo Consultivo.
El proceso de elaboración del proyecto se ha llevado a cabo con representantes del sector y en la búsqueda del máximo consenso, y se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe ajustarse toda regulación.
Con el nuevo proyecto de decreto se introduce, por un lado, una nueva línea tarifaria diferenciada que se establecerá bajo petición de los ayuntamientos, los cuales pueden tramitar la solicitud por iniciativa propia o a demanda de las asociaciones más representativas del sector, la tarifa plana interurbana (T4), que se aplicará desde los distintos municipios hasta los aeropuertos, y desde estos a los diferentes municipios. Y por el otro, se suprime la exigencia de una antigüedad máxima de los vehículos, que estaba establecida en los 12 años, con el objetivo de promover que los taxistas, al poder llevar a cabo una inversión a largo plazo, lo hagan en vehículos más eficientes, seguros y respetuosos con el medioambiente.
Además, el nuevo documento propone eliminar el derecho de tanteo y retracto de la administración concedente en el caso de transmisión de licencias entre familiares vivos, de primera y segunda línea de consanguinidad ascendiente y descendientes, mediante donación. Asimismo, se establece que la transmisión será efectiva siempre que el receptor esté al corriente en el pago de los tributos exigibles relacionados con la actividad del taxi y haya satisfecho las sanciones impuestas en el ejercicio de la actividad.
También, en relación con la transmisión de licencias en casos de fallecimiento del titular se modifica el plazo establecido para comunicar si el servicio se continúa prestando por los herederos o por asalariados. Hasta ahora se determinaba un plazo de dos meses y con el nuevo proyecto de decreto el plazo se fija en un año.
Por último, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se elimina la posibilidad de modificar las tarifas en virtud del Índice de Precios al Consumo (IPC) o fórmulas que lo contengan. Y de este modo, se concreta que las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el equilibrio económico.
El Ejecutivo canario solicita el dictamen del Consejo Consultivo sobre el futuro Colegio de Logopedas
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, informó hoy de que el Consejo de Gobierno acordó, por una parte, tomar en consideración el anteproyecto de Ley de Creación del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias y, por otra, solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Como se recordará, el pasado 13 de noviembre el Ejecutivo aprobó tramitar como anteproyecto esta iniciativa al pronunciarse de forma favorable sobre su oportunidad, objetivos y principios generales. Una vez que se estudien las observaciones del Consejo Consultivo para su posible incorporación, esta iniciativa estará en condiciones de enviarse al Parlamento donde comenzará su tramitación como proyecto de ley.
Esto es así porque la Ley de Colegios Profesionales de Canarias establece que la creación de los colegios profesionales en las Islas se debe acordar mediante una ley del Parlamento de Canarias, correspondiendo al Gobierno autonómico la elaboración del proyecto de ley a petición mayoritaria de las y los profesionales interesados.
La actividad profesional de logopeda está dirigida al diagnóstico, la prevención, el tratamiento, la evolución y la investigación científica de los trastornos de comunicación humana, abarcando funciones asociadas a la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito, así como aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Cumple, por tanto, una labor social de primer orden y está directamente relacionada con el campo socio-sanitario y educativo.
Esta iniciativa ya completó la fase previa de tramitación (que es un requisito específico necesario para la creación de los colegios profesionales que hace que el proceso sea más largo y complejo) y el trámite de consulta pública previa (que se llevó a cabo a través del portal www.canariasparticipa.org entre el 28 de junio y el 12 de julio de 2017), que es la primera fase del procedimiento ordinario de la elaboración de leyes, tras los cual pasó el trámite de información pública (del 15 de noviembre al 5 de diciembre, también de 2017, en el mismo portal), con la finalidad de recabar la opinión de la ciudadanía en esas dos fases, y fue objeto igualmente de informe por parte de todos los departamentos del Gobierno de Canarias y de los Servicios Jurídicos del propio Gobierno de Canarias.
La tramitación ha superado asimismo algunas diferencias importantes que fue necesario salvar, como la aspiración de establecer que la colegiación fuera obligatoria, lo que choca con la legislación europea, por lo que el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Antonio Llorens, ha mantenido el contacto con este colectivo, a quien ha informado del estado de tramitación en cada momento.
Hay que tener en cuenta que en 1991 se estableció el título universitario oficial de Diplomado en Logopedia con la finalidad de proporcionar una formación teórico-práctica adecuada para llevar a cabo satisfactoriamente actividades de prevención, evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje, tanto de la población infantil como de la adulta. En este sentido, la logopedia quedó reconocida como profesión regulada, integrada en el sector sanitario, en 1995.
El Gobierno destinará 230.000 euros a la 34ª Feria de Artesanía de Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento a firmar un convenio por el que se encomienda la organización al Cabildo de Gran Canaria por el que le encarga la organización de la 34ª Feria de Artesanía de Canarias, que se celebrará los días del 5 al 9 de diciembre de 2018. El acuerdo incluye la concesión de una partida de 230.000 euros a la Corporación insular para financiar los gastos originados por su celebración.
Entre los trabajos que deberá desarrollar el Cabildo de Gran Canaria se encuentra la adecuación de un recinto para albergar a 140 artesanos, incluido el diseño, la decoración y ubicación de los puestos de exposición y venta, además de otros ocho stands institucionales, incluido uno para el Gobierno de Canarias y uno para cada Cabildo Insular.
Como novedad en la edición de este año, el Gobierno de Canarias podrá invitar, con cargo al convenio, a un artesano de cada isla para la realización de un acto de reconocimiento honorífico en atención a su trayectoria y al desempeño de un oficio en riesgo de desaparición, que incluirá los gastos de un acompañante, si lo precisa. La selección se realizará previa propuesta de los respectivos Cabildos Insulares a la DGIE, e informe de la Comisión Canaria de la Artesanía sobre el conjunto de las propuestas recibidas.
Además, cada uno de los Cabildos Insulares podrá invitar, además, a dos artesanos o empresas artesanas de oficios en riesgo de desaparición a que expongan sus productos dentro del stand institucional.
Todos los participantes en este evento deberán disponer del carné de artesano, estar inscritos en el Registro de Artesanía de Canarias y tener derecho al uso de la marca `Artesanía Canaria´ con las que deberán estar identificadas todas las piezas que se vayan a comercializar, como garantía de calidad.
Creada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en 2006, la Marca de Artesanía de Canarias cuenta en la actualidad con más de 800 inscritos. Su objetivo es aunar en un mismo paraguas la promoción de la artesanía que se elabora en las islas y consolidar al mismo tiempo un sello de calidad que la identifique.
El pasado abril se efectuó la convocatoria pública para que los artesanos interesados en participar en la 34 edición de la Feria de Artesanía de Canarias presentarán su solicitud, permaneciendo el plazo abierto hasta el 4 de mayo. En principio, está previsto que el listado definitivo de los participantes se publique antes del período vacacional.
El Consejo de Gobierno aprueba el pago a Naviera Armas de las bonificaciones a viajeros residentes correspondientes al cuarto trimestre de 2017
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 4 de junio, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la autorización de un gasto de 2.319.970,54 euros a la entidad mercantil Naviera Armas S.A. en concepto de las bonificaciones efectuadas por la compañía en el cuarto trimestre de 2017 por el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.
El Ejecutivo autonómico realiza trimestralmente el reembolso de las cantidades descontadas en el precio de los billetes a las empresas navieras autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias. Y en concreto, el porcentaje de la bonificación autonómica se fija en el 25% del precio del billete.
Asimismo, el Gobierno de Canarias bonifica el precio del billete marítimo a los residentes canarios con el objetivo de ofrecer un servicio óptimo tanto en la calidad como en la frecuencia, y minimizar así los efectos de la doble insularidad. El sostenimiento de la conectividad en el Archipiélago es uno de los principales objetivos del Ejecutivo autonómico, que trabaja para favorecer la cohesión interinsular.
ACFI PRESS
