Canarias cuenta por primera vez con un Catálogo de Servicios y Prestaciones de Servicios Sociales
El Catálogo blinda los derechos sociales de la población en el archipiélago a través de servicios que las administraciones deben prestar de forma obligatoria
El Ejecutivo canario ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, en el que se determinan los requisitos y condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del sistema y se fija el procedimiento de su actualización y revisión.
El Catálogo de Servicios y Prestaciones se define como el instrumento que determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias cuya provisión deberán garantizar las Administraciones públicas competentes, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.
De esta forma, el primer Catálogo de Servicios y Prestaciones de Canarias regula una amplio abanico de servicios que incluyen servicios de atención primaria y comunitaria; servicios de infancia, adolescencia, personas jóvenes extuteladas o riesgo de exclusión y familias; servicios de mayores, inmigración y voluntariado; servicios de dependencia y discapacidad y servicios de prevención contra la violencia de género.
El objetivo del Catálogo es codificar el conjunto de prestaciones que integran el Sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Canarias, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada, y que están destinadas a la atención de las necesidades personales y sociales de las personas y sus familias que residen o se encuentran en su territorio, con la finalidad de procurar su plena inclusión social o evitando que caigan en situaciones de exclusión social.
El Catálogo define y clasifica las prestaciones del sistema de servicios sociales en prestaciones de servicios, económicas o tecnológicas, e incluye aquellas actuaciones, intervenciones técnicas, programas, proyectos, ayudas económicas y tecnológicas, recursos y medios de atención destinados a cubrir las necesidades de las personas usuarias y a contribuir a la inclusión social de las mismas.
Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública pueden ser de servicio, económicas o tecnológicas y tendrán como objetivo la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, y abordando las situaciones de riesgo o de exclusión social.
Los servicios y prestaciones del Catálogo constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto.
En cuanto a la actualización y revisión del Catálogo, el decreto recoge que se hará una puesta al día de manera regular y periódica, a partir del análisis de la información disponible sobre los recursos y las necesidades sociales que se demanden, lo que permitirá que dicho instrumento atienda adecuadamente y de manera realista a dichas necesidades y demandas sociales, o a las que se deriven como consecuencia de nuevos servicios u obligaciones que pudieran estar previstas en la legislación sectorial.
Asimismo establece que, cada dos años desde su aprobación inicial, el Catálogo de servicios y prestaciones será objeto de actualización por el Gobierno, incluyendo su estructura, a propuesta de la Consejería con competencia en materia de derechos y políticas sociales, en coordinación con las demás Administraciones públicas canarias, a través de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, así como con la participación del Consejo General de Servicios Sociales.
El Consejo recibe información de la firma con el Estado de un Plan Integral de Empleo de 45 millones de euros
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, informa al Consejo de que el nuevo PIEC aporta 3 millones de euros más a los 42 millones anuales que se transferían habitualmente
La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo comunicó hoy al Consejo de Gobierno que se ha firmado con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el convenio que da cobertura al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en un nuevo adelanto de la fecha en la que estarán disponibles los fondos estatales, que llegan a 45 millones de euros, tres más en este año 2023.
El año pasado, la firma se produjo a mediados de mayo, por lo que, con este adelanto, se podrán implantar antes las políticas activas de empleo con cargo al PIEC, lo que la consejera de Empleo informó al resto del Gobierno, para su conocimiento y que el resto de instituciones, agentes sociales y económicos conozcan la previsión de adelanto de todas las convocatorias asociadas al convenio y puedan comenzar a preparar ya los convenios que presentarán a las diferentes líneas de subvenciones.
Según el acuerdo suscrito, la nueva realidad económica y laboral que nos deja la pandemia de la covid-19, y la erupción volcánica de La Palma, no altera los objetivos generales del Gobierno de Canarias en materia de empleo, pero si requiere que, con carácter excepcional, se centren los esfuerzos y se adapte el PIEC a las políticas, que coherentemente con las propuestas que desde el marco del diálogo social han sugerido los agentes sociales y económicos de las islas, orientándolas a promover aquellas políticas activas de empleo que fomenten la recuperación del tejido productivo canario y a los/as trabajadores/as canarios/as que se aún encuentran con sus empleos suspendidos en los ERTE, sin descuidar aquellas destinadas a los sectores prioritarios”.
Así, el PIEC para 2023, que es el más cuantioso firmado nunca, perseguirá objetivos que afronten la lucha contra el desempleo desde todas las facetas posibles, desde el fomento de programas para la contratación de personas desempleadas, al mantenimiento y sostenibilidad de los puestos de trabajo, o el apoyo a aquellas personas cuya exposición al impacto económico del coronavirus haya sido mayor, como personas trabajadoras autónomas, personas trabajadoras con contratos temporales, suspendidos al estar sujetos a ERTE de fuerza mayor u otras causas, y personas que trabajan en el ámbito doméstico.
Además, serán prioritarias la formación integral y cualificación de personas jóvenes, el apoyo al emprendimiento y empresas de Economía social, y las medidas para personas en desempleo de larga duración y aquellas otras especialmente vulnerables en el empleo.
Respecto de la aportación estatal a través del Servicio Público de Empleo Estatal, la Comunidad Autónoma de Canarias gestionará los recursos aplicándolos a las actuaciones específicas enmarcadas dentro de los objetivos señalados, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y debiendo estar iniciadas en 2023 y finalizadas, en todo caso, con anterioridad a 31 de diciembre de 2024.
Sanidad destina más 6,4 millones de euros a la adquisición de 2.302 camas clínicas y camillas para los centros del SCS
El Consejo autoriza el gasto plurianual, lo que permitirá renovar las camas de los hospitales del SCS, así como adquirir nuevas unidades necesarias para la actividad asistencial tanto hospitalaria como de los centros de salud
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a propuesta de la Consejería de Hacienda, un gasto plurianual de 6.436.470 euros del Servicio Canario de la Salud para financiar la contratación de un suministro e instalación de 2.302 camas clínicas y camillas con destino a diferentes centros hospitalarios.
La contratación se realizará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para las anualidades de 2023 y 2024, a razón de 3.956.642 y 2.479.828 euros, respectivamente, cofinanciados al 85% por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER Canarias 2021-2027).
Las camas y camillas clínicas constituyen un equipamiento indispensable para el funcionamiento de las instituciones sanitarias, cada vez más tecnificado, con una elevada tasa de uso y sobre el que actúan muchos profesionales sanitarios, por lo que requiere de labores de mantenimiento constantes. De ahí que cuando los costes de mantenimiento anuales exceden el 15% del precio de compra inicial, se considere que este equipamiento es ineficiente y se aconseje su reposición.
En este sentido, el suministro de nuevas camas y camillas se destinará tanto a reponer las que han quedado obsoletas como a dotar a nuevas áreas asistenciales de los hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.
Por su impacto asistencial y económico y con el fin de homogeneizar las prestaciones asistenciales, se realizará una adquisición centralizada de las camas clínicas y camillas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS.
El Gobierno aprueba el decreto que designa la autoridad de control de la Ley de Cadena Alimentaria en Canarias
La Viceconsejería del Sector Primario será el órgano encargado del cumplimiento de la normativa
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 27 de abril, el proyecto de decreto por el que se designa la autoridad de ejecución de la Comunidad Autónoma de Canarias para el control del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.
Según el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta conjunta de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, se designa a la Viceconsejería de Sector Primario como el órgano adecuado dentro de la estructura orgánica del departamento autonómico para llevar a cabo el control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013.
Entre sus principales funciones recoge el control, que de acuerdo con el ámbito de aplicación de la dicha ley, tiene por objeto las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.
Las actuaciones de control tendrán por objeto el examen, comprobación e investigación de la obligaciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria por la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria o norma que la sustituya, así como la determinación de la comisión de posibles infracciones en materia de contratación alimentaria tipificadas en la misma ley que pudieran dar lugar al correspondiente procedimiento sancionador. Las actuaciones se llevarán a cabo por personal funcionario debidamente acreditado por la autoridad de ejecución, que tendrá en el ejercicio de sus funciones, la condición de agentes de la autoridad.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El Gobierno aprueba cinco programas del FDCAN por 416,7 millones de euros
Los proyectos corresponden a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, y a las dos universidades públicas
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, los programas y proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro y de las dos universidades públicas. El importe total asciende a 416,7 millones de euros hasta el año 2027. El acuerdo permitirá también la firma de los respectivos convenios con los beneficiarios.
Estas instituciones son la que en su momento no suscribieron los primeros convenios del Fondo por diez años (el programa arrancó hace seis años) y, por tanto, no tenían ninguno en vigor.
Los 416,7 millones se distribuyen de la siguiente manera: Cabildo de Fuerteventura, 99 millones; Cabildo de El Hierro, 50,2 millones; Cabildo de Gran Canaria, 254,4 millones; Universidad de La Laguna, 6,5 millones, y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 6,5 millones.
A la aportación aprobada por el Gobierno habrá que añadir el porcentaje de cofinanciación de cada corporación insular, que son del 20% en el caso de Fuerteventura; del 10% en El Hierro y del 50% en Gran Canaria. La inversión en las universidades corre exclusivamente de parte del Ejecutivo.
El Gobierno aprueba un gasto de 10,8 millones de euros para sufragar la deuda histórica del transporte escolar
De esta cuantía, 3,2 millones de euros se desembolsarán este año, y 7,5 millones se pagarán en el próximo ejercicio
El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 27 de abril, un gasto plurianual planteado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por importe de 10.829.533 euros para sufragar la actualización de precios prevista en los contratos del servicio público de transporte escolar del alumnado de centros docentes públicos no universitarios de las islas. De la cuantía total, este año se desembolsarán 3.291.366 euros, y los restantes 7.538.166 euros se pagarán en el próximo ejercicio.
Este abono, que se refiere a la llamada deuda histórica, comprende la actualización de precios de este servicio al IPC desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2022. Anteriormente, concretamente el 1 de febrero de 2023, se aprobó en Consejo de Gobierno el gasto de 7,3 millones de euros para la actualización de precios desde septiembre de 2022 en adelante, ya efectuada.
El viernes pasado, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Departamento educativo, Manuela Armas, se reunieron con el responsable de la Federación de Empresarios de Transportes (FET), Agustín Espino, para abordar el cumplimiento del calendario y los compromisos fijados de abono. Entre otros asuntos, se refirieron a este grupo de expedientes así como a otro bloque que suma 7,5 millones de euros, buena parte del cual ya ha sido abonado a las empresas de transporte, y el resto se va pagando conforme estas presentan sus facturas.
La inversión anual de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el servicio de transporte escolar ronda los 50 millones de euros y sirve para transportar a unos 37.000 estudiantes.
Autorizado un gasto de 7,6 millones para el mantenimiento y actualización del Atlante web los próximos tres años
El presupuesto total del contrato asciende a 17.257.537,80 euros, pero el resto, 9.630.000 euros, se financia con fondos europeos, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
Abarca la gestión integral y evolutiva de las aplicaciones, servicios y funcionalidades TIC de los órganos de la Administración de Justicia ubicados en las islas y su adaptación a las nuevas estructuras organizativas,
así como de los aplicativos de asistencia jurídica gratuita
Su periodo de vigencia va del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2026 y permite seguir prestando un servicio público de calidad, reconocido tanto a nivel autonómico como estatal, capaz de atender las necesidades de los usuarios y las usuarias judiciales
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, un gasto de 7.627.537,80 euros, para hacer frente a la contratación del servicio de gestión integral y evolutiva de las aplicaciones de gestión procesal implantadas en los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de los aplicativos de asistencia jurídica gratuita, en la parte no financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El objeto de este contrato, cuyo presupuesto total asciende a 17.257.537,80 euros –9.630.000 euros se financian a través de los fondos europeos provenientes del MRR–, es el soporte, mantenimiento y actualización de las aplicaciones, servicios y funcionalidades TIC de los órganos de la Administración de Justicia de las islas, también conocido como sistema Atlante web, con el fin de continuar prestando un servicio público de calidad, reconocido tanto a nivel autonómico como estatal, capaz de atender las necesidades que demanden los usuarios y las usuarias judiciales.
Junto al mantenimiento y actualización de todos los servicios y aplicaciones existentes actualmente, el contrato incluye el diseño, desarrollo, integración, despliegue, formación, comunicación de nuevas funcionalidades y servicios demandados por los operadores jurídicos, así como la migración de datos y aplicativos a nuevas versiones tecnológicas sobre los que estén montados, y, en general, todas las actividades necesarias para la gestión integral del servicio, cubriendo todo el ciclo de vida de los proyectos y los servicios y productos entregados.
Con todo ello se pretende atender y dar solución a las necesidades y requerimientos, tanto del personal funcionario como de los profesionales y ciudadanos que se relacionan con la Administración de Justicia, con el objetivo de prestar un servicio público de calidad, eficiente, cercano, transparente y moderno, conforme con los términos establecidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
El periodo de vigencia del citado contrato es de tres años, del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2026, y su presupuesto total, se distribuye en cuatro anualidades, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, 2.876.256,30 euros; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, 5.752.512,60 euros; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, 5.752.512,60 euros; y del 1 de enero al 30 de junio de 2016, 2.876.256,30 euros.
El sistema Atlante web es una solución de gestión judicial que integra los elementos sobre los que se orquestan los principales retos que la sociedad demanda de la justicia. Entre otros, una justicia digital que permita alcanzar el objetivo de papel cero e implementar el expediente judicial electrónico; que facilite el desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial; que mejoren la relación entre funcionarios, profesionales y ciudadanos, además de una justicia abierta e innovadora que incorpore en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de acciones y aprendizaje automático, de forma que permita asistir a los funcionarios de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.
El Gobierno asigna 343,4 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2023, un 17,6% más que en 2022
La Fecam recibe 3,4 millones y el conjunto de los 88 municipios de las islas se reparten 340 millones en función de los criterios establecidos por la Ley 3/1999, de 4 de enero,
del Fondo Canario de Financiación Municipal
La distribución se efectúa según las siguientes variables: población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%),
plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%)
Para los criterios de población y dispersión territorial, se tienen en cuenta los datos suministrados por el INE a 1 de enero de 2022, y, en el caso de la solidaridad, a los municipios menores de 10.000 habitantes se les asigna el 11% y a los restantes el 5%
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al año 2023, que asciende a 343.448.920 euros, lo que supone un 17,6% más que en 2022, cuyo montante fue de 291.899.473 euros.
Del importe global de dicha dotación, 340.014.420, 80 euros se repartirán entre los 88 municipios de las islas. El uno por ciento restante, 3.434.489,20 euros, se destinará a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), tal y como establece el artículo 3 de la Ley 3/199, de 4 de enero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Dicho artículo fija, igualmente, que la distribución se realizará en función de los siguientes criterios: población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%).
En el caso de la solidaridad, a los municipios menores de 10.000 habitantes se les asigna el 11% y a los restantes el 5%. Del mismo modo, para los criterios de población y dispersión territorial tendrán en cuenta los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2022, así como los datos relativos al número de núcleos de población del municipio y población de la capital de municipio a esa misma fecha.
Para calcular la extensión territorial de cada municipio, los datos se obtienen del registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) relativo a las superficies oficiales de los municipios canarios a fecha 1 de enero de 2023, mientras que la superficie declarada espacio natural protegido, las unidades escolares y las plazas alojativas turísticas de datos proporcionados por las direcciones generales de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas, y de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa y del Observatorio de Turismo de Canarias.
ACFI PRESS Estefanía Briganty
