14 trabajadores de la empresa Santana Cazorla que trabajaban en el servicio de mantenimiento de vías públicas de Telde y que se vieron afectados por la sentencia del TSJC que condena al Ayuntamiento de Telde a subrogarlos o indemnizarlos ofrecieron hoy una rueda de prensa para recordar que cuentan con representación sindical (SITCA) y denuncian que "esto se ha ido de madre".
Después de la rescisión del contrato, los trabajadores acudieron a la justicia, que les dio la razón y decidió que el Ayuntamiento debía subrogarlos o indemnizarlos. Alonso criticó tanto al grupo de gobierno como, especialmente, a la oposición, recordando que la lucha de los trabajadores "no es política". En base a la sentencia, y si el Ayuntamiento indemniza a los trabajadores, la cifra se elevaría a 68.300 euros, alrededor de 11,5 millones de las antiguas pesetas, si opta por indemnizar a los 14 ex trabajadores.
"Desde hace dos semanas, cuando se filtraron nuestras sentencias en los medios por motivos políticos, esto se ha ido de madre. Lo que venimos es a comunicar que siempre hemos tenido representación sindical y que reivindicamos la sentencia que dice que tenemos derecho a subrogación o a indemnización. Nosotros queremos una vía de diálogo con el Ayuntamiento, no tenemos nada que ver con la política, tenemos nuestros representantes y somos mayores para representarnos a nosotros mismos", aseguró Jaime Alonso, ex delegado sindical junto a su compañero Francisco Medina.
Según el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (SITCA), el conflicto se debe a que desde el 21 de enero el Ayuntamiento recuperó el servicio pero se niega a asumir la contratación de los trabajadores, "a pesar de estar obligado por el convenio colectivo de la construcción", mientras que la empresa tampoco los contrata aduciendo que "no tiene relación laboral ya con el Ayuntamiento" después de que rompiera el polémico contrato que mantenía con el consistorio teldense, firmado en la época en que gobernaban PP y AFV-Ciuca.
Según recoge www.teldeactualidad.com, el contrato para el mantenimiento y reparación de las vías públicas de Telde que la entonces concejala de Contratación, María Antonia Torres (PP), adjudicó en 2004 a la empresa Hermanos Santana Cazorla por un tiempo de 7 años a razón de 2,1 millones anuales, fue anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por supuestas irregularidades. La revocación judicial de este contrato, a instancias de la empresa Pérez Moreno, se produjo antes de las elecciones del pasado mes de mayo, pero el anterior gobierno municipal del PP y AFV-Ciuca ocultó el fallo. Además, elcontrato está siendo investigado por el juez del caso Faycán, que solicitó a la administración local una copia del acuerdo.
ACFI PRESS
