El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a la firma de la adenda de modificación y prórroga del convenio de colaboración firmado entre el Servicio Canario de la Salud y el Consejo Canario de Colegios de Abogados, para la prestación del servicio de asistencia jurídica especializada al personal de los centros en caso de agresión derivada del ejercicio de sus funciones.
De esta manera, la Consejería de Sanidad prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2009 el convenio de colaboración, que se modifica en dos de sus cláusulas para recoger los gastos derivados por el desplazamiento de los abogados a las islas no capitalinas.
En el segundo año de vigencia del convenio, 70 profesionales del Servicio Canario de la Salud han solicitado asistencia jurídica especializada, por haber sufrido alguna agresión en el ejercicio de la actividad laboral. En el año 2008, el número de comunicaciones de agresiones a trabajadores del ámbito sanitario asciende a 244.
El convenio, que se prorroga por otro año, tiene como finalidad el asesoramiento y orientación jurídica gratuita, así como la prestación del servicio de asistencia letrada, en materia civil y penal, en los procedimientos judiciales que dimanen o están relacionados con agresiones sufridas por el personal del SCS durante la actividad laboral.
Respecto a las obligaciones de las partes, al Consejo Canario de Colegios de Abogados le corresponde procurar la infraestructura necesaria y aportar la máxima rapidez en la designación de asistencia jurídica profesional y en el sistema de cita previa, a través de cuantos medios se estime necesario.
Por su parte, el SCS realiza las intervenciones que le competan en cuanto a la tramitación y evaluación de las solicitudes que se presenten.
En el supuesto de que un trabajador manifieste ante la institución responsable la intención de solicitar el servicio de Asesoramiento Jurídico Especializado, la Gerencia correspondiente, una vez evaluada la solicitud, la cursará ante el Ilustre Colegio de Abogados correspondiente a su partido judicial, quien designará un letrado al trabajador agredido.
En ningún caso, el Colegio de Abogados atenderá solicitudes directas de particulares que no vengan de las Gerencias. Para los casos de extrema urgencia, se establecerá un sistema de designación de asistencia letrada inmediata, siempre a solicitud de las instituciones sanitarias competentes.
13.892.856 euros para el desarrollo de varias medidas con jóvenes sujetos a medidas judiciales
El Gobierno de Canarias ha autorizado la realización del gasto que conlleva, por un lado, la suscripción de la adenda segunda por la que se prorroga el convenio de colaboración, formalizado el 1 de junio de 2007, por la extinta Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y la Fundación canaria de Juventud Ideo, para la ejecución de medidas de internamiento cerrado, semiabierto y terapéutico en régimen cerrado y semiabierto, adoptadas por los jueces de menores en el complejo Valle Tabares, por un importe de 9.471.750 euros.
Con fecha 1 de junio de 2007, la extinta Consejería de Empleo y Asuntos Sociales suscribió con la Fundación Canaria de Juventud IDEO un Convenio de colaboración que tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la ejecución, por parte de la referida Fundación, de las medidas de internamiento de régimen cerrado, semiabierto y terapéutico, en los regímenes cerrado y semiabierto, adoptadas por los Jueces de Menores en los términos establecidos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el Complejo de Valle Tabares.
El citado Convenio establecía una vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2007, disponiendo, a su vez, la posibilidad de prórrogas, previa conformidad de las partes, con la acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la suscripción de la correspondiente Addenda de prórroga.
Con fecha 1 de enero de 2008, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Fundación Canaria de Juventud IDEO suscribieron la Addenda Primera de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2008. En consecuencia, y próxima a expirar de nuevo la vigencia del Convenio, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda proyecta suscribir la Addenda Segunda de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009.
Por otro lado, el Gobierno también ha autorizado la realización del gasto que conlleva la suscripción del convenio de colaboración ente la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Fundación Canaria para la Formación y el Empleo “Forem Canarias”, para el desarrollo de las medidas de asistencia a centro de día, permanencia fin de semana en domicilio y liberad vigilada, adoptadas por los jueces de menores, por un importe de 4.421.106,30 euros.
El referido proyecto de Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la ejecución de las medidas de asistencia a centro de día, permanencia fin de semana en domicilio y libertada vigilada, adoptadas por los Jueces de Menores en los términos establecidos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
12.210. 883 euros para atender a menores extranjeros no acompañados
El Gobierno de Canarias autoriza la realización del gasto que conlleva la suscripción del convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Organización solidaria Mundo Nuevo para la gestión de los dispositivos de emergencia de atención a los menores no acompañados por un importe de 7.711.200 euros.
Debido a la proximidad geográfica del Archipiélago Canario con el continente africano y a otros factores de índole social y económico, la Comunidad Autónoma de Canarias es receptora de una importante población infantil extranjera, lo que le ha llevado a dedicar enorme atención y esfuerzos encaminados, en todo momento, a dar una respuesta humanitaria que garantice unas condiciones de vida dignas a todas las personas que llegan a nuestro territorio.
La Comunidad Autónoma de Canarias, como Entidad Pública competente en materia de menores, debe velar por el bienestar de todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en el Archipiélago y muy especialmente de aquéllos que se encuentren en situación de desamparo, debiendo adoptar las medidas previstas en el Código Civil, y que hacen referencia a la asunción de la tutela por ministerio de Ley, a la guarda asistencial o administrativa y al acogimiento.
Aunque en el último año ha descendido la llegada de cayucos y de inmigrantes adultos sin embargo al alejarse los puertos de salida, las muertes han aumentado, y también el número de niños que viene en cada cayuco, disminuyendo además su edad.
En el mismo sentido el Gobierno ha acordado abonar, a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, la cantidad de euros 4.286.070.00 para la prestación del servicio de atención integral de los usuarios de los Dispositivos de Emergencia de Atención a Menores Extranjeros No Acompañados situados en las islas de Tenerife y Gran Canaria, así como una subvención directa a la asociación Insert para financiar los gastos derivados del proyecto “pisos tutelados para jóvenes extranjeros, por un importe 213.613 euros.
En la actualidad Canarias tutela a 1.427 niños africanos procedentes de la inmigración clandestina, de ellos 178 se encuentran en diferentes organizaciones no gubernamentales en el territorio peninsular, concretamente en las Comunidades autónomas de Madrid, Castilla León, Murcia, Valencia, Extremadura y Asturias.
Los ocho dispositivos de emergencia del Gobierno de Canarias acogen a 910 niños, mientras que en los hogares normalizados de los Cabildos Insulares se atiende al resto de los niños en pequeños centros. En total Canarias mantienen un total de 30 centros. En 2008 han llegado a Canarias 813 niños, 61 más que el año anterior.
Aprobadas las directrices de elaboración del Plan de Vivienda 2009-2012
El Gobierno de Canarias ha acordado aprobar las directrices de elaboración del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012. El Plan de Vivienda de Canarias ha venido siendo el instrumento empleado por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para, desde el ejercicio de las competencias en materia de vivienda, ordenar y coordinar periódicamente las acciones públicas encaminadas a promover y fomentar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.
Los diversos Planes de Vivienda aprobados hasta la fecha, se han propuesto alcanzar esta finalidad mediante la previsión de una serie de actuaciones encaminadas, esencialmente, por un lado, a lograr y mantener niveles adecuados de actividad en el área de vivienda, y por otro, a velar por aquellos sectores de la sociedad con menos recursos y, por consiguiente, con un mayor grado de dificultad de acceso a la vivienda.
Precisamente, y al margen de los logros alcanzados a través de cada uno de los Planes de Vivienda, y en particular, del vigente correspondiente al periodo 2005-2008, los constantes cambios económicos, sociales y demográficos que inciden en la situación de la vivienda en Canarias, unido a la especial coyuntura de crisis actual, así como la propia finalización del periodo de vigencia del mismo, determinan la necesidad de elaborar un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que se adecue a las necesidades actuales en la materia.
El artículo 73 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, dispone que el Plan de Vivienda es el instrumento de ordenación, programación y coordinación de la actividad de fomento de vivienda y suelo que realicen las Administraciones Públicas competentes, con el fin de atender las necesidades de vivienda existentes en Canarias y hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
Así, y teniendo en cuenta las directrices aprobadas, el Plan deberá contemplar la evaluación del grado de ejecución y cumplimiento del anterior Plan de Vivienda; el análisis de las necesidades de vivienda y suelo destinado a este uso en cada una de las islas; el análisis de las necesidades de equipamientos y servicios complementarios que tengan las viviendas y grupos existentes; la priorización de las actuaciones, atendiendo especialmente a las necesidades de los grupos de población con menores recursos económicos; las medidas jurídicas, económicas y administrativas necesarias; y los recursos económicos necesarios para financiar los objetivos del Plan.
Entre los principales objetivos del Plan de Vivienda de Canarias, de carácter eminentemente social, destacan los mayores esfuerzos públicos que destinará a facilitar el acceso a una vivienda a las familias con menores recursos, especialmente a las que no superen los 2,5 veces el IPREM.
Asimismo, se considerarán colectivos preferentes en el nuevo Plan junto a las familias con menores recursos, a los jóvenes, personas mayores de 65 años, mujeres victimas de violencia de género, familias numerosas o con personas dependientes a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad oficialmente reconocidas, personas legalmente separadas ó divorciadas.
Seguirá manteniéndose en el Plan de Vivienda de Canarias un programa específico para los jóvenes canarios con ayudas adicionales en función del nivel de renta, teniendo en cuenta que este colectivo es el que presenta una mayor dificultad de acceso a la vivienda.
Se continuará impulsando la construcción de viviendas protegidas para lograr que todos los canarios puedan acceder a una vivienda a precios asequibles, adaptada a los distintos niveles de rentas. Se paliará con ayudas y/o subvenciones el superior coste de la construcción de las viviendas protegidas en las islas no capitalinas, especialmente las dirigidas a las familias con menores niveles de renta.
El fomento del alquiler seguirá siendo una línea prioritaria del Plan de Vivienda de Canarias, a través de la oferta de viviendas en arrendamiento, tanto a través de la construcción de viviendas nuevas como de viviendas existentes, con la finalidad de ampliar la tenencia de viviendas en este régimen.
Se seguirán potenciando las Bolsas de Vivienda del Gobierno de Canarias con el objetivo de movilizar el parque de viviendas vacías para incrementar la oferta de acceso a una primera vivienda, principalmente en régimen de arrendamiento, incentivando igualmente la rehabilitación de las mismas.
La Rehabilitación y la reposición será también una de las líneas estratégicas del Plan de Vivienda, en la medida que actualmente existe en las islas un parque de viviendas con una antigüedad que, en algunos casos, requiere incluso de reposición, para adecuarlas a las calidades actuales, mejorando la accesibilidad etc.
Se pondrá en marcha el Registro Público de demandantes de viviendas protegidas de Canarias garantizando que el acceso se realice en condiciones de igualdad, con la obligatoriedad de inscripción para las personas o unidades familiares que deseen ser adquirentes o adjudicatarios de una vivienda protegida, en venta o en alquiler, tanto de promoción pública como privada.
Por último, se impulsará el concepto de vivienda sostenible y accesible, de forma que las viviendas que se construyan o se rehabiliten cumplan los estándares más avanzados en cuanto a diseño y calidad.
Autorizados convenios con los cabildos para la financiación del Transporte Regular de Viajeros por Carretera
El Gobierno de Canarias decidió esta mañana autorizar la propuesta del consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, de firmar los convenios de colaboración con los Cabildos Insulares que permitirán financiar, por el Estado y por el Gobierno de Canarias, con 46 millones de euros, el transporte regular de pasajeros que se presta por las empresas de guaguas en las Islas y las infraestructuras de transporte del eje transinsular.
Los convenios tienen por objeto establecer el régimen de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la financiación del transporte terrestre regular de viajeros en las Islas Canarias.
Según el acuerdo alcanzado por la Conserjería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, el documento tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de este mismo año y supone un acuerdo puente hasta que se negocie el nuevo convenio cuatrienal, tal y como venía ocurriendo en los últimos tiempos.
Por parte de la Administración General del Estado se realizarán aportaciones por importe de 23,2 millones de euros y por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias 22.9 millones de euros.
Estas aportaciones se realizarán a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y se transfieren a los Cabildos Insulares, competentes en materia de transporte terrestre, para dar cobertura a la financiación del transporte público regular de pasajeros.
El Gobierno de Canarias une los fondos propios a los que recibe de la Administración General del Estado y los distribuye entre los Cabildos de las distintas islas, de acuerdo con los criterios establecidos, con objeto de que se pueda satisfacer la oferta básica del servicio público esencial de transporte terrestre de viajeros y se garantice la movilidad de la ciudadanía en cada territorio insular.
Las cantidades a aportar por las Administraciones General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias se destinarán a financiar el coste derivado de la oferta básica del servicio público esencial que defina la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El libramiento de la anualidad correspondiente a la Administración General del Estado se efectuará, tras la firma del presente Convenio,"A la Comunidad Autónoma de Canarias para apoyo y fomento del transporte colectivo en las distintas Islas, para la financiación del transporte regular de viajeros en el año 2008, según Convenio suscrito con el Estado". La parte correspondiente a la Comunidad Autónoma ya ha sido enviada a los Cabildos Insulares con cargo al servicio 90 de competencias transferidas.
El Convenio establece que la oferta máxima kilométrica anual subvencionable - Oferta Básica de Servicio Público (OBSP ) en kilómetros realizados anualmente en canarias asciende a 88'125 millones de kilómetros.
En los últimos cuatro años, desde principios del 2004 hasta finales del 2007, el coste por kilómetro ha pasado de 1,97 euros a 2,35 euros, lo que supone un incremento del 19,2%; mientras, en el mismo período, según los datos del INE, el índice de precios del "grupo transportes" varió un 22,8%; es decir, se aprecia una moderación del coste medio del kilómetro en Canarias que, en el período analizado, evoluciona por debajo de la inflación.
Aprobado el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del Transporte Marítimo
El Gobierno de Canarias a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley Territorial 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias y solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de Urgencia, directamente y en lectura única.
La citada Ley Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias fue aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2007 y tras su entrada en vigor, el Ministerio de Administraciones Públicas remitió al Gobierno de Canarias los reparos formulados por el Ministerio de Fomento respecto a algunos puntos concretos de su articulado.
Con el fin de superar tales reparos, en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, se realizaron las negociaciones oportunas y el 23 de enero de 2008, la citada comisión adoptó el acuerdo por el cual el Gobierno de Canarias se comprometía a realizar los trámites oportunos a fin de modificar la redacción del artículo 31.7 de esta ley en los términos acordados.
Así pues, la finalidad de esta ley territorial es, principalmente, modificar parcialmente la Ley, de Ordenación del Transporte marítimo de Canarias para dar exacto cumplimiento del citado Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, dando nueva redacción al artículo 31.7. Por otra parte, conviene también modificar otros preceptos de la ley, en aras de acomodarla al vigente ordenamiento jurídico comunitario y estatal.
En primer lugar, se suprime el apartado e) el artículo 9.1 que recoge como uno de los requisitos para realizar transporte marítimo en las islas: “…estar inscritos en el Registro de empresas navieras, regulado en la ley 27/1992, modificada, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, o norma que lo modifique.” Este apartado generaba confusión en cuanto a la nacionalidad exigible al armador o naviero para realizar servicios de transporte marítimo en Canarias, obligando a los armadores comunitarios, no españoles, que sean propietarios de un buque de bandera española, lo que se opone al principio de libre prestación de servicios aplicables a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros. Por ello se suprime dicho apartado.
En el mismo sentido, el artículo 16 apartado 1), queda redactado como sigue: “1. El Gobierno de Canarias determinará las líneas de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que satisfagan las necesidades básicas de comunicación entre puertos o puntos del litoral de Canarias, fijando las condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad y precio del servicio, que se consideran mínimo indispensable para garantizar una atención suficiente, con especial atención a los costes derivados de la doble y triple insularidad para el caso de la Isla de La Graciosa.”.
Con lo cual el término “entre islas” se sustituye por “entre puertos”, al objeto de ajustar técnicamente la ley a la normativa europea, que permite que las autoridades puedan establecer determinadas obligaciones de servicio público con indicación expresa, entre otros, de los puertos, en aquellas líneas que sean esenciales para garantizar el transporte regular de pasajeros y mercancías, cuando la oferta del mercado sea insuficiente.
Igualmente, el artículo 24 1.f) queda redactado como sigue: “f). Obtener el reembolso del billete o, en su caso, acceder a un transporte alternativo, lo más rápido posible y de calidad análoga, en los supuestos de cancelación, suspensión sí el desplazamiento en un momento posterior resulta inútil, o denegación de embarque no imputable al interesado, salvo causa de fuerza mayor”. Se suprime en este caso, el inciso “en los supuestos de retraso de una hora” pues entra en contradicción con lo estipulado en le apartado g) del mismo artículo que regula los supuestos de compensación en casos de retrasos.
En el caso del apartado 7 del artículo 31 de dicha ley, se modifica la redacción del artículo estableciendo como infracción muy grave, “la modificación de las circunstancias o requisitos acreditados para ejercer la actividad al realizar la comunicación previa, o la falsedad de la declaración responsable a que se refiere el artículo 8.3”.
Por último, la Disposición Adicional Segunda referida a las bonificaciones a usuarios residentes establecía que: “ a los efectos de la percepción de las bonificaciones en los transportes de viajeros establecidas por razón de la residencia en canarias, bastará exhibir el documento nacional de identidad o documento equivalente.” Dicho precepto está afectado por el Real Decreto 240/ 2007 de 16 de febrero, que suprime la tarjeta de residente para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y el Real Decreto 1316/2001, modificado por el Real Decreto 1340/2007 de 11 de Octubre que regula las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla .
Todo ello hacía necesario la modificación de la citada Disposición Adicional Segunda con la siguiente redacción : “A los efectos de la percepción de las bonificaciones en los transportes de viajeros establecidas por razón de la residencia en Canarias respecto a su acreditación se estará al procedimiento reglamentariamente establecido” .
El Gobierno envía al Consejo Consultivo las obligaciones de servicio público del transporte marítimo regular
El Gobierno de Canarias aprobó hoy solicitar un dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Régimen Especial de Prestación de los Transportes Marítimos Regulares, es decir, las obligaciones de servicio público que se prestarán en las Islas a partir de la aprobación de este documento.
Este decreto tiene por objeto desarrollar el régimen especial, mediante la identificación de las líneas que satisfacen las necesidades básicas de comunicación y la fijación de sus condiciones mínimas de prestación, el desarrollo del régimen de aplicación de obligaciones de servicio público y sujeción a autorización previa, y la regulación de los contratos de obligación de servicio público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias.
Por tanto, en dicho texto se establece el marco jurídico general en el que conciliar la libertad de prestación de servicios de cabotaje marítimo con la necesidad de contar en las islas con un transporte marítimo regular, de pasajeros y mercancías, suficiente y de calidad.
En orden a garantizar ese equilibrio, la Ley diseña los instrumentos que pueden ser empleados en caso de insuficiencia del mercado para atender las necesidades básicas de comunicación marítima del archipiélago, de acuerdo con las posibilidades y límites que establece la normativa comunitaria de directa aplicación.
Concretamente, los mecanismos de intervención son los siguientes: determinación por el Gobierno de las líneas de transporte marítimo que atienden necesidades básicas de comunicación de las islas y establecimiento de las condiciones mínimas de regularidad, frecuencia, capacidad y precios de referencia; evaluación de la suficiencia o insuficiencia del mercado con respecto a esas necesidades en cada una de las líneas; en caso de insuficiencia, establecimiento de las condiciones mínimas como obligaciones de servicio público de la línea correspondiente y sujeción de la prestación a un régimen de autorización administrativa previa, objeto de revisión periódica; y, en caso de que ninguna compañía accediera a prestar el servicio, convocatoria de un contrato de obligación de servicio público.
Por otra parte, este decreto es básico para que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias disponga de instrumentos jurídicos con los que atender la demanda de más y mejores servicios de transporte marítimo regular, tanto de pasajeros como de mercancías, que respondan a las necesidades de cada una de las islas. Esta realidad exige una respuesta del Gobierno que pasa por contar con los mecanismos diseñados para garantizar la suficiencia de los servicios de transporte marítimo regular.
En caso de insuficiencia del mercado para atender las condiciones mínimas de una línea determinada, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, competente en materia de Transporte Marítimo queda legitimada para imponer obligaciones de servicio público y para someter su prestación a un régimen de autorización administrativa previa con el fin de asegurar la suficiencia del transporte regular en relación con las necesidades básicas aprobadas.
No obstante, de acuerdo con las circunstancias particulares que puedan concurrir en la línea afectada, la citada Consejería podrá concretar, ajustar o ampliar las obligaciones de servicio público establecidas en este decreto, siempre referidas a la regularidad, continuidad, frecuencia, puertos a los que se deba prestar el servicio, previa instrucción de un procedimiento en el que quede garantizada la objetividad, transparencia, no discriminación de las medidas que se adopten y en el que se asegure la participación de los interesados y la publicidad de la actuación.
Si se declara la situación de insuficiencia en una línea determinada, la decisión de someter el transporte a un régimen de autorización previa se adoptará previa audiencia de los interesados, entre ellos los armadores que vinieran operando en la línea afectada y los consejos de usuarios de las islas afectadas. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público se garantizará por las empresas navieras autorizadas para la prestación de tales servicios constituyendo una garantía económica, a disposición de la Comunidad Autónoma de Canarias.
7.200.000 para Naviera Armas y Fred Olsen por el transporte de viajeros canarios
El Gobierno de Canarias aprobó, en su consejo de esta mañana, la propuesta del consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, de reembolsar a Naviera Armas, S.A y Fred Olsen, S.A, las subvenciones al transporte que les corresponden por los viajeros residentes en Canarias que utilizaron el transporte marítimo durante el tercer trimestre de 2008 y que ascienden a un total 7.200.000 euros, 2.900.000 y 4.300.000 euros respectivamente.
A lo largo de 2008, el Gobierno de Canarias ha subvencionado el viaje de los canarios entre las Islas por un montante total de 23,77 millones de euros. De esta manera se compensa la subvención del 25% del precio de los billetes que el Ejecutivo ofrece a los residentes.
El Decreto que establece las subvenciones indica que a las empresas navieras debidamente autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros, les serán reembolsadas trimestralmente las cantidades descontadas en los billetes que adquieran sus clientes con derecho a la bonificación regulada en dicho decreto. Actualmente, dicha bonificación está fijada en el 25% del precio del billete, conforme a lo previsto en el Decreto 191/2006, de 26 de diciembre.
Para las subvenciones del 2008 el Gobierno de Canarias habrá reembolsado a las navieras Naviera Armas, S.A, Fred Olsen, S.A, Transmediterránea, Garajonay Expréss, S.L(La Gomera) y Líneas Marítimas Romero, S.L (La Graciosa) un total de 23.770.000 euros distribuidos en los cuatro trimestres lo que ha supuesto durante el primer trimestre un total de 4,94 millones de euros; 5,59, durante el segundo; 7,80, durante el tercero y, 5,43, correspondientes al último trimestre del ejercicio pasado realizados con cargo a los presupuestos del 2008.
El Gobierno incrementa en 49.428 euros el crédito del Plan para Acogida e Integración de personas inmigrantes
El Gobierno de Canarias ha autorizado una transferencia de crédito de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para incrementar la línea de actuación denominada “Plan de Acción para Acogida e Integración de los inmigrantes”, por importe de 49.428, 24 euros.
Este Plan es fruto de la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración General del Estado, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes residentes en Canarias.
Las actuaciones recogidas en este Plan se enmarcan en diez ejes de carácter sectorial (acogida, educación, empleo, servicios sociales, vivienda, salud y participación), y tres de carácter transversal (igualdad de trato, perspectiva de género, y sensibilización). A través de las mismas, y siempre en el marco de referencia de estos ejes, la Comunidad Autónoma de Canarias establece sus prioridades atendiendo a las peculiaridades del territorio y las características de la población inmigrante y sus necesidades.
En dicho Plan se contemplan programas de información, de traducción, de formación y asesoramiento, de mediación, de integración, de orientación, de inserción sociolaboral, y de participación de los inmigrantes, así como de programas de acogida integral que incluya plazas de alojamiento y manutención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad, de atención a las familias inmigrantes, de apoyo a los jóvenes, y a las mujeres inmigrantes.
Luz verde a la integración del HUC y otras unidades asistenciales en el SCS
El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a la firma del acuerdo entre el Servicio Canario de la Salud y el Cabildo Insular de Tenerife que instrumentalizará las condiciones de integración del Hospital Universitario de Canarias y determinadas unidades asistenciales del Hospital Psiquiátrico de Tenerife en la red de centros sanitarios del SCS.
Con esta autorización, la Consejería de Sanidad está ya en disposición de suscribir junto al Cabildo de Tenerife el acuerdo que permitirá fijar las condiciones de integración efectiva, a partir del 1 de enero de 2009, para lo que se convocará antes de finalizar el año un consejo de administración del Consorcio Sanitario de Tenerife (CST), con carácter extraordinario.
Se trata de uno de los trámites finales del proceso administrativo impulsado el pasado 29 de abril con la aprobación por el Consejo de Administración del CST de la propuesta de integración, un importante acuerdo adoptado por unanimidad que dio paso a la creación de una comisión que articuló las pautas del proceso y designó a los peritos correspondientes.
La autorización del Gobierno de Canarias y de la Corporación Insular para la disolución del Consorcio y la integración del HUC y las unidades del Hospital Psiquiátrico en el Servicio Canario de la Salud fue adoptada en el mes de julio.
A continuación, el consejo de administración del Consorcio Sanitario de Tenerife creó una comisión encargada de la liquidación del patrimonio del Consorcio y otra para la negociación de las condiciones de integración del personal.
Esta última, finalizó su tarea el 13 de noviembre con la firma de un acuerdo con la totalidad de las organizaciones sindicales representadas en el Comité de Empresa, que recoge, entre otros aspectos, que la integración del personal será un proceso voluntario, de aplicación a los trabajadores que expresamente lo soliciten.
Asimismo, del trabajo realizado en el seno de esa Comisión resultó la obtención de un nuevo convenio colectivo de los trabajadores, que fue definitivamente aprobado en la sesión ordinaria del consejo de administración del CST celebrada el pasado lunes, día 15.
Respecto a la Comisión Liquidadora, la propuesta de liquidación y distribución del patrimonio neto resultante fue presentada al mismo consejo del día 15, así como la proposición de adscripción del personal, contratos y convenios.
Regulado el decreto de transporte de animales vivos en el Archipiélago
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto que regula el procedimiento de autorización de transportistas, medios de transporte y contenedores de animales vivos en la comunidad autónoma y crea su registro, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
La norma es de aplicación a los transportistas de animales vivos cuyo domicilio o sede social se encuentre en el ámbito territorial de Canarias y a los medios de transporte y contenedores de estos animales, pertenezcan o no a un transportista. El procedimiento se iniciará a petición del interesado, mediante la presentación de las solicitudes aprobadas por el Gobierno, que pueden descargase a través de Internet.
El Gobierno considera oportuno regular este proceso debido a que el transporte de animales en las Islas, al igual que sucede en el resto del Estado, y por extensión, en la Unión Europea, constituye un aspecto de enorme relevancia dentro del ámbito de la producción ganadera, sobre el que convergen numerosas actuaciones administrativas, que resulta necesario ordenar y racionalizar. Para acceder al registro, será necesario haber sido autorizado conforme a lo dispuesto en el decreto.
La autorización tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la notificación de la resolución de concesión de la misma, si bien podrá ser renovada por periodos de cinco años de duración, siempre y cuando el solicitante presente nueva solicitud como máximo, dos meses antes de la finalización de su período de vigencia.
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, al establecer la ordenación sanitaria del mercado de los animales, determina que los medios de transporte de animales, y las empresas propietarias de éstos, deberán estar autorizados por la Comunidad Autónoma en la que radiquen, al tiempo que deben cumplir con las normas higiénico–sanitarias y de protección de los animales aplicables, así como llevar para cada medio de transporte, un registro donde se reflejen todos los movimientos de los animales.
El Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante su transporte, establece la obligatoriedad de que todo transportista figure inscrito en un registro, de manera que las autoridades puedan identificarlo. Así mismo, esta norma contempla determinados requisitos relativos al registro de los transportistas que deben ser recogidos por el presente Decreto.
El Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte, entre otras cuestiones, crea el Registro General de transportistas, contenedores y medios de transporte de animales vivos integrando datos obrantes en los registros autonómicos y establece la obligatoriedad de que las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas inscriban en un registro a los transportistas de animales vivos cuyo domicilio se ubique en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma que correspondan, así como a sus contenedores y medios de transporte.
En este sentido hay que tener en cuenta, que la Comunidad Autónoma de Canarias, en el desempeño de sus competencias, expide certificados sanitarios y otros documentos relacionados con el traslado o movimiento de animales, junto a los que debe constar información relativa al transportista, al contenedor, y al medio de transporte utilizado.
Este marco normativo se completa con la referencia a la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Esta Ley dispone un conjunto de principios relativos al cuidado de los animales, así como el cuadro de infracciones y sanciones que dota de eficacia jurídica las obligaciones establecidas en la normativa aplicable.
Autorizadas inversiones de más de 5,4 millones en Empleo y Comercio
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio presentó al Consejo de Gobierno de hoy un total de ocho proyectos de inversión, para desarrollar el Comercio y potenciar el Empleo en cinco islas diferentes, cuyo importe global asciende a 2.725.552,28 euros.
En el área de Comercio, el Gobierno de Canarias aprobó tres subvenciones directas y dos transferencias de capital. Las subvenciones van dirigidas a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Las Palmas. La Cámara de Lanzarote recibirá 450.000 euros para las instalaciones y equipamiento de su futura sede; la de Fuerteventura, 300.000 euros para crear un vivero de empresas y la de Las Palmas obtendrá 450.000 euros para su programa de mejora de los equipamientos para los servicios a pymes del Comercio y la Industria.
Por otra parte, las dos transferencias de capital aprobadas ascienden a unos importes de 293.000 y 465.000 euros, respectivamente, y están destinadas al proyecto de inversión denominado “Cabildo de Tenerife: Zonas Comerciales Abiertas”.
En el área de Empleo, las partidas aprobadas hoy pretenden ampliar el alcance de la experiencia piloto “TRABAjoven FP 2008”, en vista de la buena acogida del programa por parte de los empresarios de los polígonos industriales de Canarias.
Así, la Asociación de Empresarios de La Palma, Cepyme-La Palma, recibirá 251.552,28 euros para pagar los gastos de la Seguridad Social de los titulados de FP que contraten con cargo a este programa. La Asociación de Empresarios Asecu, de La Cuesta-Taco-Finca España-Los Majuelos recibirá 300.000 euros por este concepto, mientras que la partida para la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, Cecapyme, asciende a 216.000 euros.
Con esta aportación, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias profundiza en una de las líneas de actuación de la Estrategia de Empleo en Canarias 2008-2013, como es el fomento de la empleabilidad de los jóvenes de Canarias.
Por otra parte, en el Consejo de Gobierno celebrado hoy se ha incluido la aprobación de transferencias de crédito por importe total de 2.711.274,32 euros para incrementar la inversión en materia de Empleo, concretamente, en los convenios con corporaciones locales, escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio
1.272.368,18 euros para el Cabildo de Gran Canaria para reformar el Centro Sociosanitario Nuestra Señora de El Pino
El Gobierno de Canarias ha autorizado la concesión, de forma directa, de una subvención al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para la ejecución del proyecto “Reforma del Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Pino Fase II”, por importe de 1.272.368,18 euros.
El municipio de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un edificio de once plantas, antiguo Hospital de Ntra. Sra. del Pino, cedido en 2001 a la Comunidad Autónoma de Canarias por la Administración del Estado, figurando en convenio la utilización por parte del Cabildo de Gran Canaria, en principio, de las plantas 2ª a la 4ª, y a partir de 2005 se incorporan el resto de las plantas, bajo y sótano del edificio. Dicho inmueble presenta una serie de deficiencias, en su mayor parte debidas a la antigüedad del edificio, así como para su adaptación y cumplimiento con la normativa vigente.
En este sentido, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria viene acondicionando este inmueble, que, debido a los condicionantes económicos que padece la citada Entidad, no ha sido posible finalizar, debiendo acudir al apoyo financiero de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias para continuar su adaptación y reforma.
La concesión de esta subvención supondrá el desarrollo de actuaciones encaminadas a posibilitar la prestación de un servicio especializado, dirigido al colectivo de personas dependientes, a fin de que en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se disponga de un centro residencial y de estancia diurna que permita la atención integral de estas personas, favoreciéndoles una vida digna y contribuyendo a resolver situaciones de problemática familiar, social o económica existente en cada caso.
La primera fase de este centro sociosanotario cuenta con 73 plazas de alto requerimiento y 66 de medio requerimiento, además de 50 de estancia diurna de calidad.
768.608,73 euros a tres ayuntamientos para la construcción de escuelas infantiles
El Gobierno de Canarias ha autorizado la concesión, de forma directa, de una subvención específica a tres ayuntamientos con destino a sufragar parte de los gastos derivados de la ejecución del proyecto “Construcción de Escuela Infantil Municipal”, por un importe total de 768.608,73 euros.
En concreto, se concede una subvención al Ayuntamiento de Los Silos, por importe de 195.000 euros. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona recibe una subvención de 370.500 euros; y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, recibe 203.108,73 euros.
La construcción de dichas escuelas supondrá la cobertura de las necesidades básicas, el cuidado y la atención educativa de los niños de 0 a 3 años de dad, ofreciendo además un servicio de información, educación y orientación a los padres de los menores.
Asimismo, se intenta la conciliación de la vida familiar y laboral, proporcionando nuevas oportunidades a las mujeres que, teniendo ya dificultades para poder optar a un puesto de trabajo, tienen como agravante para sus expectativas de acceder al mercado laboral, el estar a cargo de menores de edad.
Las escuelas infantiles se conciben como un recurso para hacer efectivo el apoyo a la familia, tal y como se regula en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral al Menor, en el que se contempla este servicio como una actuación administrativa de competencia municipal.
El Gobierno distribuye, entre los cabildos, 1.200.000 euros para el mantenimiento de las obras en carreteras
El Gobierno de Canarias a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda, José Manuel Soria y de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, ha aprobado el proyecto de Decreto por el que se distribuye entre los Cabildos el crédito de “Ajuste de incremento de la longitud de la red regional y mantenimiento de obras singulares de carreteras de Canarias”.
Dicha distribución esta contemplada en la Ley territorial 12/2007 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007, que, señala, que se realizará por el Ejecutivo de acuerdo con la propuesta conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Transportes, previo dictamen de la Conferencia Sectorial correspondiente.
Respecto de la cantidad a distribuir, (1.200.000,00 euros), al darse las mismas circunstancias que en el ejercicio 2007, el dictamen del Conferencia Sectorial establecía que la distribución no variase, quedando tal y como sigue:
- Al Cabildo de El Hierro le corresponde un importe total de 27.758,00 euros; al de Fuerteventura, 138.156,00 euros; Gran Canaria, 324.582,00 euros; La Gomera, 95.430,00 euros; Lanzarote,106.786,00 euros; La Palma, 178.214,00 euros y Tenerife, 329.074,00 euros.
Modificado el reglamento de la Consejería de Turismo para potenciar las competencias en materia de renovación edificatoria y rehabilitación urbana
El Gobierno de Canarias ha modificado, mediante Decreto, el rreglamento orgánico de la Consejería de Turismo, que dirige Rita Martín, por el que se introducen modificaciones con el fin de potenciar la colaboración entre la Agencia Canaria de Rehabilitación de la Planta Alojativa Turística y la Consejería , delimitando las competencias en las materias de renovación edificatoria y rehabilitación urbana.
Respecto a la renovación edificatoria, se contemplan funciones de informe y de coordinación con los órganos y departamentos competentes en materia de rehabilitación de la planta de alojamiento turístico. En relación con la rehabilitación urbana, se prevé la intervención de la Consejería de Turismo en los siguientes ámbitos:
- La declaración, en su caso, y la delimitación de los núcleos y zonas a rehabilitar, previo informe de la consejería con atribuciones en materia de urbanismo y del órgano competente en materia de rehabilitación de la planta alojativa turística.
- La aprobación de los planes, programas y medidas tendentes a la rehabilitación de los espacios urbanos turísticos o la propuesta al Gobierno de su aprobación cuando competa a éste, y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos u órganos.
- La suscripción de los acuerdos y convenios para la rehabilitación de los espacios urbanos turísticos, así como, en su caso, la participación en los consorcios u órganos especializados que se constituyan con dicho objetivo.
El Gobierno toma en consideración el proyecto de Decreto para la creación del Registro audiovisual
El Consejo de Gobierno ha aprobado la toma en consideración del Proyecto de Decreto por el que se creará el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del certificado de obra canaria respecto de largometrajes y cortometrajes y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias. No obstante, antes de su aprobación definitiva, se ha acordado solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias.
Este trámite constituye un importante avance en la creación de este registro, cuyo proyecto podría estar aprobado en el primer trimestre de 2009, siempre que cuente previamente con el informe favorable del citado órgano. La propuesta presentada procede de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, departamento al que quedaría adscrito este registro.
Hay que señalar que la Ley del Cine expresa que la inscripción de una empresa en el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales propio de una Comunidad Autónoma que lo tenga establecido, conllevará su inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, integrado en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, sin necesidad de que la empresa tramite una segunda solicitud de inscripción.
Dicho Registro Administrativo de ámbito estatal tiene carácter de registro publico, y en él se pueden inscribir las personas físicas o jurídicas titulares de empresas establecidas en España que realizan actividades en el sector cinematográfico y audiovisual, en sus diferentes especialidades -producción, distribución, exhibición, laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, material audiovisual, etc.-, así como los titulares de salas de exhibición cinematográfica que, aunque no revistan forma empresarial, realicen alguna de tales actividades.
Uno de los aspectos más destacables de esta normativa es que la inscripción en dicho Registro constituye un requisito imprescindible para poder obtener los certificados de calificación, créditos, ayudas y subvenciones establecidos por la Ley del Cine.
Además, cabe destacar que la reserva de inversiones en Canarias (RIC) se podrá materializar en la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series o documentales, así como en el desarrollo de programas, cuanto todas ellas se han efectuado en Canarias. Para ello será necesario estar inscrito en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias del Gobierno de Canarias y obtener el sello de “obra canaria”, previo cumplimiento de una serie de requisitos que tratan de garantizar tal condición.
La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) constituye, junto con la Zona Especial Canaria, uno de los principales incentivos del REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias), para el sector audiovisual en Canarias. Ésta está configurada como un beneficio fiscal que puede ahorrar, reduciéndola de forma muy amplia, la tributación directa de las empresas radicadas en Canarias.
Este mecanismo permite, mediante la creación de un reserva contable específica (RIC), la reducción de hasta un 90% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, por el importe que las empresas radicadas en Canarias mediante domicilio social o E.P., destinen de los beneficios obtenidos, a través de tales establecimientos, a la dotación de la RIC, reduciéndose al mínimo, por tanto, la tributación por el citado Impuesto.
El Gobierno autoriza la suscripción de un Convenio de la Consejería de Turismo con el Cabildo de Tenerife
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana a la Consejería de Turismo a la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Cabildo de Tenerife para la redacción de distintos proyectos técnicos destinados a la mejora de las infraestructuras turísticas de la Isla de Tenerife.
El departamento, que dirige Rita Martín, pretende renovar y mejorar las infraestructuras existentes en enclaves turísticos de Tenerife mediante la ejecución de actuaciones a cuyo fin resulta imprescindible contar con los proyectos técnicos que respalden las obras. El importe global para la redacción de los proyectos técnicos correspondientes a dichas actuaciones asciende a 326.825 euros.
El Gobierno suspende determinaciones del PIO de Fuerteventura para la producción de energía eléctrica
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la suspensión de determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Fuerteventura y del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto del Rosario con el objeto de permitir la producción de energía eléctrica térmica en la parcela donde se ubica la central diesel de Las Salinas. La decisión adoptada hoy, a petición de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo autónomo, obedece a la necesidad de dar respuesta al riesgo de déficit de cobertura eléctrica que sufre la Isla.
El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a las normas sustitutivas de ordenación en el espacio de localización de la central diesel Las Salinas tras el análisis de los informes remitidos por el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).
La paralización del procedimiento para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la instalación de dos grupos diesel en la central Las Salinas, como consecuencia de la incompatibilidad de su puesta en marcha con la ordenación vigente en el municipio de Puerto del Rosario, dificulta una óptima cobertura de la demanda de sistemas eléctricos en la Isla, registrándose actualmente tensiones diarias muy por debajo de los límites establecidos en los procedimientos de operación y valores muy próximos al tope operativo de los transformadores de distribución.
Con el objeto de frenar esta situación de riesgo, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy la suspensión del PIO de Fuerteventura y del PGO de Puerto del Rosario en el ámbito territorial Las Salinas, en tanto en cuanto no se produzca la revisión o modificación de los instrumentos de ordenación competentes.
Dicha aprobación se sustenta en los dictámenes del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que capacitan al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para suspender motivadamente la vigencia de cualquier instrumento de ordenación para su revisión o modificación, tanto de su contenido como de su ámbito territorial.
Autorizado un convenio con el Cabildo de Fuerteventura para la ejecución de la tercera fase del Centro de Congresos y Formación de la isla
El Gobierno de Canarias ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre las Consejerías de Turismo y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la ejecución de la última fase de construcción del Centro de Congresos y Formación de la isla.
La financiación de las actuaciones objeto del presente Convenio por el Gobierno de Canarias asciende a un máximo de 25.000.000 euros en un plan plurianual que abarca del año 2009 al 2014, con una aportación de 12.375 euros por parte de cada una de las consejerías.
El 23 de diciembre de 2004 se suscribe un convenio entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la construcción de la II Fase del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, destinada a completar la estructura para ubicar en dicho edificio las instalaciones del Centro Asociado de la U.N.E.D. en Fuerteventura (planta tercera), las del Aula Insular de Música (planta cuarta) así como, las de los Estudios Insulares de Bellas Artes y la Sala de Exposiciones de Eduardo Chillida.
De conformidad con lo pactado en el citado convenio, el Estado se compromete a aportar la cantidad de 3.000.000 de euros cuyo abono se realiza “a través de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que la transferirá al Cabildo Insular una vez se formalice el instrumento jurídico en el que se especifiquen las obligaciones de ambas partes”.
Con fecha 3 de octubre de 2005 y al objeto de formalizar el instrumento jurídico requerido en el Convenio, se emite Orden Departamental por la que se dispone la concesión de subvención nominada al Cabildo Insular de Fuerteventura por importe de 3.000.000 de euros, para la ejecución de la II Fase del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. La ejecución de la 2ª fase finalizó en el año 2006 con un coste total de 5.766.083,77 euros.
668.065 euros al Cabildo de La Palma para acondicionar el vertedero de Barranco Seco
El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy una subvención de 668.065 euros al Cabildo de La Palma para el acondicionamiento y mejora del vertedero de Barranco Seco, en la capital de la isla. El Ejecutivo, y así la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, considera acreditada la concurrencia de razones de interés público que justifican la citada ayuda para la canalización del barranco mediante un arco de bóvedas, siguiendo su traza actual hasta su desembocadura en el mar, con el fin de depositar los residuos sobre dicha estructura. Actualmente, dicho vertedero se utiliza para residuos no peligrosos y urbanos.
El Cabildo de La Palma ha de justificar ante la Consejería el cumplimiento de la actividad que fundamenta la ayuda, así como la finalidad que determine la concesión de la misma. Asimismo, está obligado a someterse a las actuaciones de comprobación que en relación con la subvención concedida se practique por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas, así como a facilitar toda la información que le sea requerida por los mismos o por otros órganos de control financiero, tanto nacionales como comunitarios, portando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el proyecto de Decreto del nuevo reglamento del Bingo
El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, tomar en consideración y solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este proyecto de Decreto, presentado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad tras ser consensuado con el sector, introduce varias modificaciones a la normativa vigente que regula esta actividad (Decreto 85/2002, de 2 de julio).
A pesar de que la normativa en vigor ha cumplido satisfactoriamente su función hasta la fecha, el nuevo reglamento incorpora varias modificaciones con las que se trata de adaptarla a la continua evolución del sector, propiciada por la incorporación de las nuevas tecnologías.
Entre los aspectos más relevantes del citado proyecto de Decreto, hay que destacar la regulación de las nuevas modalidades del juego ya implantadas en todo el territorio nacional (Prima de Bingo y Bingo Acumulado Interconectado), el nuevo régimen jurídico de la instalación, al optarse por el concurso como procedimiento de concesión, así como aspectos relativos al régimen de publicidad, al incorporar el patrocinio y la promoción.
Entre las modificaciones planteadas, el nuevo texto establece, en concreto, que la adjudicación de las autorizaciones de instalación de sala de bingo se harán por concurso público y las resolverá el titular de la Viceconsejería de Administración Pública (art. 7); se obliga a las salas de bingo a tener un sistema de videovigilancia para verificar el normal desarrollo de las jugadas, y se permite el patrocinio y la promoción de las salas de bingo, previa autorización por la Dirección General.
En cuanto a los premios, el proyecto de Decreto prevé el establecimiento del Premio de Prima de Bingo Acumulado de Sala, cuyo objetivo es dar numerosos premios de pequeño y mediano importe (entre 30 y 1.000 euros), así como una nueva regulación del Premio del Bingo Acumulado Interconectado Canario (BAI), cuyo importe máximo se establece en 150.000 euros. Se incluye, además, un anexo IV con las condiciones técnicas de la infraestructura del BAI.
El Gobierno concede una subvención de 1,62 millones a los cabildos para homologar las emisiones de las guaguas
El Gobierno de Canarias aprobó esta mañana la propuesta de Juan Ramón Hernández, consejero de Obras Públicas y Transportes de conceder una subvención total de 1,62 millones de euros a los Cabildos de Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, por razones de interés general, para la renovación de la flota de guaguas: lucha contra el cambio climático. Concretamente, la subvención se distribuye de la siguiente manera: Lanzarote, 166.156,00 euros; Gran Canaria, 649.176,00; euros; La Palma, 164.524,00 euros y Tenerife, 649.011,00 euros.
Esta medida responde al cumplimiento de los programas de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y aprobadas por el Parlamento Europeo, normas Euro 4 y Euro 5, que establecen los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de motor en lo que se refiere a las emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión Europea a otro y asegurar un elevado nivel de protección medioambiental.
El programa Euro 5, aprobado en mayo de 2007, sustituye al Euro 4 que entró en vigor en el 2005 y que será de obligado cumplimiento a partir de octubre de 2009.
Por esta razón, en los Presupuestes Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente ejercicio de 2008, se consignó la ejecución del proyecto denominado “Lucha contra el cambio climático: Plan de renovación de flota”, con el fin de promover la reposición de las actuales guaguas adscritas al transporte regular por otras de nueva fabricación conforme a las citadas normas Euro 4 y Euro 5.
El Gobierno incrementa en más de 600.000 euros el crédito para la mejora del medio natural de las Islas
El Gobierno de Canarias ha acordado autorizar una transferencia de 611.613,84 euros a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para incrementar el crédito asignado al proyecto Mejora Ambiental y Paisajística de Canarias, con la finalidad de llevar a cabo diversas acciones encaminadas a la mejora del medio natural, dado el delicado estado del territorio, agravado por los incendios del pasado año, y desarrolladas a través de un Plan encomendado a la empresa pública Gestión y Planeamiento de Canarias (GESPLAN).
Estas actuaciones dan cobertura laboral a 400 trabajadores, que realizan una labor para impedir los riesgos de incendios y de erosión que corren nuestros suelos en diferentes zonas naturales del Archipiélago, así como su acondicionamiento para proporcionar un adecuado uso público de las mismas, así como la consecución de su revitalización socioeconómica. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha puesto todos los medios, recursos y servicios necesarios para el óptimo desarrollo de estos trabajos, dando prioridad a la contratación de personas de colectivos socialmente desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión social.
El Gobierno delimita el entorno de protección de la Iglesia de San Francisco, Bien de Interés Cultural
El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto por el que se delimita el entorno de protección de la Iglesia de San Francisco, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. El templo cuenta ya con la declaración de Bien de Interés Cultura con categoría de Monumento Histórico.
La delimitación se justifica por la necesidad de establecer un entorno de protección que garantice la prevención de posibles afecciones que devalúen los valores arquitectónicos del templo del convento franciscano de San Pedro Alcántara, fundado hacia 1680.
ACFI PRESS
