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Sureste/Gas.- Silverio Matos: "No queremos una planta de gas en el Sureste" (corte 3).


Esta mañana, los alcaldes de la Mancomunidad del Sureste se reunieron con el consejero regional de Industria, Jorge Rodríguez, para analizar la instalación de una planta regasificadora en la comarca.

Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía y presidente de la Mancomunidad, explicaba que "hemos discutido mucho tiempo hoy con el consejero, y el Gobierno dice no tener una postura decidida sobre dónde va la planta, sólo que es necesaria y urgente la implantación del gas. En el Sureste tenemos claro que la Mancomunidad dice no a la planta en nuestra comarca, pero sabemos que es necesaria pero deberían ver otros sitios en tierra o mar, y no es una actitud caprichosa. Finalmente hemos quedado en plantear otra reunión con los tres ayuntamientos, el Gobierno de Canrias, el Cabildo insular e incuso el Ejecutivo central".

Por su parte, el consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez,  se ha ofrecido hoy a “mediar y buscar soluciones”  en la  ubicación en Gran Canaria de la futura planta  de gas natural. Así se lo hizo saber esta mañana  a los alcaldes de la Mancomunidad del Sureste, Silverio Matos (Santa Lucía), Antonio Morales (Agüimes), y Juan Díaz (Ingenio)  y al gerente Mancomunidad, Juan Rafael Sánchez, tras la reunión que mantuvieron en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, la primera de la presente legislatura.

En  este encuentro, el consejero reiteró la voluntad del Gobierno de Canarias de “trabajar” con la máxima celeridad posible para buscar  “el consenso entre todas las partes competentes” en la ubicación y financiación de la planta de gas natural en la isla de Gran Canaria. Ante la negativa de los acaldes de la Mancomunidad del Sureste de que la planta de regasificiación de gas natural licuado se instale en el Puerto de Arinaga, Jorge Rodríguez aclaró que el Gobierno autónomo “no tiene competencias en la ubicación” de la misma.

En este sentido, mostró su disposición a “mediar” ante los ministerios de Industria y Medio Ambiente del Gobierno de España, que son competentes en la planificación y financiación del sistema gasista, y en la evaluación ambiental, respectivamente, y  ante  el Cabildo Insular de  Gran Canaria,  que debe decidir la ubicación exacta de las  planta de gas,  a través de su plan territorial.

El consejero de Empleo, Industria y Comercio se comprometió a “promover encuentros entre las partes interesadas”, contando además con la Empresa Transportista del Gas Canarias (Gascán), a fin de intentar  buscar el consenso  en la ubicación y desbloquear la construcción de la planta de gas en Gran Canaria.

Jorge Rodríguez  recalcó tras el encuentro con los alcaldes, que la actual responsabilidad del Ejecutivo autonómico se limita a hacer todo lo que esté en su mano para que la Administración central y el Cabildo de Gran Canaria actúen y decidan cuanto antes al respecto sobre la autorización, financiación y elección del lugar para la instalación de esta infraestructura energética.

En este contexto, expuso que el Gobierno de Canarias  considera “esencial”  la  instalación de una planta de gas  donde decidan las administraciones competentes siempre y cuando cumplan una serie de  garantías fundamentales.

“La primera, la seguridad de las personas y los bienes; la segunda, el respeto al medio ambiente; la tercera, que garantice el suministro de energía de manera continua; la cuarta, que sea tecnológicamente viable;  y que sea viable económicamente, para que la financie el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”,afirmó.

El consejero de Empleo, Industria y Comercio recordó que  el Gobierno de Canarias “ha cumplido sus deberes” al diseñar un sistema energético estable para el Archipiélago, con el Plan Energético de Canarias  (PECAN) 2006-2015. Este texto prevé la próxima construcción de dos plantas  (en Gran Canaria y Tenerife) como una de las fórmulas para garantizar el suministro a la población, así como  para avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Asimismo, explicó “permitirá acercarnos al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kyoto, para sustituir el uso de combustibles derivados del petróleo por gas, lo que reduce en un 30 por ciento las emisiones de CO2”.


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