La Facultad de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy se celebraban las oposiciones a administrativo convocadas por el Gobierno de Canarias, acogió hoy la segunda concentración y recogida de firmas de cerca de medio centener de personas discapacitadas que exigen al Gobierno regional la supresión del anexo del decreto 43/1998 de la Función Pública Canaria, que regula el acceso de los discapacitados a la Administración.
Abel Hernández, representante de UGT y discapacitado visual, explicó que este anexo vulnera el artículo 9.2 de la Constitución Española y pese a ello está en vigor desde hace diez años. Hernández recuerda que el decreto reserva las plazas para las personas discapacitadas pero que el anexo al decreto suponen una gran limitación y provoca que esas personas acaben siendo expulsadas o no se puedan presentar.
"Este anexo, que impide acceder a la categoría de empleado público a las personas ciegas en nuestra Comunidad Autónoma, vulnera un derecho amparado por leyes estatales y supranacionales, iniciando por la Constitución Española, que en su artículo 9.2 establece que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", destaca.
"Resulta incongruente que la Administración Pública Canaria, en vez de promover y fomentar la integración de los discapacitados, la dificulte, más aún en la actualidad, cuando hay un gran número de ciegos licenciados, decenas de invidentes matriculados en las universidades canarias, y cuando hay profesionales ciegos en disciplinas tan diversas como pueden ser la Fisioterapia, el Derecho, Empresariales, Magisterio, Psicología o Informática. No se puede entender que se limite el acceso a la Administración Pública a personas que se esfuerzan precisamente para equipararse en capacidad a los diferentes profesionales que forman parte del empleo público", concluye Abel Hernández.
ACFI PRESS
