El Gobierno de Canarias ha acordado autorizar la modificación, para el año 2010, de las subvenciones específicas concertadas, de carácter plurianual, a los Ayuntamientos radicados en el territorio autonómico para la gestión y mantenimiento de centros de servicios sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, así como la suscripción de las respectivas adendas a los convenios de colaboración suscritos.
Esto supondrá un incremento de casi 7 millones de euros en las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos canarios con respecto al 2009, año en el que el Gobierno de Canarias destinó un total de 56.330.455 euros.
Cabe recordar que el Gobierno, tras el acuerdo de la Federación Canaria de Municipios, de fecha 12 de diciembre de 2008, ha autorizado a lo largo del ejercicio 2009 la modificación de las cantidades económicas previstas para la financiación en este año de los gastos de mantenimiento y programas de los Centros de Servicios Sociales y de las Prestaciones Básicas que desarrollan los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, incrementando así el coste total de los proyectos y de las aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los municipios.
Para el ejercicio 2010 está previsto y presupuestado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma el incremento de las cantidades económicas aportadas por la Administración de la Comunidad Autónoma, previstas para la financiación en el referido año de los gastos de mantenimiento y programas de los Centros de Servicios Sociales y de las Prestaciones Básicas que desarrollan los Ayuntamientos canarios.
Con este incremento se pretende mejorar los servicios sociales, procurando un mayor apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales en el desarrollo de sus competencias, y consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, así como dar respuesta a las necesidades sociales que surjan.
El Gobierno conoce el informe sobre las auditorías realizadas a los ayuntamientos a 31 de diciembre de 2008
La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad ha procedido hoy a informar al Consejo de Gobierno de las auditorías realizadas a los Ayuntamientos canarios sobre la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2008, con objeto de comprobar la situación de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición. El resultado de este informe corresponde al Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) 2009.
De los datos más relevantes, extraídos de un avance de la situación económica-financiera de los 81 ayuntamientos (de 88) que han remitido la documentación antes del 31 de enero de 2009, hay que reseñar que sólo cuatro cumplen con todos los indicadores de saneamiento económico-financiero (remanente de tesorería, ahorro neto y endeudamiento a largo plazo) y condicionantes de libre disposición (gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal), frente a los doce que los cumplieron sobre los 87 ayuntamientos auditados a 31 de diciembre de 2007.
Respecto a los indicadores se saneamiento económico-financiero, 52 de los 81 ayuntamientos auditados cumplieron el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2008 (frente a 57 de los 87 ayuntamientos auditados a 31 de diciembre de 2007); 8 el ahorro neto (21 en 2007), y 72 el endeudamiento a largo plazo (76 en 2007).
En cuanto a los condicionantes de libre disposición, 60 ayuntamientos, de los 81 auditados a 31 de diciembre de 2008, cumplieron la gestión recaudatoria (71 en 2007), y 73 el esfuerzo fiscal, frente a los 78 de los 87 ayuntamientos auditados a 31 de diciembre de 2007.
De estos datos se deduce que los indicadores cumplidos por mayor número de ayuntamientos son el esfuerzo fiscal (73) y el endeudamiento a largo plazo (72), mientras que el de menor cumplimiento fue el ahorro neto (8).
A 31 de diciembre de 2009, los ayuntamientos pendientes de auditar el ejercicio 2008, por no haber remitido la documentación necesaria, son cinco: Betancuria, Tegueste, San Sebastián de la Gomera, Telde y Tuineje. Otros dos ayuntamientos -El Rosario y San Bartolomé de Tirajana- no han sido incluidos en este informe por no constar en la Consejería, a 30 de diciembre del pasado año, sus respectivos acuerdos plenarios de toma en consideración de sus auditorías, si bien el de este último municipio grancanario se recibió con posterioridad a esta fecha.
Las auditorías de gestión pueden detectar incumplimientos, sobre los que resolverá el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad aplicando la correspondiente sanción. La Ley 3/1999 obliga a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad a realizar auditorías de gestión a los Ayuntamientos (artículo 15) para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición, previo al pago final del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente a cada ejercicio.
Asimismo, y de acuerdo al artículo 19.4 de la Ley 3/199, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad debe informar obligatoriamente al Parlamento de los resultados de este informe, así como de los incumplimientos y sus sanciones.
El Gobierno autoriza la implantación del título oficial de Máster Universitario en Formación del Profesorado
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se autoriza la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.
Dicho máster, que se comenzará a impartir el curso actual bajo la coordinación de la universidad lagunera, sustituye al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) y al Curso de Cualificación Pedagógica (CCP).
El motivo de la implantación de este nuevo máster en Formación del Profesorado es consecuencia de la aplicación de la LOE, que en su artículo 100.2 especifica que para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en dicha ley será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza.
Además, dicho artículo precisa en uno de sus apartados que la formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior.
ACFI PRESS
