La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reafirmado en la comisión parlamentaria de Bienestar Social celebrada hoy (viernes 27) el compromiso del Ejecutivo regional para “seguir fortaleciendo una respuesta pública basada en la prevención, la protección efectiva, la atención especializada y la coordinación institucional, con el objetivo de garantizar la seguridad y la recuperación de todas las víctimas, especialmente las más vulnerables”.
Esta comparecencia sobre violencia vicaria se produce cuando se cumple una semana del asesinato machista de un niño de 10 años a manos de su padre en Arona, Tenerife. En señal de condena y en su memoria se realizó un minuto de silencio antes del inicio de la comisión.
En Canarias, la normativa autonómica reconoce expresamente que la violencia ejercida sobre menores o personas dependientes de una mujer con el fin de causarle daño forma parte de la violencia de género, extendiendo así la protección a niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, el Ejecutivo autonómico está consolidando el Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género, desplegado a través de la red insular de recursos especializados y sostenido en estrecha cooperación con los cabildos.
Delgado ha destacado que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) destina este año más de ocho millones de euros al mantenimiento y gestión de centros y servicios dirigidos a mujeres y menores víctimas y supervivientes, garantizando itinerarios de atención completos, con especial intervención psicológica y educativa adaptada a la infancia. Uno de los ejes prioritarios es la atención directa a menores como víctimas, no como meros testigos, mediante protocolos de coordinación interinstitucional que involucran a los ámbitos social, sanitario, educativo y judicial, facilitando la detección precoz y la intervención temprana.
El Gobierno de Canarias también está reforzando los entornos vinculados a custodias y visitas, mediante la mejora de los espacios de atención a víctimas en sedes judiciales, el fortalecimiento de la red de Puntos de Encuentro Familiar y el desarrollo de sistemas especializados de periciales psicológicas y sociales. Asimismo, se trabaja para garantizar que todos los recursos cumplan los estándares establecidos en el Pacto de Estado, evitando situaciones de revictimización o desprotección.
En paralelo, Canarias dispone ya de Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cinco islas, con equipos multidisciplinares y coordinación directa con los servicios de protección a la infancia cuando se detectan casos que afectan a menores.
La formación especializada constituye otro pilar fundamental, con programas continuados dirigidos a profesionales de la red de atención y de sectores clave como educación, sanidad y servicios sociales. Además, se han desarrollado herramientas específicas como la guía Te Acompaño, orientada a la intervención con menores en contextos de violencia de género, así como materiales accesibles para mujeres, adolescentes y menores con discapacidad.
En el ámbito preventivo, el ICI ha orientado campañas públicas de sensibilización, incluida la última campaña institucional del 25 de noviembre, a visibilizar la violencia vicaria y fomentar la implicación social en su detección y erradicación. Finalmente, el Ejecutivo autonómico avanza en la coordinación con sistemas estatales de seguimiento del riesgo, incluido el despliegue del sistema VioGén 2, y en la hoja de ruta para la implantación del modelo Barnahus, que permitirá una atención más integral, adaptada y protectora para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Por otro lado, hay que señalar que aunque el Convenio de Estambul no utilice de forma literal el término “violencia vicaria”, establece la obligación de prevenir, proteger y asistir a las víctimas de violencia contra las mujeres y de violencia doméstica, con especial atención a las personas menores expuestas. En España, esta protección se ha consolidado con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2025, que amplía el acuerdo a 461 medidas e incorpora de forma expresa actuaciones vinculadas a la violencia vicaria y la protección de hijas e hijos.
ACFI PRESS Estefanía Briganty
