Las consejeras de Sanidad y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón y Nieves Lady Barreto, respectivamente, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, inauguraron esta mañana las III Jornadas de Derecho e Investigación Sanitaria de Canarias, evento organizado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).
Estas terceras jornadas reúnen a alrededor de 250 profesionales, tanto de ámbito nacional como regional, el 8 y 9 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria para abordar los aspectos técnicos legales vinculados a la actividad desarrollada por los investigadores del campo de la salud.
Durante su intervención, Esther Monzón agradeció al comité organizador la celebración de estas jornadas, que facilitarán a los expertos un espacio de debate y análisis. “Las administraciones públicas tenemos la obligación de proporcionar a los profesionales puntos de encuentro en los que intercambiar conocimientos y experiencias, una de las formas más prácticas y eficaces de analizar el estado de los diferentes ámbitos de actuación para mejorar la atención al conjunto de la ciudadanía”, afirmó la consejera.
En este sentido, la responsable de Sanidad del Ejecutivo autonómico explicó que, a través de estas jornadas los participantes podrán analizar la responsabilidad jurídica existente en el desarrollo de la investigación sanitaria, así como las consecuencias y repercusiones legales de la actividad científica.
Por su parte, Nieves Lady Barreto destacó la importancia de poder abordar con los operadores sanitarios un marco de seguridad jurídica en todas de sus actuaciones “y también de poder empezar a hablar de algo en lo que Sanidad lleva años de ventaja, que es la humanización de la atención a las personas, y en lo que nosotros, desde Justicia, estamos empezando a trabajar con la puesta en marcha de los facilitadores judiciales”.
Al respecto, Barreto explicó que su departamento está definiendo, junto a las asociaciones y colectivos de personas con discapacidad intelectual y mayores de 75 años, la norma que regulará las labores y el perfil profesional de los facilitadores, que se aprobará el año que viene. Canarias se convertirá así en la segunda comunidad autónoma en regular esta figura. “Lo que buscamos es garantizar, en un trance complejo como un proceso judicial, que las personas que tienen especial dificultad puedan entender y hacerse entender”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, destacó durante su intervención que el derecho y la investigación sanitaria son dos campos que cada vez están más interrelacionados, dado que los avances científicos y médicos han transformado la realidad del ámbito de la salud pero requieren de un marco jurídico sólido que garantice su ética, su legalidad y, sobre todo, la protección de los derechos de los pacientes.
ACFI PRESS Laura Campo
