El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, apostó ayer en Madrid por una reforma del Senado para garantizar la solidaridad y el equilibrio interterritoriales, de manera que sea esta Cámara la que apruebe en exclusiva el sistema de financiación autonómica, “que es a la postre el que vertebra la solidaridad interterritorial”, según dijo.
Rivero, que participó en un ciclo sobre el trigésimo aniversario de la Constitución Española vista desde las comunidades autónomas, destacó que la reforma del Senado debe convertirla en una Cámara “verdaderamente útil de representación territorial en la que se expresen y manifiesten con fidelidad los hechos diferenciales de determinados territorios, entre los que destaca la insularidad alejada de Canarias”.
En este sentido, señaló que el Senado debe garantizar el principio de solidaridad, “quizás el más olvidado de los que articulan, según los artículos 2 y 138 de la Constitución, el Estado de las Autonomías”. Además de la aprobación del sistema de financiación autonómica, Rivero señaló que en la Cámara Alta, “como mecanismo unilateral, y en la medida en que la propia Constitución en su artículo 138 pone como única modulación del principio de solidaridad la atención del hecho insular, podría articularse algún procedimiento a través del cual se adviertan las insuficiencias del modelo, como pueden ser vetos suspensivos en el Senado que obliguen a revisar lo propuesto y, en su caso, exijan mayorías cualificadas para sacarlas adelante”.
El presidente canario propuso, en esta línea, articular herramientas “que ayuden a generar confianza entre los territorios, al permitir foros comunes en los que las partes entre sí y con el todo avancen en ese proyecto común que es España”.
En otro momento de su intervención, el jefe del Ejecutivo afirmó que “ha llegado el momento de hablar, sin miedo, con tranquilidad, sin sobresaltos, de una reforma de la Constitución que la adapte a la realidad que late en la España del siglo XXI”.
“Una Constitución –dijo- que debe ser sentida como algo propio, no ya por los ciudadanos de los setenta, sino por los del siglo XXI”, de manera que pueda reflejar “renovada y fielmente la cambiante realidad el Estado al que pertenecemos”. A este respecto, añadió que “únicamente de esta manera los ciudadanos de los distintos territorios sentirán la Constitución con idéntica cercanía”.
El presidente explicó que “como todo instrumento hecho por la mano y la cabeza del hombre, la Constitución de 1978 era, y es, sin duda mejorable” y, citando a Herrero de Miñón, apostó por “exigir más sinceridad”. “Más sinceridad –subrayó- para afrontar una nueva etapa en la que avancemos en esa pluralidad que consolide los principios de igualdad, equidad y solidaridad interterritorial; más sinceridad para apuntalar unas instituciones en las que tengan cabida las diferencias y singularidades de los pueblos que la componen”.
Deuda histórica del Estado con Canarias
En relación al equilibrio entre los distintos territorios que garanticen la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias y la compensación de las desigualdades, Rivero puso sobre la mesa el reconocimiento de la deuda histórica del Estado hacia las comunidades y el hecho de que se haya atendido en Cataluña o Andalucía, o que en otros territorios, como Baleares, Aragón o Extremadura, se hayan abiertos vías de negociación.
En cambio, dijo el presidente, “en el caso de nuestro Archipiélago, donde el aumento de la población, el incumplimiento de los artículos 95 y 96 del REF respecto a las inversiones del Estado en nuestras islas y las indebidas retenciones del antiguo ITE ha supuesto un desfase de 6.500 millones de euros, la atención a dicha deuda sigue siendo la asignatura pendiente del Estado con Canarias”.
“El Estado -subrayó el presidente- tiene una deuda con Canarias. Y, no les quepa la menor duda, moveremos cielo y tierra para que a los canarios se nos reconozca lo que nos corresponde. No más, pero tampoco menos”.
Además de la deuda histórica, Rivero recordó la demanda de Canarias para que se compense el déficit de recursos que el Estado destina al Archipiélago, que –aseguró- asciende ya a 1.200 millones de euros, entre los 300 millones que el Archipiélago entrega cada año al Estado en concepto del extinto ITE, 400 millones de déficit de inversión media estatal y 500 millones de déficit del sistema de financiación.
Recordó el presidente que “se han producido numerosas e intensas negociaciones con el Estado para asegurar una solución justa y que –a la vez- se mantengan contempladas y plenamente vigentes las peculiaridades del REF canario” y destacó que el “el nuevo modelo de financiación debe tener en cuenta la población como criterio para la asignación de recursos”.
“Planteamos además -añadió Rivero- un incremento del fondo de suficiencia que se destine a todas las competencias transferidas y, como ocurre con la Sanidad, que se pondere la insularidad en el bloque de servicios sociales”.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo isleño defendió que la nueva financiación incorpore el concepto de ultraperificidad como factor diferencial. “O mejor aún, -enfatizó- que sea la propia Constitución Española y el Estatuto de Autonomía los que incorporen como contenido obligatorio de la nueva financiación”.
Durante su conferencia, el presidente canario también aludió a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, un documento que debe contener “propuestas y respuestas adecuadas a nuevas preguntas y nuevas realidades”. Entre ellas, el reconocimiento del carácter ultraperiférico del Archipiélago, “una singularidad exclusiva de Canarias que justifica por sí misma una posición asimétrica”, o el principio de modulación, “por el cual el Estado tiene el deber en el ámbito de sus competencias de adaptar sus políticas a esa condición insular y lejana”.
Además, Rivero se refirió a la necesidad del reconocimiento de las aguas archipielágicas, la asunción de nuevas competencias -como puertos, aeropuertos o transporte aéreo interinsular- o la actualización del REF para garantizar que el Estado no pueda modificar unilateralmente, sin consensuarlo previamente, un marco económico y fiscal que es esencial para Canarias.
ACFI PRESS
