El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Durante la reunión, se tomaron los siguientes acuerdos.
El Gobierno aprueba medidas tributarias excepcionales por la erupción en La Palma
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, un decreto ley con medidas tributarias excepcionales para facilitar las obligaciones fiscales de los contribuyentes palmeros, en especial los afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja. Entre ellas se encuentra la práctica eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las viviendas nuevas que sustituyan a las destruidas por la lava. También se aplicará el tipo cero en el IGIC que grava las entregas de vivienda, de terrenos, alquileres y vehículos. Asimismo, la nueva norma contempla la creación de una comisión interdepartamental de coordinación entre los departamentos del Gobierno para la reconstrucción y reactivación de La Palma, y de una oficina de asistencia.
El decreto ley se estructura en tres capítulos, ocho artículos y tres disposiciones. Cada uno de los capítulos hace referencia a la tipología de las medidas adoptadas: la recaudación tributaria, los impuestos estatales cedidos y los tributos del REF.
Tributos del REF
En cuanto a los tributos derivados del Régimen Económica y Fiscal (REF) el Gobierno ha decidido aplicar el tipo 0 del IGIC a las entregas de viviendas radicadas en La Palma -incluidos garajes y anexos- que se destinen a residencia de las personas desalojadas como consecuencia de la erupción del volcán. Las entregas deberán producirse antes del 31 de diciembre de 2026.
También se aplicará el tipo 0 del IGIC a las entregas de terrenos situados en La Palma y calificados de solares conforme a la norma urbanística. En este caso, el adquirente del solar y el promotor de la vivienda deben ser la misma persona física y ésta ser propietaria, usufructuaria o nuda propietaria, de una vivienda destruida por la lava cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
La entrega del solar debe producirse antes del día 31 de diciembre de 2026, y se deberán acometer de forma inmediata los permisos administrativos y los proyectos técnicos necesarios para la construcción de la vivienda. Las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la adquisición del solar, sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.
Asimismo, el tipo 0 del IGIC se aplicará también a los servicios de arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas en La Palma que se destinen al uso como residencia de las personas desalojadas. También a los servicios hoteleros cuando los usuarios de los mismos hayan sido desalojados como consecuencia del volcán.
El decreto ley extiende la eliminación del IGIC a la compra de vehículos, que sustituyan a los destruidos por la lava, y la entrega de bienes utilizados en las actividades ganaderas y agrícolas de explotaciones palmeras. Los bienes donados hasta el 31 de diciembre de 2022 para las personas afectadas por la erupción o para empresarios y profesionales cuyos establecimientos han quedado destruidos también tendrán tipo cero.
Tributos cedidos por el Estado
El decreto-ley fija el tipo cero a las operaciones sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo devengo se produzca antes del 31 de diciembre de 2026, incluyendo la constitución o ampliación de préstamos con garantía hipotecaria concedidos a personas físicas y jurídicas que hayan perdido bienes inmuebles.
La norma establece también una bonificación del 100 por ciento a la cuota tributaria correspondiente a la donación de una cantidad en metálico -antes del 31 de diciembre de 2026- a un afectado por la pérdida de un inmueble que se destine a la adquisición o construcción de otro en La Palma que tenga la misma finalidad. El decreto contiene una disposición adicional que fija el mantenimiento de las deducciones vinculadas con la vivienda habitual de la cuota autonómica del IRPF destruida por la lava.
Aplazamientos tributarios
Las medidas en materia de recaudación tributaria son la ampliación de plazo de presentación de la autoliquidación del tercer trimestre de este año del IGIC y de AIEM hasta el 31 de enero de 2022. Se podrán beneficiar de esta medida aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma. Los que tengan obligación de presentar autoliquidaciones mensuales podrán presentar la correspondiente a septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021 y la de octubre, hasta el 31 de enero de 2022.
Del mismo modo, el decreto-ley amplía excepcionalmente las fechas de vencimiento del pago de deudas tributarias aplazadas o fraccionadas, de modo que aquellas que no estén vencidas en el momento de entrada en vigor del decreto se podrán ampliar en seis meses a partir del momento en que se venzan.
La norma también permitirá el aplazamiento de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo, con las excepciones y condiciones que fija el propio decreto.
Con independencia de este decreto ley, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos también prevé incluir en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2022 bonificaciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los afectados por el fenómeno volcánico de La Palma.
Comisión de coordinación y oficina de asistencia
El decreto ley aprobado hoy contempla también la creación de una comisión interdepartamental de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de La Palma. Integrada por viceconsejeros del Gobierno, sus funciones serán, entre otras, garantizar la coordinación entre departamentos del propio Ejecutivo y con otras administraciones, el impulso de actuaciones para la reparación de daños, la supervisión de la ejecución de esas medidas, y el análisis e informe del Plan Director de Reconstrucción y Reactivación de la Isla.
Al mismo tiempo, se crea una oficina de asistencia a los afectados por el volcán, ubicada en La Palma y dependiente de la Viceconsejería de Presidencia, cuyo cometido será informar, asistir y apoyar la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas, que el decreto ley declara de urgencia y gestión con carácter preferente sin necesidad de autorización previa del Consejo de Gobierno.
El Gobierno autoriza el destino de 409.910 euros al alojamiento alternativo por COVID-19 de la isla de Lanzarote
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 30 de septiembre, a la Consejería de Sanidad a realizar una ampliación de crédito en el presupuesto del Servicio Canario de la Salud por importe de 409.910 euros, para hacer frente a los gastos urgentes contraídos durante este ejercicio por la Dirección del Área de Salud de Lanzarote por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Los recursos se destinarán a financiar los gastos derivados del alojamiento en establecimientos de corta estancia, denominados Arca de Noé, de personas en situación de vulnerabilidad a las que se indicó la realización de un periodo de aislamiento o cuarentena por haber dado positivo en SARS-CoV-2 o ser contacto estrecho.
El Gobierno reconoció las razones de coyuntura económica que justifican esta modificación presupuestaria, conforme establece el artículo 13 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
La citada dirección de área tramitó con anterioridad otro expediente de ampliación de crédito por importe de 90.090 euros con la misma finalidad.
Sanidad informa al Consejo de las contrataciones de emergencia por la crisis sanitaria de la COVID
El Consejo de Gobierno fue informado este jueves por la Consejería de Sanidad de las contrataciones realizadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS) por el procedimiento de emergencia para suministrar medicamentos, productos sanitarios y materiales de protección con destino al personal de los centros sanitarios, poner en marcha servicios y ejecutar obras hospitalarias urgentes por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Estas contrataciones han consistido en la adquisición de material sanitario de aislamiento para evitar riesgos de exposición, productos farmacológicos para el tratamiento de los pacientes, obtención y traslado de muestras y de equipos asistenciales de protección individual, entre otro material, por un importe total de 7.741.086,74 euros.
Asimismo, fue necesaria la contratación del servicio de control de acceso a aeropuertos canarios de viajeros procedentes del resto del país, en los periodos del 1 de enero al 31 de marzo, 1 al 4 de abril y del 15 al 30 de abril de 2021; la instalación y suministro de sistemas térmicos de control de temperaturas en estas instalaciones, entre el 1 de enero al 31 de marzo; y el refuerzo del CAU para dar soporte a la ciudadanía en las cuestiones relacionadas con el certificado COVID de la UE. Para avanzar en el proceso de vacunación, se contrató la cesión temporal de instalaciones y servicios adicionales como centros de vacunación del 21 de abril al 21 de junio.
Inversión en hospitales públicos de Tenerife
Finalmente, se dio cuenta de la de la contratación de emergencia de las obras realizadas en los hospitales universitarios de Tenerife, por importe de 4.344.079,39 euros, en los que ha sido necesario crear nuevas áreas de hospitalización provisionales, adaptar espacios en plantas de hospitalización o en áreas de Urgencias, para hacer frente al aumento de la presión asistencial derivada por la COVID-19.
Sanidad destina 2,8 millones hasta 2025 a pruebas diagnósticas por IRM en Fuerteventura
El Consejo de Gobierno autorizó hoy, 30 de septiembre, al Servicio Canario de la Salud, a propuesta de la Consejería de Hacienda, a realizar un gasto plurianual por importe de 2.836.629,72 euros para la contratación del servicio de estudios diagnósticos empleando la tecnología de imagen por resonancia magnética (IRM) en el Área de Salud de Fuerteventura.
La contratación se realizará por la Dirección del Área de Salud para las anualidades 2021 a 2025 y conforme a la siguiente distribución del gasto: 118.192,91 euros en 2021, 709.157,43 euros en las anualidades de 2022, 2023 y 2024, y 590.964,52 euros en la de 2025.
Las pruebas diagnósticas de imagen por resonancia magnética (IRM) se han convertido en una herramienta de primer orden para la obtención de diagnósticos certeros y, por tanto, para establecer los tratamientos con más seguridad.
El uso de esta tecnología ha ido en aumento en los últimos años en la práctica clínica de los hospitales del SCS, por lo que resulta necesario dar cobertura en tiempo y forma tanto a la demanda diaria de pruebas, como a la interpretación, análisis y emisión de los informes.
Sanidad destina 15,4 millones al servicio de limpieza de los centros de Atención Primaria de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 30 de septiembre, a la Consejería de Sanidad a destinar 15.461.799,73 euros a la contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria por un periodo de treinta y seis meses, prorrogable en otros veinticuatro.
El expediente de contratación se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria y tiene por finalidad asegurar la realización óptima del servicio de limpieza de los centros y dependencias actuales de la Gerencia, así como de las instalaciones que pudieran ser inauguradas, ampliadas o modificadas durante la ejecución de contrato.
En la actualidad, el número de centros incluidos en esta licitación asciende a 91, con una superficie de 85.818 metros cuadrados y un número de horas de limpieza asociadas de 4.717 horas a la semana, que hacen un total anual de 235.850 horas.
El Gobierno aprueba la integración del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria en el ICCA
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 30 de septiembre, la integración del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria en la estructura administrativa del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), después de una propuesta presentada de manera conjunta por las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Sanidad; de Turismo, Industria y Comercio; y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Esta incorporación produce una modificación en el reglamento de organización y funcionamiento del ICCA, añadiendo un apartado 3 donde se especifica que el órgano adscrito se regirá por su normativa específica.
La nueva integración viene avalada por casi una veintena de informes, entre los que se encuentra el de evaluación de valores de impacto como el de género, el de la familia o el relativo al cambio climático, así como el expediente instruido para la aprobación del proyecto de Decreto de referencia. Entre estos documentos, también se encuentran textos procedentes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Dirección General de Planificación y Presupuesto o la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, que se muestran favorables a la integración de este Consejo por parte del ICCA.
Después de elevar la consideración del Consejo de Gobierno, ha sido estudiada por el Consejo Consultivo de Canarias y se ha dispuesto aprobar dicha incorporación, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Aprobadas las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Europea de Canarias
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, jueves 30 de septiembre, el Decreto por el que se establecen las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Europea de Canarias.
El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma la aprobación de dichas normas de las universidades privadas, una vez efectuados los preceptivos controles de legalidad por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional.
Este documento recoge los principios, sede, fórmula de gestión presupuestaria, estructura académica y organizativa, así como aspectos relativos al alumnado, personal docente y no docente, reglamento de honores y distinciones y régimen disciplinario, entre otros aspectos.
El Gobierno mantiene para este curso académico los precios públicos de las universidades canarias
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto por el que se fijan y regulan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las Universidades Públicas Canarias para el curso académico 2021-2022.
La norma establece la prórroga de las mismas condiciones del curso pasado en cumplimiento de las fijadas por la Conferencia General de Política Universitaria.
En concreto, se mantienen los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, en segundas y sucesivas matrículas, de Másteres no habilitantes y vinculados, y de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para el alumnado nacional de países no pertenecientes a la Unión Europea, para el periodo lectivo actual.
La reducción de los ingresos de dichas universidades por la disminución de los precios públicos desde el curso académico 2016/2017 se compensará a través de los presupuestos de estas instituciones.
Se podrá elegir la forma de efectuar el pago de los precios públicos establecidos en el plazo ordinario de matrícula, bien mediante un pago único en el momento de formalizarla o bien de forma fraccionada en seis plazos.
En el caso de un pago único dentro del plazo ordinario, se autoriza a las universidades a aplicar una bonificación de hasta el 3% del importe total, excluida el seguro escolar.
El estudiantado de los cursos de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y de 45 años que opte por la modalidad de pago fraccionado lo hará en dos pagos.
Exenciones
La Ley de Protección a las Familias Numerosas establece una exención para los miembros de aquellas clasificadas en la categoría especial, y una bonificación del 50% para los de categoría general en el pago de los precios públicos.
Por otra parte, estarán exentas del abono, previa acreditación por resolución administrativa o judicial, quienes hayan sido víctimas de bandas armadas o de actos de terrorismo y sus descendientes en primer grado.
De la misma manera, las mujeres, sus hijas e hijos menores, menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, sus familiares o allegados menores de edad que tengan la condición de víctimas de violencia de género en los términos de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género gozarán de exención total del pago de dichas tasas.
También estarán exentas las personas que sufran lesiones que las invaliden, comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, así como a sus descendientes en primer grado, y cónyuges de personas fallecidas.
Aprobada una subvención de 2 millones para la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 30 de septiembre, a petición de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, correspondientes al segundo trimestre de 2021, y por importe 2.020.462,18 euros.
Se cumple así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a los dos millones de euros.
La subvención supera los dos millones de euros por varios asuntos. Por un lado, por la entrada en vigor de la Orden de 17 de mayo de 2019, que ha supuesto el incremento de los importes de los módulos de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y la procuraduría.
También ha afectado al incremento del importe de la actividad letrada en el Turno de Oficio, facturándose 1,26 millones de euros cuando en el trimestre anterior eran 1,17 millones de euros los fondos destinados a esta partida. Asimismo, ha aumentado el número de asuntos certificados.
Por otro lado, coincidiendo con la crisis migratoria, el Turno Especial de Extranjería ha registrado un aumento dado que en el primer trimestre del año se le destinaron ayudas por importe de 18.212 euros y en el segundo trimestre se alcanzaron los 35.168 euros. Mientras, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife apunta que también se ha registrado un mayor número de asuntos en Jurisdicción Penal y en Jurisdicción Civil.
El Consejo aprueba el destino de 5,8 millones de euros a programas municipales de atención a la infancia y la familia
El Gobierno de Canarias autorizó hoy en Consejo el gasto destinado a financiar la continuidad de los programas municipales de atención a la infancia y la familia para el año 2021, por un importe de 5.854.870 euros.
Los programas municipales de Atención a la Infancia y la Familia son recursos especializados de ámbito municipal dirigidos a la prevenir factores de riesgo así como ofrecer a las familias herramientas con las que afrontar situaciones de vulnerabilidad, con el fin de garantizar el desarrollo integral y crecimiento adecuado de las y los menores y población adolescente.
Los programas municipales se articulan a través de los equipos municipales de Atención y/ o Centros o Servicios de Día. Los equipos municipales de Atención a la infancia, la adolescencia y la familia están constituidos por recursos profesionales y técnicos, de carácter interdisciplinar y de ámbito municipal o inferior, destinados a la atención integral e integradora de personas menores de edad, así como de las familias, que se encuentran en situación de exclusión o dificultad social, siendo su objetivo principal eliminar o reducir las causas que producen y/o mantienen tal situación.
Por su parte, los Centros y servicios de día para la atención a la infancia son recursos de apoyo a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan durante el horario extraescolar y períodos no lectivos de ser auxiliadas en sus tareas de protección y educación como progenitores, tutores o guardadores, concibiéndose como una alternativa la preservación familiar, complementación familiar, compatible con la permanencia de la persona menor de edad en su familia.
Entre sus funciones, están guardar y proteger física y emocionalmente a las personas menores de edad; procurar una dieta completa, sana y equilibrada favoreciendo además hábitos alimenticios saludables y adecuados a su edad; asegurar la educación y la debida protección durante el día; desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre así como formación complementaria, en particular, en relación con relaciones familiares y tareas de parentales.
ACFI PRESS / Estefanía Briganty
