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Justicia.- Antonio Castro Feliciano preside la apertura del Año Judicial en Canarias resaltando que en las Islas la Administración de Justicia trabaja "con absoluta libertad, dedicación e imparcialidad" (recursos y total).


La sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Plaza de San Agustín de Las Palmas de Gran Canaria, acogió hoy el acto de inauguración del Año Judicial 2009-2010. El acto estuvo presidido por Antonio Castro Feliciano, presidente del TSJC, y contó además con la intervención del fiscal jefe de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido.

La cita contó también con la asistencia, entre otras autoridades, del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; del presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez; de la delegada del Gobierno, Carolina Darias, y de la vocal delegada para Canarias del Consejo General del Poder Judicial Concepción Espejel.

En su discurso, Castro Feliciano recordó que aunque supuestamente se cubrieron todas las vacantes de jueces que había en las islas los concursos de traslados simultáneos han provocado que sigan existiendo vacantes, con la importancia que conlleva cubrir las mismas. Además, el presidente del TSJC, que recordó las protestas que mantienen el colectivo de jueces y magistrados, afirmó que el colectivo de la Administración de Justicia trabaja "con absoluta libertad, dedicación e imparcialidad", algo que también reclamó Vicente Garrido.

"De ahí que rechacemos rotundamente cualquier afirmación, denuncia o insinuación sobre la falta de independencia e imparcialidad de los miembros de la Carrera Judicial, ya provengan de miembros de otros poderes públicos, como de notas de prensa o artículos publicados en algunos medios de comunicación, poniendo en duda la preparación e independencia de los componentes del Poder Judicial. Hacemos una llamada a la prudencia y al respeto de todos los Poderes Públicos, Instituciones y medios de comunicación hacia el Poder Judicial. No se puede contribuir desde ellos a minar el grado de confianza y de credibilidad social que el Poder Judicial tiene entre los ciudadanos, porque la legitimidad social es un presupuesto imprescindible de una institución básica para la convivencia, por su papel de garante de la Democracia y de los derechos de los ciudadanos. El respeto a la jurisdicción, a la competencia del órgano judicial, a la independencia de quienes lo integran y a las reglas del proceso constituyen uno de los pilares que sustentan nuestra organización social", señaló Castro Feliciano.

Además, añadió: "Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas; pero han de cumplirse o ejercitar los mecanismos que las leyes procesales ponen a nuestra disposición para mostrar nuestra discrepancia".


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