El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, presidió esta mañana en la Sala de Vistas del TSJC el acto solemne con el que se inauguró el Año Judicial 2008-2009, participando también en el acto el Fiscal Jefe de la Comunidad Canaria, Vicente Garrido.
A la cita también acudieron, entre otras autoridades civiles y militares, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; el subdelegado del Gobierno, Vicente Oliva; el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez; el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez; y el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano.
Durante su discurso, y tras guardar un respectuoso y emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de Spanair del pasado 20 de agosto, el presidente del TSJC mostró su satisfacción por la reciente renovación y constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque exigió a sus componentes la necesidad de que se muestren "como órgano constitucional garante de la independencia de los Jueces y Magistrados españoles; independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia en nuestra función por otros poderes, institucionales o fácticos".
"Mostramos nuestra confianza en que, en esta nueva andadura, el Consejo General del Poder Judicial impulse la modernización de la Administración de Justicia, con el fin de que los Jueces y Tribunales puedan impartir justicia con rigor, independencia, y también con la agilidad y eficacia que esperan los ciudadanos; ofreciendo desde ahora nuestra más leal colaboración al nuevo consejo y a su presidente en la función constitucional que les corresponde", añadió.
Castro Feliciano se refirió también a la memoria de 2007 y recordó que como principales datos destacaban en la misma "el descenso en la carga de trabajo que la disminución -en relación al año anterior- de la inmigración irregular determinó para aquellos órganos judiciales de este territorio afectados por ese fenómeno, en contraste con lo ocurrido en el año 2006, en el que el sobreesfuerzo en dichos órganos jurisdiccionales fue considerable; y la labor realizada en la organización de los archivos judiciales".
Respecto a la inmigración, recordó que el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa: "Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del Territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con lo que la incidencia que ello determinó en los Juzgados de Instrucción afectados, fundamentalmente, los de los Partidos Judiciales de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde de El Hierro se vio sensiblemente aliviado en la carga de trabajo; descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos Juzgados en otras materias".
"Respecto al segundo aspecto, los archivos de la Administración de Justicia en Canarias son, sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones de la Secretaría de Gobierno, de los actuales responsables políticos en materia de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria, así como del Órgano de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, ocupando un lugar que podríamos definir como privilegiado en los últimos tiempos. No es una afirmación gratuita, por cuanto se han destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable. La actualidad ofrece un panorama más halagüeño, por cuanto se ha comenzado a trabajar de un modo coordinado en ambas provincias, estableciendo criterios homogéneos de organización y gestión archivística. Pero para continuar en esta línea y poner en marcha todo ese proceso, resulta necesaria la creación, dentro de los Servicios Comunes Generales, de la Sección de Depósito y Archivo que se encargaría de la recepción, clasificación y custodia de los efectos intervenidos en un procedimiento judicial y del archivo de los expedientes judiciales, debiendo también en este ámbito apostarse por las nuevas tecnologías no limitadas a la mera gestión informática de los archivos, sino aplicando técnicas de digitalización, microfilmación o similares, para la conservación de los documentos judiciales, con el objetivo de racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir con ello, una gestión eficaz y rentable de los Depósitos y Archivos en esta Comunidad Autónoma", indicó.
Además resaltó Castro Feliciano que los órganos judiciales de Canarias han alcanzado en el último año una tasa de resolución sólo superada por Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de Jueces y Magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver; estando aún por encima de la media del conjunto nacional, pero se ha mejorado considerablemente con respecto a años anteriores, de tal modo que de los 407.839 asuntos registrados fueron resueltos 404.003: "Queda mucho por hacer, pero la alta litigiosidad de nuestro Territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un sobreesfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos".
"No quiero finalizar mi intervención sin hacer alusión a otro tema de gran preocupación para la Sala de Gobierno: la de implantación de los Servicios Comunes Procesales. En la actualidad, existen en la Comunidad Autónoma de Canarias, dos únicos Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. No es suficiente. El Libro Blanco de la Justicia, de 1997 abordó por primera vez en muchas décadas, de una manera sistemática, los crónicos problemas de organización y de funcionamiento de la administración judicial española, por lo que, seguramente, es el texto más importante sobre los problemas que afectan a la Administración de Justicia y sobre sus posibles soluciones. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la vista de la normativa ahora vigente y de la enorme carga de trabajo que soportan determinados Órganos y Partidos Judiciales, ha interesado de los órganos competentes del Gobierno de la Comunidad Autónoma la creación de Servicios Comunes Procesales, en particular, para las Audiencias Provinciales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y para los Partidos Judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde y Arrecife de Lanzarote, en la Provincia de Las Palmas; y Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna, en la de Santa Cruz de Tenerife".
Por su parte, Vicente Garrido repasó la evolución de la criminalidad durante el último año y destacó el hecho de que la llegada de pateras y cayucos a las Islas ya no se concentran en los periodos de buen clima, sino que se ha convertido en algo habitual durante todo el año. "Las Islas Canarias se han consolidado como la supuesta 'Puerta Suroeste de Europa' para miles de personas que no dudan en arriesgar su vida para emprender una difícil singladura durante todo el año", sentenció el Fiscal Jefe de Canarias.
Garrido también pidió solidaridad a los vecinos de las zonas donde se prevé la ubicación de las nuevas cárceles de las islas: "Hoy debemos volver a mencionar la grave situación penitenciaria por la que atraviesan nuestras islas. Sin embargo, lo hacemos con la prudente esperanza de que, por fin, estemos viendo, al menos en parte, la luz al final del túnel por el aparente desbloqueo de la decisión sobre la definitiva ubicación de un nuevo centro penitenciario tanto en la isla de Gran Canaria como en la de Fuerteventura, así como a la reciente ampliación del centro existente en la isla de Lanzarote (...). Como representantes de los ciudadanos y del interés público ante los tribunales, queremos lanzar un mensaje a la sociedad en general, y a las de las localidades afectadas en particular, para que entiendan que éste es un asunto, básicamente, de solidaridad. Y al mismo tiempo, esperamos que las administraciones implicadas puedan superar las dificultades administrativas o normativas que, en su caso, se puedan plantear, para que, desde la leal cooperación institucional, y también desde el respeto al marco competencial existente, podamos resolver este problema en el plazo más breve posible".
ACFI PRESS
