La concejala de Contratación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Dunia Santana, indicó que el desalojo y posterior ocupación del sector deportivo de Playa del Inglés es el deber del Ayuntamiento, en virtud de una sentencia "que nos obliga a ejecutar el desalojo".
"Este servicio se prestaba de manera irregular porque la adjudicación estaba vencida y la sentencia nos obligaba a adjudicar al mejor postor, pero dentro del expediente no constan las otras ofertas", añadió Santana, según recoge el portal web maspalomasahora.com. Santana manifestó que el Ayuntamiento no cuenta con título habilitante para adjudicar concesiones en la playa, motivo por el que desde hace tres años que se espera que lo haga la Administración de Costas del Estado.
"Desde el Ayuntamiento la idea es que cualquier playa disponga de los mejores servicios para los usuarios, pero no se han hecho las cosas de la mejor manera y queremos hacerlas con la mayor seguridad jurídica posible en futuras concesiones", añadió la edil sureña.
El consistorio justifica su acción al promover la ejecución inmediata de las sentencias respectivas a los recursos contenciosos-administrativos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaró la nulidad del acuerdo del pleno de la Corporación municipal, con fecha 27 de septiembre de 2002.
Asimismo, el Ayuntamiento actúa a tenor de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que confirma la finalización del contrato administrativo suscrito por el Consistorio el 28 de mayo de 2003, con inicio del día 1 de septiembre de 2003 y con una duración máxima de tres años.
El abogado del adjudicatario, Rafael Muñoz, explica que se trata de un acto administrativo "que nunca hemos comprendido", porque desde hace unos 30 años se prestan servicios deportivos en las playas. Será la primera vez en todo este tiempo en el que se verá sin este servicio y un adjudicatario sale antes de que esté nombrado el siguiente.
La sentencia de 2002 que argumenta el Ayuntamiento para el desalojo "no dice que se abandone la playa, sino que se ejecute hasta donde se pueda", reiteró Muñoz. Por este motivo, “no comprendemos cómo si la sentencia no dice que salgas de la playa, el Ayuntamiento ha tomado esta decisión y deja de prestar un servicio importante para el municipio, sobre todo ahora que se demanda un plan de ocio importante para esta zona".
El abogado reveló sus peticiones constantes a la alcaldesa, Mari Pino Torres, quien no estuvo presente, para que evitara la desaparición del servicio hasta que se nombrara un nuevo adjudicatario. Como ejemplo, citó la situación de los kioscos de la playa, que se encuentran en una situación de prorroga tácita porque no disponen de título para estar en ella.
La demarcación de Costas, todos los años otorga la concesión de los servicios de temporada, sin embargo, desde hace dos años no se les da la autorización. La defensa ha planteado distintos recursos de reposición ante el Ayuntamiento y presentado medidas cautelares y provisionalísimas ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, el adjudicatario desalojado, Toribio Guillén, rompió a llorar ante la presencia de autoridades, técnicos municipales y medios de comunicación, afectado tras abandonar una zona que explotaba durante tres décadas. "Llevaba mas de treinta años salvando vidas, me llamaba la policía a cualquier hora para colaborar en la vigilancia de la playa, y ahora estoy destrozado…una vida perdida aquí", fueron sus pocas palabras.
ACFI PRESS
