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El Gobierno de Canarias ha autorizado, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, diferentes modificaciones de crédito para la ejecución o culminación de cuatro proyectos hidráulicos en las islas de La Gomera y Tenerife. Cabe destacar que tres de esos cuatro proyectos están relacionados con los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).
En primer lugar, se autoriza el gasto plurianual para hacer frente al gasto relativo a la contratación de los proyectos constructivos destinados al saneamiento y depuración de aguas residuales en los municipios de Alajeró y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.
Los dos siguientes casos tienen que ver con autorizaciones de gastos plurianuales para acometer los trabajos de la red de saneamiento y pluviales del sector Central-Guargacho, en San Miguel de Abona, y el sistema comarcal de saneamiento del oeste o proyecto de colectores de saneamiento de Tamaimo, en Santiago del Teide. Estas dos intervenciones se enmarcan en la isla de Tenerife y entre las dos superan los siete millones de euros de presupuesto.
El último incremento de presupuesto, fuera del ámbito de los fondos Next Generation, tiene que ver con la subvención directa al Cabildo de La Gomera para el desarrollo del depósito de agua potable en San Sebastián de La Gomera, con un importe de 4,5 millones de euros.
El apartado 3 del artículo 49 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria, confiere la competencia al Gobierno para que, en casos especialmente justificados, pueda acordar la modificación de los porcentajes, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial.
El Gobierno autoriza recuperar el 5% de rebaja salarial aplicada en 2010 al personal de la empresa pública Gestur
La sociedad mercantil, dependiente de Transición Ecológica, da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera para restablecer este porcentaje
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, recuperar la rebaja salaria del cinco por ciento que en el año 2010 se le aplicó al personal de la sociedad mercantil Gestur Canarias, SA, entidad dependiente de la Consejería que dirige José Antonio Valbuena.
Esta decisión llega después de que en el acuerdo colectivo pactado el pasado 15 de marzo se contemplara el restablecimiento, en un cinco por ciento, de las cuantías de los conceptos de salario base, pagas extraordinarias y antigüedad con efectos de 1 de enero de 2022.
Así, tras analizar la situación financiera y los datos sobre el superávit/déficit de la sociedad en los últimos informes, la empresa pública Gestur da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, por lo que pueda aplicarse esta recuperación.
La rebaja salarial del año 2010 se aprobó por con el fin de reducir el déficit público a través de la modificación de la la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2010.
El Gobierno declara la idoneidad de la utilización de la RIC para la construcción de un telescopio privado en el Teide
El proyecto prevé una inversión de 2,5 millones de euros y también incluye la adquisición de los denominados Derechos de Tiempo de Observación
El Consejo de Gobierno declaró hoy la idoneidad del instrumento financiero presentado por la sociedad Light Brigdes, SL, para la financiación, ejecución y explotación de una instalación telescópica privada para observar grandes campos de cielo y detectar objetos de baja magnitud con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
El proyecto, denominado Transient Survey Telescope (TST), se financiará con 2,5 millones de euros e incluye también la adquisición, como mayorista, de valores que dan derecho a la titularidad del uso y disfrute parcial de diversos edificios, bajo la forma de Derechos de Tiempo de Observación (DTO) generados.
Entre otros, en los proyectos Two-Meter Twin Telescope (TTT), New Robotic Telescopes (NRT) y, en su caso, en otras instalaciones telescópicas canarias, para su explotación especializada desde Canarias y, en particular, en este proyecto, creando y desarrollando el mercado de DTO en Estados Unidos.
Asimismo, se adquirirán y comercializarán Derechos de Tiempo de Observación (DTO) generados en otras instalaciones telescópicas, sitas en los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) como bienes complementarios de los DTO de TST, que incrementarán el valor de éstos.
El plazo para la creación del establecimiento se prevé inferior a 24 meses desde la suscripción de la primera emisión de los instrumentos financieros. La explotación se realizará durante el periodo legal requerido y su vida útil será un mínimo de 35 años. La explotación económica de los bienes potenciará los objetivos científicos.
La Ley económica del REF (Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras, siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados cuyas inversiones sean aptas según lo regulado en el artículo 27.4.D.3º de la Ley, siendo preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias declara la idoneidad del instrumento financiero para materializar la RIC, mientras que la comprobación efectiva de la corrección de dicha materialización, principalmente en lo referente a la inversión que se va a financiar, corresponde a la AEAT.
Sanidad destina 34,1 millones a la adquisición de marcapasos, electrodos, desfibriladores y ‘holters’ implantables
El Consejo de Gobierno autoriza el gasto para prorrogar por dos años los acuerdos marco resultantes de la compra centralizada de estos dispositivos
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 4 de mayo, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 34.113.043,80 euros en la adquisición de un suministro de marcapasos, electrodos, desfibriladores y holters implantables para abastecer las necesidades de los servicios de Cardiología de los hospitales del Servicio Canario de la Salud.
La contratación de este suministro se realizará a través de la prórroga de los acuerdos marco resultantes del expediente de compra centralizada tramitado por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, que tendrán una vigencia de dos años, comprendida entre los meses de septiembre de 2023 y 2025.
El importe del gasto se ha calculado teniendo en cuenta las previsiones de consumo de estos dispositivos por los hospitales del SCS durante este período, a razón de 8.719.114,80 euros, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; 8.221.171,60 euros, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; 6.825.552,50 euros, en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil; 6.383.837,00 euros, en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias; 1.894.427,50 euros, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote; 1.380.848,90 euros, en la Gerencia de Servicios Sanitarios Área de La Palma, y 688.091,50 euros, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura.
Las compras centralizadas contribuyen de manera notable a racionalizar y mejorar la eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de los centros sanitarios del SCS, al tiempo que permite obtener una reducción de precios derivada de las economías de escala y racionalizar los recursos humanos que se destinan a la tramitación, por cada Gerencia del SCS, de los expedientes compras y la facturación.
San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Candelaria y El Paso se unen a la Red de Gobierno Abierto de Canarias
Arona y Granadilla de Abona compartirán con la Consejería de Administraciones Públicas las listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación del personal laboral temporal
Las policías locales de Barlovento, Santa Úrsula, Arona, Garafía y El Pinar colaborarán y coordinarán sus actuaciones con el Cuerpo General de la Policía Canaria
Vallehermoso y San Juan de la Rambla delegan en la Consejería sus competencias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de Canarias de las trece adendas de adhesión a distintos convenios suscritas por su departamento con las corporaciones locales del archipiélago, en el primer trimestre de 2023, tal y como establece el artículo 16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
En dicho periodo, se firmaron cuatro adendas de adhesión al convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de San Miguel de Abona, la Villa Histórica de Santiago del Teide, Candelaria y El Paso.
Este convenio, firmado el 18 de febrero de 2022, permite establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.
La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.
Además, se firmaron otras dos adendas de adhesión al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal, por parte de los ayuntamientos de Arona y Granadilla de Abona.
Este convenio, suscrito en 2020, permite atender a través de una gestión eficiente las necesidades urgentes en las que cada administración pública se pueda encontrar a la hora de proveer un puesto de trabajo, cuando o bien carece de una lista específica para una determinada especialidad o bien no existe persona candidata susceptible de ser nombrada en un momento determinado.
Julio Pérez ha dado cuenta también al Consejo de Gobierno de que los ayuntamientos de Barlovento, Santa Úrsula, Arona, Garafía y El Pinar se han sumado al convenio de colaboración para la coordinación de las actuaciones precisas tendentes a la prestación de servicios de policía entre el Cuerpo General de Policía Canaria y el Cuerpo de la Policía Local correspondiente, conforme a las competencias y funciones que tienen atribuidas.
Igualmente, ha informado de la adhesión de los ayuntamientos de Vallehermoso y la Villa de San Juan de la Rambla al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Fecam, por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local.
Aprobada la oferta de empleo público de la Policía Canaria, que incluye 100 nuevas plazas y permite superar los 450 efectivos
De las cien nuevas plazas de esta OEP, ochenta son de acceso libre y veinte a través del sistema de promoción interna
Previamente y también mediante otro decreto, el Gobierno amplía en cien plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria, que pasa a tener 576 plazas
Esta medida pretende facilitar el despliegue del CGPC por todas las islas, que ahora se logra no sin dificultades organizativas y un esfuerzo personal de los propios policías
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dar su visto bueno al decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) para 2023, una oferta que incluye un total de 100 nuevas plazas, de las que ochenta corresponden al sistema general de acceso libre y veinte al de promoción interna, y que va a permitir alcanzar los 459 efectivos a la Policía Autonómica.
Previamente y también mediante otro decreto propuesto por el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación, en cien plazas, del catálogo de puestos de trabajo del CGPC, que pasa a tener 576 plazas.
En concreto, incrementa en 20 puestos los 40 del empleo de oficial URO –Unidad de Recursos Operativos– (subgrupo C1), de la Escala Básica, y en 80 puestos los 317 del empleo de policía URO (subgrupo C1), también de la Escala Básica, del catálogo de puestos del CGPC que se refleja en el anexo del Decreto 225/2022, de 7 de diciembre, que a su vez amplía el aprobado mediante Decreto 108/2021, de 11 de noviembre.
Esta ampliación, con la que pretende facilitar el despliegue del CGPC por todas las islas –un despliegue que ahora se logra no sin dificultades organizativas y un esfuerzo personal de los propios policías– está fundamentada en la disposición adicional décima cuarta, párrafo primero, de la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023; el artículo 3 y 31 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del CGPC; y el artículo 48 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Una vez aprobado el decreto, el catálogo queda constituido por un comisario o comisaria jefe, provisto por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública, pudiendo ser removido libremente; dos comisarios o comisarias principales, que accederán a este empleo por concurso de méritos entre los comisarios o comisarias del CGPC, los mandos equivalentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; un comisario o comisaria de la Brigada Móvil (Brimo), que será provisto por concurso específico, y tres comisarios o comisarias de la URO, que alcanzarán este cargo por concurso entre los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subcomisarios, tengan un mínimo de dos años de antigüedad en dicho empleo, no hayan sido sancionados por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada la sanción, y cuenten con la titulación exigible.
Además, el catálogo prevé dos subcomisarios o subcomisarias de la Brimo y ocho subcomisarios o subcomisarias de la URO, los primeros por concurso específico y los segundos por concurso oposición libre, con reserva de hasta el 50% de las plazas para los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de inspector y cumplan las condiciones antes citadas para los comisarios; dos inspectores o inspectoras de la Brimo y diez de la URO, con acceso por concurso específico y de méritos, respectivamente, entre los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subinspector y reúnan los requisitos ya detallados, y cuatro subinspectores o subinspectoras de la Brimo y dieciocho de la URO, elegidos bajo el mismo procedimiento que los inspectores, salvo que saldrán de aquellos que tengan el empleo de oficial.
Precisamente, el catálogo incluye ocho oficiales de la Brimo y sesenta de la URO, designados mediante concurso específico y concurso-oposición de entre los policías con al menos dos años de antigüedad, que no hubieran sido objeto de sanción firme por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada; y sesenta policías de la Brimo y 397 de la URO, que accederán por concurso específico y oposición libre, respectivamente.
El Gobierno concede 95.000 euros al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para impulsar la mediación
Con esta medida alternativa de resolución de conflictos, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad trata de favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia
Para ello se cuenta con mediadores y mediadoras expertos, titulados como tales y registrados en el Colegio de Abogados de Santa Cruz Tenerife, que está reconocido como una institución de mediación
El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves, por parte del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, de la concesión al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife de una subvención por importe de 95.000 euros, durante el primer trimestre de 2023, para el establecimiento de un servicio de mediación en los partidos judiciales de esta provincia, con el objetivo de ofrecer una alternativa de resolución de conflictos y favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.
La mediación es un procedimiento voluntario en el que un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador o mediadora, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a las partes en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance de estos.
La subvención tiene como objetivo el establecimiento de un proyecto de mediación entre personas usuarias del turno de oficio y abogados, servicio de orientación a la mediación y mediación intrajudicial y extrajudicial en los ámbitos Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo, en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Para ello se cuenta con mediadores y mediadoras expertos, titulados como tal y registrados en el Colegio de Abogados de Santa Cruz Tenerife, que está reconocido como una institución de mediación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, constituyéndose en su seno el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en el año 2014.
ACFI PRESS Estefanía Briganty
