Canarias valora que se retome la Conferencia Sectorial de la Inmigración tras cinco años sin convocarse, pero lamenta termine sin acuerdos que supongan una mejora a corto plazo. El encuentro, en el que han participado las comunidades autónomas, la ministra de Inclusión, Elma Saínz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha concluido que es necesario modificar la ley del menor e incrementar los recursos para que todos los territorios puedan elevar la cifra de niños y niñas migrantes en sus recursos de acogida, pero no ha aprobado medidas a corto plazo.
En el transcurso de la reunión se ha acordado que Canarias, a través de su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, asuma la vicepresidencia de la Conferencia Sectorial de la Inmigración, propuesta que ha prosperado gracias al apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
La Conferencia Sectorial de la Inmigración no se celebraba desde el año 2018, algo que ha generado quejas por parte de las comunidades autónomas. “Trabajaremos para mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas y la solidaridad interterritorial”, ha señalado la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que ha recordado que este año han llegado al Archipiélago más de 38.000 personas en cayucos o pateras. “Creemos que esta posición nos permitirá coordinar y participar activamente en la gestión de las políticas migratorias”
Delgado recordó en el encuentro que “Canarias está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes y que es urgente que se ponga en marcha un sistema de acogida estable en todo el Estado para acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan por vía marítima, igual que se hace con los mayores de edad. Para ello, es necesario que se puedan usar fondos europeos para crear esa red estable que, además, se mantenga en el tiempo”.
“La inmigración -prosiguió- no va a desaparecer; de ahí la necesidad de contar con un sistema de acogida estable para acoger a menores migrantes. En estos momentos, el Gobierno de Canarias tutela a unos 4.500 menores extranjeros no acompañados en 64 centros, 25 recursos más que al principio de la actual legislatura”, indicó Delgado, quien recordó que el Ejecutivo canario “lleva meses pidiendo corresponsabilidad, lo que exige cambiar la actual ley del menor y garantizar el reparto equitativo de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas”.
A este respecto, Delgado valoró positivamente el apoyo de las comunidades autónomas “que no se niegan a acoger a más menores migrantes pero, matizó, para ello, necesitamos todas un mayor financiación”. Además, avanzó que Canarias ya trabaja en un borrador de modificación de la actual Ley que incluya que la atención de los menores extranjeros no acompañados sea competencia del Estado junto a las Comunidades autónomas, “lo que permitirá el traslado de menores migrantes con mayor agilidad”.
En relación a este asunto, Delgado anunció la próxima visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, y de su equipo los días 9 y 10 de enero, y la creación de grupos de trabajo para mejorar coordinación entre las CCAA. Asimismo, indicó que en marzo se tiene previsto la celebración de la siguiente conferencia sectorial.
La consejera de Bienestar Social recordó desde su departamento se han impulsado, de forma conjunta con la Fiscalía de Canarias, una serie de medidas dirigidas a reducir los errores en las determinaciones de edad “y evitar, en la medida de lo posible, la convivencia de mayores y menores en centros tanto en Canarias como en la península”.
Además, Delgado trasladó al seno de la Conferencia sectorial la necesidad de establecer un mando único para tratar los asuntos relacionados con inmigración. “No podemos seguir recorriendo ministerios para tratar todo lo que tiene que ver con la llegada de personas por vía marítima a nuestras costas. Ya se designó un mando único en la crisis de los cayucos y se debe volver a designar”, manifestó la consejera regional quien afirmó que Canarias ha reclamado que se compense a la Comunidad autónoma “por el coste que supone atender esta realidad”.
También aclaró que la atención a menores extranjeros no acompañados supone un gasto por parte del Gobierno canario de 78 millones de euros solo en recursos y atención básica a menores, a lo que hay que sumar otras partidas, como los 14,5 millones de euros que se ha destinado a atención sanitaria y los 3 millones dedicados a escolarización de niños y niñas (personal, nuevas aulas…).
Por otro lado, la responsable del área recordó la necesidad de incrementar los fondos que el Estado destina a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para poder mejorar las condiciones de los países de origen y la conveniencia de poner en marcha programas de extutelados.
ACFI PRESS Jesús Hellín
