Muchos de los empresarios canarios que se dedican a la pesca poseen una flota con bandera de un país no comunitario, sobre todo de países del continente africano por su cercanía con el Archipiélago. Están representados por la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras en Países Terceros (ANEPAT), con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo presidente, José Ramón Fontán, acudió el pasado jueves a Bruselas para entrevistarse con el comisario europeo de Pesca, Joe Borg, en busca de respaldo ante otra institución comunitaria: el Banco Europeo de Inversiones (BEI), un banco sin ánimo de lucro al servicio de las políticas de la Unión Europea (UE).
Fontán se reunió con Borg acompañado por una delegación del Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros (CEPPT) -del que ANEPAT forma parte junto a otras seis asociaciones-, encabezada por su presidente, Ignacio Sáez de Ibarra, y por miembros del Gobierno español, como María Echeverría, representante permanente en Bruselas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El Cluster agrupa a 220 empresas pesqueras europeas, la mayoría españolas, que han creado sociedades mixtas para pescar en todo el mundo. Tienen 460 buques, están presentes en 30 países y sus capturas están en torno a las 500.000 toneladas, gran parte de las cuales son consumidas en la UE, con el 10% de las importaciones de pescado que realizan los 27 Estados miembros.
Los representantes de las asociaciones de empresas pesqueras que componen el Cluster, como Freiremar y Baldo en Canarias, solicitaron a la Comisión Europea que interceda ante el BEI para que éste les otorgue una línea de crédito y poder así sustituir la flota obsoleta por buques de nueva construcción. Ese préstamo económico ronda los 400 millones de euros, aunque de momento habrá que esperar al próximo día 2 de diciembre para conocer la respuesta del BEI, cuyo Consejo de Administración -que aprueba las operaciones de préstamo- está compuesto por 28 miembros, uno de cada país de la UE y otro elegido por la Comisión. Por ahora, los empresarios cuentan con el 'sí' del comisario de Pesca y consideran que con este apoyo político sólo les hace falta negociar el importe final del crédito con el banco.
"Hemos venido a Bruselas porque se está gestando el Libro Verde de la Pesca para modificar la Política Pesquera Común (PPC), que tiene que ver la luz en 2013", explicó a Acfi Press el presidente de ANEPAT. Ese Libro Verde "intenta que todos nos hagamos preguntas sobre cómo mejorar la PPC, la actuación del sector pesquero en el mundo", añadió. Sin embargo, Fontán lamentó que "nosotros somos la cenicienta en todo esto porque la política comunitaria en materia de Pesca se mira el ombligo", es decir, "el 95% de su actuación está orientada a pesca en aguas comunitarias y nosotros somos ese 5% que opera y pesca en aguas de países terceros, la flota de larga distancia y con bandera de ese país tercero en el que nos encontremos".
Trabajo en los países de origen
Pese a todo, esas empresas pesqueras que con capital comunitario desarrollan su actividad fuera de la UE han creado más de 17.200 puestos de trabajo directos, "de los cuales 10.000 son extranjeros y eso importa muchísimo a Canarias e importa muchísimo a la política de inmigración porque lo que hacemos con nuestra actividad es fijar población en origen, evitando que esos chicos, que trabajando en nuestros barcos tienen un salario digno y una manera de ocuparse en sus países de origen, no se conviertan en emigrantes ilegales que al final acaban cayendo en Europa vía Canarias", valoró Fontán.
Otro problema al que se enfrentan estos empresarios es que representan una "una realidad de difícil encaje en la política y legislación comunitarias porque hay muchos Estados miembros a los que no les importa nada la pesca de larga distancia. Es difícil convencer a un comisario de que nos tenga en cuenta", aunque para ello "se le hace ver la bondad de nuestra actividad (él es de Malta, imagínese el problema migratorio que tienen allí) y se le pide que nos apoye ante la Cooperación al Desarrollo de la UE".
Uno de los criterios que tiene en cuenta el BEI antes de prestar dinero a un proyecto es de carácter ambiental. En este sentido, Fontán aseguró que "la pesca industrial es muy difícil y nosotros somos los primeros interesados en proteger los recursos" pesqueros, porque "vamos buscando una actividad de futuro, queremos que nuestros nietos sean pescadores y queremos colaborar con los dueños de los recursos, y esos recursos están en el África en vías de desarrollo". "Hay que colaborar con ellos, y en eso estamos", añadió.
En la reunión con Borg se acordó la constitución de un comité consultivo que analice y realice un seguimiento de esas inversiones y que celebre reuniones periódicas para trasladar las iniciativas del Cluster a la redacción final de un 'green paper' en el que se recogerán los compromisos contra la pesca ilegal, no sólo de los barcos que se dedican a ella sino también contra la comercialización de los productos de las extracciones ilegales.
La secretaría general del Mar, del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España, participa como socio protector del Cluster, algo que Fontán ya ha intentado conseguir a escala regional. "Le he dicho al nuevo consejero de Pesca del Gobierno de Canarias que sería muy interesante que se integrase dentro de este Cluster, donde ya contamos con la presencia del ministerio", indicó.
ACFI PRESS
