El Pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad una moción del portavoz de CC, Alfredo Belda, por la que se insta al Estado a inspeccionar las costas y localizar las zonas con más posibilidades de que se produzcan desprendimientos, se señalicen las zonas de peligro y se ejecuten los proyectos de conservación para evitarlos.
Además, el Ministerio deberá comunicar a los ayuntamientos y cabildos cuáles son las zonas de mayor peligrosidad, y tendrá que elaborar las correspondientes disposiciones sobre seguridad en las zonas de baño que pudieran verse afectadas, para su correcta actualización por las instituciones locales.
El tercer punto de la moción insta al Gobierno del Estado a colaborar con todas las administraciones públicas con competencias sobre el litoral, y en el caso canario, con el Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos para agilizar las autorizaciones para el acondicionamiento y la mejora del litoral, de modo que se mejore la seguridad en las zonas de baño.
Alfredo Belda agradeció el apoyo de todos los grupos del Senado a una iniciativa que, espera, “se traduzca en una mejora de la seguridad en nuestras costas para que todos podamos disfrutar de las mismas con tranquilidad y sin riesgos innecesarios”.
El
senador de CC explicó que esta moción es consecuencia de la desgraciada tragedia sucedida el pasado
día 1 de noviembre en la Playa de Los Guíos, en Los Gigantes, cuando un desprendimiento de rocas de
grandes dimensiones y tierras desde el acantilado que linda con la playa provocó el fallecimiento de
dos mujeres, “y nuestra intención es que con ella se eviten posibles daños a las personas en el
futuro en el litoral, y por tanto, en la zona de dominio público marítimo terrestre”.
Canarias
cuenta con una cuarta parte del total de costas del Estado, y junto a Baleares suman la mitad, “de
ahí la importancia que para los territorios insulares tienen sus costas”.
La Constitución establece que son bienes de dominio público estatal, en todo caso, la zona marítimo terrestre y las playas. “Pero esto no quiere decir que sobre este dominio público estatal sólo pueda actuar el Estado” dijo Belda, “ya que como tiene establecido el propio Tribunal Constitucional desde hace años, en la zona de dominio público marítimo terrestre, el Estado y las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias que les correspondan”.
En este sentido, la propia Ley de Costas delimita las competencias de cada Administración, estableciendo que corresponde a la Administración del Estado, por ejemplo, la tutela y policía del dominio público marítimo terrestre, así como las obras y actuaciones de interés general, y la elaboración y aprobación de las disposiciones sobre seguridad humana en lugares de baño.
Desde hace algún tiempo la actuación de las Demarcaciones de Costas se está centrando en la recuperación física de aquellas zonas de dominio público que, por así decirlo, han sido “invadidas” por particulares. Pero no todas las responsabilidades del Estado acaban aquí. No se trata sólo de que por la Administración del Estado se derriben construcciones ilegales o se eliminen chiringuitos. La ley y la normativa de desarrollo citada también atribuyen claramente a la Administración del Estado del Estado la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo terrestre estatal.
En otro orden de cosas, las características geográficas y geológicas del
Archipiélago Canario hacen que en existan numerosas playas con arenas negras de origen volcánico, o
zonas de baño, que se encuentran al pie de acantilados o de vertientes montañosas sensiblemente
verticales que dan al mar, lo que exige una correcta vigilancia y conservación de dichas zonas de
dominio público, ya que las mismas son utilizadas durante todo el año por los ciudadanos de las
islas y los numerosos turistas que visitan el Archipiélago.
ACFI PRESS
