La comisión europarlamentaria de Peticiones ha escuchado y votado el cierre hoy
de la queja del concejal del grupo socialista de Arona (Tenerife), José Antonio Reverón, en contra
del Plan de Ordenación Territorial que el Cabildo Insular pretende llevar a cabo en la localidad de
Cabo Blanco-Buzanada (Arona). Además de esta comisión de la Eurocámara, a Reverón lo ha escuchado in
situ María del Pino de León, consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, que se ha
desplazado hasta Bruselas para replicar la demanda del concejal socialista.
Reverón ha
explicado ante esta comisión que sólo el hecho "de poder expresarnos aquí nos reconforta"
y ha comenzado su queja argumentando que "la gran ciudad" cuya idea "se comenzó a
gestar en 2001" ha sido "impulsada por el Cabildo de Tenerife a través de una empresa
privada" llamada "Caboges S.A.", constituida ese mismo año y "en la que
participa la entidad bancaria CajaCanarias".
Para el concejal de Arona, esa
"empresa privada obliga a los propietarios de los terrenos y viviendas" de la localidad a
encararse "con nuevas construcciones a las que no podrán hacer frente" y ha añadido que
uno de los principales inconvenientes del Plan es que "multiplicará por 10 la población
actual".
Reverón ha señalado además que entre 2001, fecha en la que se creó
Caboges, y 2006, "las propiedades privadas de la zona pasaban a manos de Caboges sin que la
gente lo supiera" y que, desde la fecha en la que el pueblo se enteró, "se han presentado
más de 6.000 alegaciones".
El edil socialista ha concluido exponiendo las tres
directivas europeas que a su juicio se vulneran con el Plan: la directiva de Evaluación Ambiental
Estratégica, la de Participación Pública y la de Contratación Pública. Asimismo, ha pedido a la
comisión europarlamentaria que se investigue el asunto y que una delegación del Parlamento Europeo
visite la zona, y ha instado a España a "que se tenga especial cuidado con los derechos de sus
ciudadanos".
Réplica del Cabildo
Por su
parte, María del Pino de León ha concretado que el plan de Cabo Blanco-Buzanada "no es un plan
urbanístico sino un plan de ordenación territorial" esencial para "dotar de las
infraestructuras necesarias para vivir a los 10.000 habitantes" de la localidad. No obstante,
de León ha matizado que el plan "todavía no está aprobado, hecho por el cual no ha entrado en
vigor".
Para echar por tierra los argumentos de Reverón en cuanto al
incumplimiento de directivas europeas, la consejera ha asegurado que la directiva de Evaluación
Ambiental Estratégica "sí se ha aplicado", además "el documento tiene un anexo de
contenido ambiental y estamos preparando un informe de sostenibilidad ambiental". Acerca de la
directiva de Participación Pública, de León afirma que han existido "grandes fases de
participación pública, ciudadana y de organismos territoriales", aunque ha reconocido que
"es cierto" que se han producido las alegaciones. Finalmente, la directiva de Contratación
Pública "sólo es aplicable a proyectos y no a planes", ha concretado.
El
representante de la Comisión Europea que ha intervenido al respecto, Jose María Ramos, ha aclarado
que son los Estados miembros los que tienen que "aplicar y gestionar las normas del
territorio" teniendo en cuenta la normativa de la Unión Europea. Ramos ha señalado que
"las autoridades del Cabildo no pretenden excluir la directiva de Evaluación Ambiental, que
hasta que no se apruebe el plan no podría aplicarse", aunque han solicitado que esa directiva
se aplique en su momento y que "se tenga en cuenta la opinón del público antes de aprobar el
plan".
Tras la intervención del eurodiputado español de Los Verdes David
Hammerstein, que ha pedido que la Comisión Europea resuelva la "cuestión de mercado
interno" de este asunto y ha votado a favor de que la petición continuara abierta, el
presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, ha convenido que escribirá
"una carta a todas las partes interesadas indicando las dudas del Ejecutivo comunitario, que no
puede pronunciarse hasta que no se hayan ratificado los planes", y ha añadido que "deben
respetarse todas las normativas de la UE y si no se respetan trataremos otra vez esta
cuestión".
Sin embargo, la petición se ha sometido a voto y ha conseguido 12 votos
a favor de su cierre y tan sólo 5 para que se mantuviese abierta, a pesar de que el
europarlamentario socialista canario Manuel Medina solicitó en nombre de su grupo que permaneciera
"abierta porque se plantean dudas que no han sido resueltas".
ACFI PRESS
