El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, han informado esta mañana que el Ejecutivo ha cerrado un acuerdo con la UTE OHL que alcanza los 13.777.496,74 euros, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la adjudicación realizada por el anterior equipo de gobierno sobre la obra del Anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, en la isla de Tenerife.
El consejero ha comenzado explicando que “la reciente sentencia del TSJC ha confirmado la viabilidad de la oferta presentada por OHL, y que fue inicialmente adjudicada, obligando a la Consejería a hacer frente a la decisión del Alto Tribunal, tomando decisiones que aseguren el interés general y garanticen una gestión responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos”.
“Sin duda, resulta más beneficioso para el interés público, y el legítimo derecho de las partes, la solución de un acuerdo indemnizatorio en favor de la UTE-OHL, en contraprestación por los daños ocasionados, a cambio de la renuncia a la adjudicación, y el compromiso de la UTE-FCC a continuar las obras, sin que se haya producido una paralización de estas”, ha señalado.Asimismo, el consejero ha detallado que una vez recibida la sentencia firme, la Consejería estableció como objetivos, por un lado, que la obra no se detuviese por su relevancia para la conectividad y para la movilidad de la isla de Tenerife y, por otro, que la actuación no tuviese retrasos. “Asimismo, pusimos de relieve la necesidad de defender el interés general, y que el sobrecoste consecuencia de la decisión del Alto Tribunal fuese el menor posible por parte del Gobierno de Canarias”.Por su parte, Rosana Melián ha explicado que en el acuerdo alcanzado, que ya ha sido elevado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, se recoge la renuncia de la UTE OHL a la adjudicación del contrato y a la ejecución de la obra. “De esta forma, garantizamos que no se paralicen las obras, por los perjuicios que acarrearía al interés público, y la continuación de esta por la UTE-FCC, que ha manifestado formalmente su interés en continuar con su ejecución”.
Asimismo, Melián ha detallado las consecuencias que tendría el haber ejecutado la sentencia “a su puro y debido efecto” con el cambio de contratista. “En primer lugar, habríamos tenido que hacer una liquidación del contrato de la UTE FCC, que lleva ya cinco años ejecutando la obra, con la consecuente paralización de los trabajos. A partir de ahí, habríamos tenido que hacer una adjudicación a la UTE OHL, que es la que la sala determina que tenía que haber sido la adjudicataria”. En esta línea, la directora general ha apuntado que esta decisión “no sería tan simple, porque la realidad marcada por las obras ya ejecutadas por la UTE FCC, con arreglo a su proyecto, sería diferente a la ofertada inicialmente presentada por la UTE OHL”.
Melián ha explicado que llevar a cabo el proceso anteriormente descrito, “acarrearía un coste económico muy superior al que hemos cerrado mediante este acuerdo. Estimamos que todo esto habría llevado al menos unos tres años, con el consiguiente perjuicio también económico, medioambiental y social, dada la importancia de esta obra”.
En el acuerdo se han tenido en cuenta diferentes conceptos, como el lucro cesante que hubiera obtenido de haber sido adjudicatario; es decir, el beneficio industrial, siendo este calculado sobre el plan de trabajo de la oferta presentada por la UTE OHL, y los intereses moratorios. También se han contemplado los gastos en los que incurrió la unión de empresas como consecuencia de la licitación y del recurso especial en materia de contratación, los cuales han sido debidamente probados y justificados.
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