El presidente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido mantener abierta la queja presentada hoy en Bruselas por la plataforma ciudadana contraria al puerto de Granadilla hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dé "una respuesta definitiva al respecto". Esta solución, planteada por el eurodiputado socialista canario Manuel Medina, se basa en que la sentencia del TSJC del pasado 13 de marzo, por la que se paralizaron las obras del puerto, "es de carácter cautelar".
Con esta respuesta vuelven a casa "satisfechos" el peticionario en contra del puerto, José Luis Fernández, y la presidenta de la plataforma ciudadana, Beatriz González, que ha sido la encargada de presentar la queja.
En su intervención, González ha hecho un repaso por los últimos acontencimientos que han tenido lugar en torno al puerto. También, ha agradecido a la comisión europarlamentaria por "escucharnos una vez más", pero ha criticado la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea por permitir una fundación -que debe velar por la salvaguarda medioambiental durante las obras del enclave portuario- "que promueve la desprotección de una especie incluída en el catálogo de especies protegidas por la Unión Europea", en referencia a los sebadales del sur de Tenerife.
La presidenta de la plataforma ha hablado de los informes realizados por la comunidad científica, de Canarias y del Estado, y ha hecho entrega de esos documentos al presidente de la comisión, el polaco conservador, Marcin Libicki. Además, ha solicitado que se revise el dictamen de Bruselas del año 2006, por el que se dio luz verde al puerto, porque "la información remitida por España a este respecto es fraudulenta".
La Comisión Europea apoya a la fundación
Por su parte, la representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha asegurado que se ha "dirigido a las autoridades españolas en dos ocasiones solicitando aclaraciones", sobre la constitución de la fundación, y que España "ha aportado información detallada de que se ha creado según las leyes regionales" en "un procedimiento público y abierto" y que fue "anunciado en dos periódicos de las Islas". Por ello, Bruselas ha señalado que todo el proceso "se ha llevado de forma adecuada".
También la Dirección General de Política Regional ha dado su opinión al respecto. Según su representante, Pierre Leclercel, el proyecto portuario figura "en la lista de los que podrían recibir fondos de cohesión del periodo 2007-2013", pero para que pueda ser "cofinanciado" necesitan recibir primero la solicitud de España, la cual les ha llegado "la semana pasada". Por lo tanto, "es demasiado pronto para estudiar la financiación, que de momento no se ha llevado a cabo", ha aclarado Leclercel.
En cuanto al cartel que aparece en Granadilla en el que se anuncian "68 millones de euros" de fondos comunitarios para las obras, Leclercel ha indicado que "la redacción del cartel puede provocar errores porque todavía la Comisión no ha tomado ninguna decisión" pero ha añadido que "no podemos abrir una infracción porque, en general, abrimos infracciones cuando no se cuelgan los carteles".
Contrario a la construcción del puerto, el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein ha espetado que la "Comisión Europea ha quedado en ridículo porque un juez de Tenerife es más valiente a la hora de aplicar el Derecho comunitario". Asimismo, ha afirmado que, según un estudio, habrá "180 días al año en los que no se pueda operar en el puerto por los vientos reinantes, ni los barcos que transportan gas, ni los de contenedores".
También han intervenido el eurodiputado popular Carlos Iturgáiz, que ha apoyado la solución dada por su colega socialista Manuel Medina, y el europarlamentario de Izquierda Unida Willy Meyer, que ha instado a que se "revise el dictamen de la Comisión de 2006", a la que ha acusado de "no hacer bien su trabajo", y ha recordado que la opinión pública "está en contra del puerto".
ACFI PRESS
