La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad. A inicios de esta semana fueron firmados los de Lanzarote y Tenerife.
En total, y hasta el año 2028, los convenios suponen una inversión del Gobierno de Canarias de 604.183.389 €, que incluye la partida que con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2025 financiará plazas y servicios ofrecidos por los cabildos en las islas correspondientes, importe al que se suma la aportación de cada una de las administraciones insulares.
Desglosados por convenios, el de Fuerteventura implica la financiación de 308 plazas, de las cuales, en este 2025 hay 31 nuevas. Esto supone un total de 26.484.957,24 euros de aportación plurianual por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, y otro 21,94% del coste total de aportación insular.
En cuanto a Gran Canaria, este 2025 incluyó 722 nuevas plazas (298 de centros de días y 424 de centros residenciales) con respecto a las financiadas hasta 2024, por lo que cuenta con un total de 4.328 plazas financiadas a través de este convenio. La aportación de la administración regional a este convenio es de 433.647.844,61 euros, que se sumarán a los 181.632.769,42 euros de aportación insular hasta 2028, lo que supone el 29,52% del total de la financiación.
La Palma, por su parte, financia el 24,57% del total del importe del convenio, cuyo importe asciende a 159.598.971,71 hasta 2028 para financiar 1004 plazas (461 en centros de día y 543 en centros residenciales) y otros servicios. La comunidad autónoma soporta el 75,43% del importe de la financiación del convenio que, como se ha señalado, en todos los casos, también introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).
En La Gomera, la financiación de la CAC asciende del 69,27%, con una aportación de 23.666.091,38 euros hasta 2028, para la financiación del coste de diversos servicios y un total de 236 plazas en 2025.
Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21% del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39%, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.
Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.
Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.
El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.
ACFI PRESS Javier Melián
