La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) rechaza rotundamente que sea el Gobierno de Canarias quien designe directamente a los representantes empresariales en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ya que esto significaría una “inaceptable política intervencionista del Ejecutivo en la representación institucional de los empresarios, además de un exceso de las competencias que le vienen atribuidas a un Gobierno en un Estado de Derecho”, destaca su presidente, Sebastián Grisaleña.
Para la CCE, la propuesta realizada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Simón, en la que apunta la posibilidad de que los agentes económicos y sociales se limiten a promover una terna de nombres vinculados con la actividad portuaria y que la decisión corresponda al Gobierno de Canarias, significaría que “los empresarios estarían representados, en cada momento, por quien la Administración quisiera, con arreglo a sus intereses y a los vaivenes políticos”.
“De esta manera, en ese perverso escenario que se plantea se nos cercenaría la posibilidad de defender y representar los derechos e intereses legítimos empresariales que nos son propios, pasando a estar nuestra representación sujeta a los diferentes cambios políticos” añade Grisaleña.
La Confederación Canaria de Empresarios recuerda que goza de protección legal para garantizar su independencia con respecto a la Administración, por lo que no es viable lo que plantea el presidente de la Autoridad Portuaria, al ser un claro acto de “injerencia en la plena autonomía que la Confederación Canaria de Empresarios tiene en sus decisiones”.
La Ley y la normativa de desarrollo, atribuye a la Confederación Canaria de Empresarios, como organización empresarial más representativa, la facultad de designar sus vocales en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria con la única y neutral intención de que el Gobierno de Canarias proceda a su nombramiento con arreglo a dicha designación.
“De la misma manera que esta Institución ha respetado las decisiones del Gobierno de turno, aunque en ocasiones no las comparta, solicitamos respeto a las decisiones que adopte esta Confederación”.
Para
Grisaleña, entienden que cualquier declaración que se realice debiera respetar la libertad de
asociación de la Confederación Canaria de Empresarios, dado que “el Gobierno, según el marco
normativo y constitucional vigente, debe respetar la plena autonomía de gobierno y la independencia
de la Confederación Canaria de Empresarios”.
ACFI PRESS
