La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, presentó esta tarde el presupuesto de su departamento en el proyecto de Ley de 2024, que asciende a 344.663.166 euros, con una subida del 24,59% con respecto al inicial ajustado de 2023. En caso de no presupuestarse el proceso electoral del 2023, el incremento sería del 26,4%, y 71,4 millones de euros de diferencia.
Nieves Lady Barreto explicó que es un presupuesto realista, ajustado a las circunstancias que nos hemos encontrado en cada departamento, calculado a gasto real, e inspirado por el principio de prudencia, pero que permite trabajar en los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura. En este sentido, Barreto enumeró los ejes principales de su departamento que pasan por la modernización la Administración, la simplificación de los procesos y la autoevaluación; modificar las bases generales de acceso al empleo público; aprobar el plan de Igualdad y trabajar en un sistema propio de seguridad pública, además de saldar la deuda con La Palma, permitiendo su recuperación económica y social, entre otros.
En cuanto a la distribución por áreas, la consejera detalló que el 56,73% se destina a Justicia, principalmente por el capítulo 1; seguido por la Viceconsejería de La Palma, con un 15,15% del total al presupuestarse una partida de 50 millones de euros para la recuperación económica y social de la isla. A continuación se contempla un 11,26% para Relaciones con el Parlamento; un 9,43% en la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia; un 5,31% para Seguridad (Dirección General de Seguridad y la Dirección General de Estudios y Formación en Seguridad Pública) y un 2,12% Servicios centrales. En cuanto a la transferencia al Parlamento de Canarias y órganos de relevancia estatutaria, el total es de 1.666.408, un 4,53% más, mientras que para el Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), la aportación dineraria asciende a 2.161.384 euros, lo que significa una subida del 5,44%.
Al respecto, señalar que en gastos por servicios, el capítulo 1 crece ya que en el inicial 2023 se contemplaron las retribuciones a coste 2022 al incluirse en la sección 19 el incremento retributivo de 2023. En el presupuesto de 2024, por lo tanto, se contemplan las retribuciones a coste 2023 y el incremento retributivo de 2024 se acumula en la Secretaría General Técnica (para RPT y el Cuerpo General de la Policía Canaria) y en la Dirección General de Administración de Justicia (para el personal de órganos judiciales).
Objetivos por departamento
El objetivo del presupuesto es dar cumplimiento a los principales ejes de trabajo que nos hemos marcado para toda la legislatura 2023-2027, entre ellos, la modernización de la Administración Pública canaria a través de la simplificación de los procesos burocráticos, de potenciar la eficacia y de dar un impulso definitivo a la participación ciudadana y al desarrollo de un sistema de evaluación de las políticas públicas que permita detectar los problemas y corregirlos.
Esta labor recae sobre la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia (2.277.538 euros) de la que dependen la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana (3.985.289 euros) y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos (4.283.813 euros), que trabajan ya en una estrategia de simplificación normativa y administrativa y de mejora de la comunicación con la ciudadanía. Todos los servicios aumentan, excepto la Dirección de Transparencia que en 2023 contempló el proceso electoral.
Con un presupuesto de 15.031.793 euros, un 2% más, la Dirección General de la Función Pública afronta el reto de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público en materia de carrera profesional, la elaboración del Plan de Igualdad de la Administración Pública, las nuevas bases generales para el acceso al empleo público por turno libre y promoción interna y a la resolución de procedimientos de estabilización del empleo temporal de larga duración. La UAP de Función Pública se reduce en un 34, 58%, ya que en el 2023 se sobrepresupuestó de forma inncesaria.
En Justicia, con un presupuesto de 194.824.213 euros, un 6,15% más, la prioridad es continuar con el Plan Estratégico de Infraestructuras Judiciales, abordando el problema de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, el edificio judicial de Puerto del Rosario, los juzgados de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, los nuevos juzgados de Granadilla de Abona y la construcción de un edificio judicial en San Bartolomé de Tirajana. Además, se apostará de manera decidida por la mediación para reducir la alta litigiosidad de Canarias.
De hecho, la partida para la implantación de la mediación se incrementa en un 62,86%, pasando de 130.000 euros a 211.721; se destina 1.882.516 euros al programa de modernización y 2.800.810 a la splicación Atlante, que sube un 55,53% e incluye 210.000 euros en fondos MMR, entre otros. Destacar también 22.951.088 euros de la asistencia jurídica gratuita; 929.000 euros para el mantenimiento de los puntos de encuentro familiar y 154.500, un 5% más, para Memoria Histórica, que se incrementará con créditos estatales.
Por otro lado, cumpliendo el compromiso de este Gobierno con La Palma, la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma, creada para afrontar la coyuntura especial que atraviesa la isla desde la erupción de 2021, será la encargada de gestionar el fondo específico de 50 millones de euros que el Gobierno ha dispuesto para compensar las pérdidas patrimoniales privadas generadas por el volcán. Además se presupuestan 2 millones para la oficina de atención de los afectados.
El presupuesto de la Dirección General de Seguridad, ahora desvinculada de Emergencias, crece notablemente en el Capítulo I por el incremento de plantilla del Cuerpo General de la Policía Canaria que se produjo en 2023. El objetivo para 2024 es convocar 100 plazas más y empezar a diseñar la implantación del Cuerpo en todas las islas. Su presupuesto total es de1 6.138.458 euros, sube un 44,91% por la incorporación de nuevos policías.
La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública cuenta con un presupuesto de 2.094.,228 euros, un 24,36% más, y se enfrenta al reto de ofrecer una formación renovada y adaptada a los nuevos retos de los distintos perfiles del personal que atiende la seguridad y las emergencias en Canarias, con un catálogo formativo para más de 10.000 potenciales usaurios.
A través de la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, el presupuesto incluye la transferencia de 38.446.381 euros (un 4,53% más que en 2023) al Parlamento y órganos de relevancia estatutaria (Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Comisionado de Transparencia, etc.).
Por último, el presupuesto incluye también una aportación de 2.161.387 euros al Instituto Canario de Administración Pública (sube un 5,4%). Cuenta, además, con una aportación del INAP para empleados públicos de las CCAA y de las corporaciones locales que asciende a 1.090.038 euros. Su objetivo es ofrecer una formación de calidad para los empleados públicos que les permita ahondar en competencias tecnológicas y digitales.
ACFI PRESS Álex Rosa
