En los próximos días, se añadirá otro patrullero a la flota del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Pero la incorporación del buque ‘Río Miño’, el de más envergadura – 51 metros – del que dispondrá este Servicio, y destinado a operar en aguas internacionales, no está exenta de polémica.
Críticas hacia una mala gestión, a las que la Asociación Unificada de Guardias Civiles tiene que sumarse. Y es que si la decisión de reconvertir un viejo pesquero japonés de 1984, en patrullera policial, justificado en el consiguiente ahorro en costes, de entrada está siendo infructuoso, dado que ya se han superado ampliamente los siete millones de euros iniciales que debía suponer su puesta a punto, el hecho de no fabricar una embarcación específica, va a traer problemas operativos, pues los escasos diez nudos de velocidad de crucero del ‘Río Miño’ dejan poco margen de reacción, en las tareas asignadas a la Guardia Civil contra el narcotráfico y la inmigración irregular.
La AUGC continúa explicando que esta decisión, “apresurada sin dudas”, porque el no disponer en las plantillas del Servicio Marítimo de este Cuerpo policial, de cuadros con la titulación obligada para realizar navegación oceánica, ha obligado a contratar a personal laboral. De esta forma, nos encontramos con una patrullera de la Guardia Civil con una representación a bordo simbólica, casi de ‘pasaje’, de miembros del Cuerpo, debido a que mando y tripulación están contratados por una empresa ajena adjudicataria, a los que hasta se les ha buscado uniformes que se asemejan a los del Instituto Armado.
Aunque desde luego, lo que en nada se parecerán son las retribuciones, pues las que cobrarán los tripulantes civiles serán bastante más sustanciosas que las de los guardias civiles que llevan a bordo las verdaderas responsabilidades legales.
Lo peor es que esta decisión deja en cierto vacío legal a las patrulleras de la Guardia Civil que operan en aguas internacionales y contiguas a Senegal y Mauritania o al propio archipiélago canario, explica la AUGC.
Han transcurrido quince años desde que se fundó la inicialmente denominada Guardia Civil del Mar, periodo en el que las tripulaciones se han destacado por su profesionalidad e implicación personal en las tareas encomendadas. Pero la falta de planificación de mandos responsables y Administración, los coloca ahora en situaciones como las descritas, cuando en este intervalo de actuaciones ha habido tiempo más que suficiente de formar adecuadamente a sus dotaciones.
Finalmente, la AUGC termina diciendo que en realidad “nos encontramos ante un problema generalizable a todo el Instituto armado”, ya que la necesaria y creciente especialización de los guardias civiles, no está siendo acompasada con el correspondiente aporte presupuestario, y las consecuencias se manifiestan no sólo en los medios escasos de los que disponen para desempeñar sus labores profesionales, sino también en una mala gestión de recursos humanos, donde la formación y el reciclaje priman por su ausencia, y los exiguos o inexistentes incentivos económicos hacia los miembros de estos puestos cualificados, los hacen poco atractivos para el personal del Cuerpo.
La consecuencia inmediata para la Guardia Civil,
y por ende, para el ciudadano, es que en los cursos de especialización apenas se cubren las plazas
ofertadas, lo que obliga a recurrir con frecuencia a destinar de forma forzosa a personal sin la
experiencia adecuada.
ACFI PRESS
