La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha acordado hoy con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, representado por su presidente Rafael Massieu, las mejoras en la retribución de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría relativos al turno especial de extranjería, que se llevarán a cabo a través de la modificación de los baremos de establecidos por la Orden 17 de mayo de 2019. Esta nueva Orden, que entrará en vigor tras su publicación el Boletín Oficial de Canarias (BOC), supondrá un incremento superior al 30% en el abono por la prestación del servicio y permitirá el pago de las apelaciones de forma independiente a la primera asistencia.
Nieves Lady Barrero explicó que esta modificación nace como consecuencia de una controversia jurídica a raíz de una Orden de 12 de mayo de 2023 que incluía la apelación dentro de la asistencia inicial. “Nuestra voluntad no solo ha sido pagar los servicios prestados, sino también resolver el problema”, y para eso era necesario modificar la orden y los baremos para permitir abonar los recursos de apelación que pongan fin a la primera instancia.
La consejera, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, y la vicedecana, Mila Pacheco, y por videoconferencia por Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, anunció que se ha aprovechado esta nueva orden para subir el baremo de la asistencia inicial, sin esperar a la actualización del turno general, que también se abordará de forma gradual. “Ya que tocamos este tema de extranjería, podamos subir también la asistencia jurídica, la básica y es lo que hemos hecho, reconociendo el trabajo que prestan estos profesionales”.
Sobre los problemas detectados, el que hacía referencia a los servicios prestados la consejera señaló que ya se acordó que hay que pagarlos. “Por lo tanto, este reconocimiento está resuelto y ese trimestre que estaba en cuestión está pendiente de que el colegio nos pase los datos”.
Sin embargo, la consejera manifestó que se encargó un informe a los servicios jurídicos que nos llegó los primeros días de julio, que concluía que con la orden de baremos en la mano la apelación se tiene que entender incluida en la asistencia y que esa solución pasaba por modificar la orden, a pesar de que se recogiera en una resolución. “Es el paso jurídico correcto para evitar ambigüedad y dar seguridad. Y eso es lo que hemos hecho al excluir la apelación de lo que se considera dentro de la asistencia básica de forma que pueda pague aparte”, apuntó, aclarando que la aprobación de la orden no va a suponer un retraso en el pago de los recursos de apelación, a la vez que anunció que tendrá efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2024.
En la rueda de prensa asistieron también el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León.
ACFI PRESS Estefanía Briganty
