52 asociaciones, entre consumidores, vecinos, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) de Canarias, sindicatos y ecologistas pidieron hoy que se regulen los precios de los productos básicos de alimentación en Canarias para frenar la especulación y limitar su subida, exigiendo la implantación del doble etiquetado -recogería en los productos el precio al que se adquiere al agricultor y el precio al que se vende- ya que, según Juan Hernández (COAG), supondría abaratar la cesta de la compra en "al menos el 50%".
Las 52 asociaciones se han unido para formar la Plataforma por la Regulación de los Productos Básicos de Alimentación en Canarias, una asociación que surge "para dar respuesta a la situación de agobio que sfure la población del Archipiélago por el alto nivel de precios de los alimentos básicos", explicó uno de sus representantes, José Juan Sansó, que aseguró que la intención es "defender el derecho de la población a una alimentación sana a precios asequibles", apuntando que el problema está básicamente "en los intermediarios y distribuidores finales de los productos". Uno de los primeros pasos de la plataforma ha sido convocar una manifestación en la capital grancanaria el próximo jueves 26 de junio, a las 19.30 horas, que partirá de San Telmo para llegar a Presidencia del Gobierno.
Por su parte, Juan Hernández, representante de la COAG en la plataforma, abrió su intervención asegurando que el hecho de que productores y consumidores se hayan aliado "tiene que hacer reflexionar a muchos" ante una situación evidente, "el alza de los precios es excesivo y no está justificada": "Los intermediarios están arruinando al sector agrario y atracando a los consumidores. Así, Canarias está perdiendo unos 300 agricultores y ganaderos al año y muchos hogares canarios no pueden llegar a fin de mes".
Dentro de las distintas propuestas planteada por la plataforma, para Juan Hernández hay una clave, "el doble etiquetado": "Es completamente legal y ya se está aplicando en Barcelona y Francia con muy buenos resultados. Supondría abaratar la cesta de la compra en, al menos, un 50%. Es una necesidad, como también apostar por lo de aquí ya que ahora mismo el 88% de lo que se consume en el Archipiélago es importado". Además, propuso que en la capital grancanaria se cree un Mercado Agrícola en el que los consumidores verían la clara diferencia de precios respecto a la cesta de la compra actual.
José Manuel Quesada, representante de la Unión de Consumidores de Las Palmas, afirmó que los consumidores están "desprotegidos y pagando la cesta de la compra más cara de España pero con menos calidad y seguridad", mientras que María de los Ángeles Sánchez, en representación de los vecinos de la capital, señaló que "muchos hogares estamos lanzando un grito de auxilio", explicando que las pensiones que reciben muchos mayores no les permiten llegar a final de mes, "y menos ahora que con el aumento del paro muchos hijos y nietos vuelven a comer de las parcas pensiones de sus padres".
Por su parte, Mery Pita, representante sindical, recordó que la regulación que está exigiendo la plataforma tiene "marco legal" y pidió a los gobernantes "que dejen de mirar para otro lado y se pongan las pilas" para buscar solución a un problema que afecta cada vez en mayor medida a los ciudadanos.
ACFI PRESS
