La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha presentado hoy el acuerdo que se ha alcanzado con las organizaciones sindicales STAJ, UGT, CSIF, IC y CCOO para el incremento salarial del complemento específico de más de 2.600 trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias al servicio de la Administración de Justicia, pertenecientes a los cuerpos de gestores, tramitadores, auxilios judiciales y forenses, por un importe total de 13 millones de euros, a abonar en tres anualidades.
Nieves Lady Barreto agradeció la voluntad negociadora mostrada por los cinco sindicatos desde que se iniciaron las conversaciones en el mes de mayo y que hoy se cierra. “El Gobierno de Canarias da respuesta a una reivindicación justa y necesaria tras la decisión del Ministerio de Justicia de subir este complemento solo a las comunidades que no tienen transferida la Justicia después de dos años de huelga y movilizaciones, dejando fuera al resto de comunidades autónomas”.
La consejera señaló que todos hemos tenido que ceder en algo para poder llegar a un punto de encuentro satisfactorio con el que se reconoce el trabajo y el esfuerzo de más de 2.600 trabajadores de la Administración de Justicia y poder sacar a Canarias de los últimos puestos de la tabla en que se encontraba antes de este acuerdo, entre las 12 comunidades que tienen transferida la Justicia.
Las cuantías actuales del complemento específico aumentarán entre los 325 y 345 euros mensuales al finalizar el plazo de los tres años, según los cuerpos. Para llegar a ello, en el año 2025 se abonará el 30%, en 2026 el 40% y en 2027 el 30% restante.
La consejera manifestó que la intención es firmarlo en las próximas semanas, una vez se someta a la ratificación de las organizaciones sindicales y a la Mesa Sectorial de Justicia, con el finde poder llevarlo a Consejo de Gobierno y que se recoja en la Ley de Presupuestos del año 2025.
Con este reconocimiento, Canarias se suma a la actualización de los complementos y retribuciones que ya se alcanzó para el personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y en comunidades autónoma como Madrid y Cataluña y se negocia en otras, dentro de la revisión de la organización de la Administración de Justicia, que implica la asunción de nuevas tareas y adaptación de funciones para la modernización de la gestión pública.
La transformación ya se está materializando con el Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por otra parte con la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos con la implantación de los tribunales de instancia y el nuevo modelo de oficina de justicia que les dará soporte.
El acuerdo será de aplicación al personal de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, auxilio judicial y cuerpos médicos forenses que desarrollen su actividad en los órganos judiciales y/o fiscales, registros civiles, así como del Instituto de Medicina Legal y forense de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ACFI PRESS Alejandro Barrosa
