Los vecinos de Castillo del Romeral acudieron esta mañana a las 07.00 horas al ‘punto cero’ de las obras para intentar paralizarlas pese a la advertencia de la delegada del Gobierno, Carolina Darias, de que ya no se pueden detener. Ya en el punto cero, leyeron el siguiente comunicado:
"El Consejo Abierto de Vecinos de Castillo de Romeral en referencia a las manifestaciones de Carolina Darias el pasado viernes quiere manifestar lo siguiente:
Que el Consejo sigue manifestando su convencimiento de que las
obras de la macro-cárcel de Maspalomas son ilegales al día de hoy, por no estar aprobado
definitivamente el PTEINPE, plan que establece la situación de la macro-cárcel en estos terrenos, al
no haber pasado por la COTMAC. Esta situación que venimos denunciando tanto públicamente como con
denuncias en los estamentos competentes, no ha tenido ningún cambio la semana pasada y lo que si ha
cambiado son las prisas de la SEIP y de Delegación del Gobierno al ver que este Consejo sigue
recabando apoyos y ganando pequeñas batallas en los juzgados.
Este Consejo de Vecinos ha
realizado numerosas consultas a distintos abogados y todas nos confirman lo anteriormente
expuesto.
La señora Darias, haciendo gala de una prepotencia y autoritarismo que creíamos había desaparecido de este país hace más de treinta años pretende aplicar en la construcción de esta macro-cárcel el rodillo, el mismo rodillo que se aplicó en otras grandes obras, como por ejemplo en la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria.
Estas amenazas de utilizar las fuerzas del orden público para defender una ilegalidad no son más que la culminación de las presiones que los vecinos venimos padeciendo de unas semanas a esta parte y que comenzaron con las multas de 900 euros diarios a los vecinos que obstaculizan el inicio de las obras ilegales cada mañana, multas que ya acumulan unos veinte mil euros.
Tenemos la esperanza de que prevalezca la cordura y que está macro-cárcel no se establezca en ningún lugar de Gran Canaria y de que los municipios de la isla encuentren un consenso para instalar una prisión adecuada a nuestra realidad tanto geográfica como social en un lugar más apropiado y no a 4 kilómetros de la zona turística que da de comer a toda la isla. Por eso reiteramos nuestra petición a los organismos pertinentes: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana o a la Agencia de Protección del Medio, de que se precinte de forma cautelar estas obras ilegales hasta que los juzgados decidan quien tiene razón".
ACFI PRESS
