El Ministerio de Vivienda invertirá 14,5 millones de euros a la demolición de edificios, realojo temporal de sus inquilinos, urbanización de suelo y construcción de nuevas viviendas para 320 familias especialmente vulnerables de cinco áreas urbanas de Canarias. Se trata de los barrios de Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife; Mirca y Timibúcar, en Santa Cruz de La Palma; Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria; y el edificio Francisco Javier Centurión en el barrio San Honorato de San Cristóbal de La Laguna.
La inversión ha sido acordada hoy en Madrid por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en el marco de una Comisión Bilateral.
Tras la reunión, la ministra ha manifestado que si el objetivo del Gobierno de España es facilitar un hogar digno a quienes tienen dificultades para encontrar vivienda y financiarla, en el caso de Canarias “el Ministerio está realizando un esfuerzo especial por la condición ultraperiférica del Archipiélago y porque estimamos que la atención prestada a Canarias en los ocho años anteriores a la creación del Ministerio fue claramente insuficiente”.
Como prueba de este esfuerzo ha destacado las más de 30.000 familias canarias que han accedido a una vivienda, mejorado en la que están u obtenido algún tipo de ayuda de los planes del Ministerio en los últimos cinco años; o los 200 millones de euros que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) invertirá en el Parque Aeroportuario de Gran Canaria, que contribuirá a dinamizar el desarrollo económico de las Islas y que se prevé que genere 6.000 empleos.
320 nuevos hogares en Canarias con la ayuda del Ministerio
Según ha expresado Corredor, los cuatro acuerdos de renovación de cinco áreas urbanas firmados hoy suponen “un excelente ejemplo de complicidad y lealtad entre administraciones pero, ante todo, prueba inequívoca del compromiso del Gobierno de España con los canarios, especialmente con aquellos con menores recursos económicos”.
En concreto, el Ministerio destinará 6,7 millones de euros a la segunda y última fase de renovación del barrio tinerfeño de Cuesta Piedra para permitir que 108 familias que actualmente viven en infraviviendas tengan un nuevo hogar digno, de calidad y accesible en el menor plazo de tiempo. Todas las administraciones implicadas han coincidido en que se trata de un caso de infravivienda y que es necesario atender a estos vecinos con urgencia y en las mismas condiciones en las que lo fueron los de la primera fase. Por esta razón, la financiación estatal alcanza de forma excepcional el 50% del coste total de la actuación (13,4 millones de euros), que además cuenta con una partida del Ministerio de 2,4 millones de euros en esta primera anualidad de 2008.
Del mismo modo, y cumpliendo el compromiso adquirido por Beatriz Corredor en su visita a los vecinos de Timibúcar el pasado mes de octubre, se ha incluido la renovación de los barrios palmeros de Mirca y Timibúcar en la anualidad de 2008 por entender Gobierno central, regional, insular y local que la situación de deterioro de las 42 viviendas afectadas necesita de una intervención inmediata. El Ministerio asumirá el 45% del coste de esta actuación (4,1 millones), esto es, 1,8 millones de euros, de los que 900.000 euros se han incluido en la primera anualidad.
Por otra parte, el Ministerio destinará más de 4 millones de euros a la primera fase de renovación del barrio de Tamaraceite de Las Palmas de Gran Canaria, lo que supone casi el 31% del total (13,2 millones). Esta primera fase, que beneficiará a 114 familias, cuenta con 400.000 euros en la anualidad de 2008.
Por último, la ministra ha comprometido hoy 1,8 millones de euros, más del 24% del coste (7,4 millones) a la reposición de 56 viviendas de Francisco Javier Centurión, en San Cristóbal de La Laguna. En la primera anualidad cuenta con 200.000 euros.
Los acuerdos de renovación de estas áreas urbanas se han concretado después de que la ministra comprometiese en la última reunión bilateral con el Ejecutivo canario un total de 28 millones de euros para financiar en siete años siete Áreas de Renovación Urbana, esto es, las cinco mencionadas y Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife; y General Moscardó, en Icod de los Vinos. Estas últimas recibirán en torno a 3,5 y 1,5 millones de euros, respectivamente, y se firmarán en el seno de una nueva Comisión, tal como han acordado todas las administraciones implicadas.
Financiación para que otras 600 familias mejoren sus viviendas
Aparte de los acuerdos firmados hoy, el Ministerio tiene comprometidos 2,8 millones de euros a la rehabilitación de 600 viviendas situadas en San Sebastián de La Gomera (48 casas con una inversión estatal de 125.795 euros); en los barrios de Vegueta-Triana (230 viviendas, 1,6 millones de euros), y Escaleritas (160 casas, 446.135 euros), en Las Palmas de Gran Canaria; y La Verdellada (120 viviendas, 540.000 euros), en San Cristóbal de La Laguna.
Por otro lado, el Ministerio va a financiar con 145.000 euros la urbanización de suelo para 54 casas en Tacoronte y a contribuir, a través de SEPES y junto con el Cabildo de Gran Canaria, a urbanizar el suelo necesario para la construcción de 1.000 viviendas al año.
Más de 10.000 millones de euros para un millón de familias
Tras la firma de los acuerdos, Beatriz Corredor ha subrayado la importancia de la coordinación y cooperación de todas las administraciones con competencias en vivienda. “Nos debemos a la sociedad a la que servimos y por eso no podemos permitirnos el lujo de que las discrepancias tengan como consecuencia un perjuicio o un menor bienestar para los ciudadanos. La política de vivienda es un claro ejemplo de hasta que punto es necesaria la lealtad institucional y conveniente el mayor grado de consenso posible”, ha asegurado.
En ese sentido, ha destacado que ese grado de consenso se ha logrado en la elaboración del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros y al que se van a destinar 10.188 millones de euros (un 49% más que el anterior) para llegar a cerca de un millón de familias en los próximos cuatro años (un 38% más).
El nuevo Plan ha sido diseñado para conseguir que los ciudadanos con más dificultades en el acceso a una vivienda pero también las familias de rentas medias puedan disfrutar de un hogar digno, asequible, accesible y eficiente energéticamente; y para hacer frente a la actual coyuntura económica reactivando el sector inmobiliario y generando empleo.
Para lograrlo, el Plan apuesta decididamente por el alquiler destinando al mismo el 40% de la suma de las actuaciones protegidas de nueva construcción y de las procedentes de la rehabilitación destinadas a este fin. Por ello y para conseguir un parque de viviendas protegidas en alquiler se mantienen las ayudas a la adquisición y urbanización de suelo y a la promoción de estas viviendas además de las ayudas a los inquilinos.
EL PEVR contempla la promoción de viviendas protegidas para venta, uso propio o alquiler, alquiler con opción de compra, y la promoción de alojamientos para colectivos específicos o especialmente vulnerables. En este sentido se va a financiar la construcción de 352.000 nuevas viviendas.
La rehabilitación se convierte en otro de los ejes prioritarios del Plan con una previsión de actuar sobre 470.000 viviendas, un 250% más que las del Plan anterior. Se incluye, además, como programa específico, el Plan RENOVE para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad.
El PEVR establece una serie de medidas coyunturales con una triple finalidad: reactivar el tejido empresarial del sector inmobiliario, ayudando a frenar el desempleo, aprovechar el stock de viviendas libres sin vender para incrementar el parque de VPO siempre que los promotores apliquen los precios de ésta y evitar que la transición del Plan 2005-2008 al nuevo provoque un frenazo en la actividad inmobiliaria.
Como novedad el Plan establece que los prestamos convenidos podrán ser a tipo fijo o interés variable. En este caso, el tipo de interés será igual al último Euribor a 12 meses correspondiente al mes anterior a la fecha de formalización o revisión más un diferencial de 65 puntos básicos.
ACFI PRESS
