El presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, ofreció la noche de este pasado viernes una conferencia con motivo de la presentación del libro 'El Defensor de la Isla. Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916)', en un acto organizado por la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. El acto tuvo lugar en el Salón de Conferencias de Feaga, en Fuerteventura.
Texto íntegro de la conferencia
'Nacionalismo, Autogobierno y
Globalización'
La rabiosa actualidad impone que el guión de las palabras, en estas horas,
no pueda sustraerse a la gravedad y extensión de la crisis económica, para algunos historiadores la
más importante que ha padecido el mundo después de la I Guerra Mundial.
Tampoco podemos
mirar hacia otro lado que no sea aquel donde se encuentran las víctimas más directas de la
situación; las familias afectadas por el desempleo, las que han perdido sus casas por no poder
afrontar las hipotecas concedidas en el ciclo de bonanza; las corporaciones locales sin recursos
para hacer frente a sus necesidades; los cabildos asfixiados por la radical bajada de sus recursos,
los gobiernos obligados a realizar ajustes presupuestarios para aliviar un déficit público que ha
llegado a cifras insoportables.
No podemos ignorar las consecuencias del crack en un
territorio lejano y fragmentado que multiplica por costes y distancias los efectos perversos de la
situación actual.
El papel moderador y la disposición para asegurar la gobernabilidad de
las fuerzas nacionalistas es, ahora mismo, la única garantía para salir de una crisis que necesita
el esfuerzo de todos. La responsabilidad, tantas veces negada, de los partidos territoriales es la
excepción a una regla perversa e interesada que, desde la transición, busca el bipartidismo a
cualquier precio y que, en esta legislatura, muestra actitudes irresponsables y delirantes.
No me corresponde, por mi cometido institucional, avanzar o insistir en las recetas para salir del bache, en el menor tiempo posible y con las garantías suficientes para evitar nuevas recaídas. Son públicas y, con diferencias atribuibles a las especificidades de cada nación, se aplican en Europa y en el mundo por recomendación de los organismos internacionales y de gobiernos de distinto signo.
Si me toca como político y como ciudadano, defender la equidad en el trato para que el coste de la misma no recaiga exclusivamente sobre los paganos de siempre, y enfatizar en la protección de los sectores más débiles y garantizar, por decencia y solidaridad, los niveles de bienestar conseguidos con el trabajo de todos.
La política no se reduce a actuaciones puntuales y de plazo inmediato. La política necesaria en estas horas es aquella que, con pragmatismo y generosidad, trabaje para el futuro. Las únicas consecuencias positivas de este problema, residen en la confianza en nuestras posibilidades, los acuerdos de amplia base para asegurar su eficacia y aprender la lección amarga que hoy tragamos, para que no nos asalte en otro momento de la historia.
Desde ese ánimo
constructivo y, para mañana y pasado mañana, planteo una pregunta que no es mera retórica. ¿Cómo
vamos a afrontar las exigencias del mundo globalizado si no somos capaces de encontrar un proyecto
común, sin divisiones ficticias?
Un tema tan amplio y complejo, podría ser tratado
en varias partes, profundizando en cada una de ellas, pero como las circunstancias obligan, debo
orientar mis palabras hacia un tratamiento general, para la mejor comprensión del conjunto.
La amable invitación de la Fundación Canaria Miguel Velázquez Cabrera y la cortesía de
ustedes, me permite expresar unas reflexiones, desde mi humilde experiencia política, sobre el
papel de Canarias en este siglo XXI que, en apenas diez años, ha enseñado avances y peligrosos
parones en la construcción europea, la crisis global que padecemos y las polémicas sobre la
acomodación institucional y política de Canarias.
En ese horizonte cultural y, sobre
todo, económico, el Estatuto, veintisiete años después, ha sido el vehículo para defender los
intereses de nuestro Archipiélago, bajo la premisa de la solidaridad interterritorial que establecen
la Constitución y el Tratado de la Unión Europea, para reivindicar los instrumentos legales y los
medios materiales que nos permitan solucionar los problemas donde se producen y se padecen.
Canarias es una singularidad en sí misma, con diferencias que no aparecen en ningún otro
lugar: la condición de Archipiélago, su ubicación africana y atlántica, la distancia del continente
europeo, su vocación y cultura occidentales y su protagonismo hispano-americano.
La
conquista del Archipiélago se inició en 1402, con la ocupación normanda de las islas orientales, y
culminó entre 1493 y 1496, cuando se consumó la toma de La Palma y Tenerife.
Las islas
entraron en la corona bajo dos status jurídicos: el régimen de Señorío, que se extendió a Lanzarote,
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro y el régimen realengo, con la anexión, por este orden, de Gran
Canaria, La Palma y Tenerife.
En menos de un siglo, la posición “intercontinental” nos valió un
puesto de privilegio en las rutas y el comercio entre Europa y América y un activo papel en hechos
de importancia planetaria: el cambio del eje económico del Mediterráneo al Atlántico, la primera
expansión del comercio y la cultura europea, y el tránsito por el Renacimiento que abrió la Edad
Moderna.
Los canarios del siglo XVI aprovecharon la Era de la Vela y lograron notables
cotas de bienestar y desarrollo. Y cuando sintieron peligrar su prosperidad, pidieron a la corona la
descentralización de la Casa de Contratación de Sevilla, ¡nada más y nada menos!, y se consiguieron
los Juzgados de Indias, que controlaron los fletes con los puertos de América.
Durante
las monarquías absolutas, en la sucesión y caída de los monocultivos de la caña de azúcar, la vid,
los colorantes vegetales y el tabaco, los cabildos –entonces la única administración insular
reclamaron la libertad comercial para sus producciones agrícolas y artesanas; la reducción de
impuestos para un territorio víctima de sequías, hambrunas y éxodos interinsulares; medios de
defensa, ante la amenaza de los piratas europeos y norteafricanos; apoyos militares para el
desarrollo de las pesquerías en el banco canario-sahariano y las industrias de salazones instaladas
en el continente e incluso, licencia para la acuñación de moneda, para evitar el colapso por falta
de circulante.
El Siglo de las Luces no paró la sangría migratoria, ni atenuó ese talante
reivindicativo; se pagaron las consecuencias de la invasión napoleónica y la alianza con Inglaterra
y se formaron corporaciones para asumir los poderes de la secuestrada monarquía. Canarios ilustres
participaron en las Cortes de Cádiz, que erradicaron los anacronismos sangrantes de la Inquisición y
los señoríos, que afectaban a cuatro islas y jurisdicciones de Tenerife y Gran Canaria.
Auspiciada por Juan Bravo Murillo, la Ley de Puertos Francos de 1852, que repuso la libertad
comercial, fue el mayor logro de la centuria, porque devolvió mercados perdidos y abrió otros
nuevos.
En los periodos constituyentes que abordaron el problema territorial, contamos
con políticos, de variado signo, que demandaron la facultad de gobernar los asuntos propios. Ocurrió
en la Primera y Segunda República, abortadas por la fuerza y tras cuarenta años de dictadura, en la
democracia parlamentaria.
Junto a la consagración de las libertades y derechos, los
artífices de la Transición no eludieron el desafío de la vertebración del estado, para encajar
nacionalidades definidas y diferenciadas, y pueblos sensibilizados con la necesidad del
autogobierno.
Dentro de las complejas negociaciones de la Constitución de 1978, el título
VIII, dedicado a la organización territorial, fue el más polémico porque enfrentaba a la tradición
centralista una alternativa tímidamente federal. El Estado de las Autonomías se logró, con sensatez,
generosidad y altura de miras. Los ponentes expresaron las aspiraciones canarias en la Carta Magna,
desde el acervo económico y fiscal a la reserva de mercado platanero, las ayudas al transporte y un
status propio en la Comunidad Económica Europea.
Refrendada la Constitución, todos los
ayuntamientos y Cabildos insulares, aprobaron acuerdos para que Canarias se acogiera a la vía del
artículo 151, que avalaba a las nacionalidades históricas. Así se inició la redacción de un borrador
estatutario en el que el sistema representativo, la capitalidad y la articulación política y
administrativa fueron los asuntos más espinosos, agravados por un pleito antiguo y estéril.
Esa tarea se prolongó tres años, dando lugar el retraso, a que los partidos mayoritarios
acordaran cerrar el proceso autonómico, pactando en las Cortes Generales reconducir el Estatuto de
Canarias por el artículo 149.
Una vez más, las circunstancias políticas quebraron la
marcha hacia el ansiado autogobierno. Pero, eran tan legítimas las aspiraciones que el gobierno
central, buscó un mecanismo, previsto en la Constitución, que se denominó LOTRACA, para compensar y
ampliar las competencias de gobierno.
A medio camino entre aspiraciones y logros, el
Estatuto de 1982, fue un sustantivo avance, que superaba diferencias y enfrentamientos e impulsaba
un proyecto común de convivencia.
Las elecciones autonómicas de 1983 decidieron la
constitución del Parlamento y del Gobierno de Canarias; se redactaron las primeras leyes; las
opciones de nuestro Tratado de Adhesión a la Unión Europea, las negociaciones con un estado
fuertemente centralizado, y las dotaciones de las transferencias. Pese a los contratiempos, el
autogobierno funcionaba como factor de equilibrio interinsular y motor de desarrollo.
Contamos veintisiete años de historia autonómica y veintidós de adhesión europea, y el balance
es, en general, positivo: el déficit en infraestructuras y servicios se ha paliado con convenios de
inversión con el estado y fondos de la Unión Europea para actuaciones en las siete islas
(carreteras, obras hidráulicas, puertos, aeropuertos y costas). Se desarrollaron programas en
agricultura, industria, comercio y transportes, y se registraron significativas mejoras en servicios
públicos esenciales como sanidad, educación, vivienda, empleo, medio ambiente.
El
rotundo crecimiento del Producto Interior Bruto – del 60 al 87 por ciento en el último cuarto de
siglo – si bien es satisfactorio no permite la autocomplacencia y menos aún en un ciclo de recesión.
En las seis legislaturas transcurridas han gobernado las instituciones canarias, los
partidos con mayor implantación, y ese es un signo de madurez democrática.
Con matices,
lógicos y respetables, las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales coinciden en los
asuntos a resolver ahora y en el futuro inmediato. Pero el primer tercio del siglo XXI no es igual
al último cuarto del siglo XX.
La bonanza, que disfrutamos y que nos permitió salir de
la postración histórica, no volverá, por lo menos en la forma que lo conocimos.
La crisis
resucitó problemas antiguos y amenaza, extenderse a los injustos desequilibrios interinsulares; las
cotas de desempleo asustan a cualquier político responsable y vivimos el drama de numerosos
compatriotas en el umbral de la pobreza; los problemas sociales nos obligan a anteponerlos a
cualquier actuación por importante y urgente que sea.
Se impone la unidad de todas las
fuerzas políticas en las actuaciones duras e imprescindibles; es hora de compartir las decisiones
inaplazables y sacarlas del marco de las competencias partidarias. Y los nacionalistas tenemos que
predicar con el ejemplo.
Es un suicidio político, mantener las diferencias semánticas y
personales, los intereses de parte, frente al reto que tenemos ante nuestros ojos. Precisamos una
estructura política fuerte, articulada por un interés común que en cada isla tiene un nombre propio
pero una misma identidad, que en el fondo responde a una misma realidad.
Nadie puede
representar a Canarias con tanta implicación y responsabilidad como las fuerzas políticas nacidas y
crecidas con ese objetivo.
Si compartimos el análisis de la realidad, la equidistancia
ideológica de las fuerzas convencionales y la sensibilidad y el compromiso con nuestra tierra no
podemos mantener la fragmentación que limita nuestras posibilidades de transformar aquello que no
nos gusta y perjudica al conjunto de nuestra sociedad.
La unidad nacionalista es una
urgencia histórica a la que no podemos sustraernos porque, si lo hiciéramos, nuestra conciencia y
las generaciones que nos sucedan nos pedirán cuentas.
Empezamos por el Estatuto que,
precisa reformas de fondo y forma, para completar cometidos, que aún no hemos desarrollado y para
dotarlo de nuevas facultades. Necesitamos un Estatuto del máximo nivel, cuyos alcances estén
recogidos en la Constitución que necesita ser reformada, posibilidad prevista en su propio
articulado.
Canarias demanda la delimitación de sus aguas territoriales, y de mar
interior, lo que comporta el establecimiento de la mediana con los países vecinos. Se necesita
capacidad normativa para las relaciones con el entorno africano y americano; competencias en materia
exterior, porque ocupamos una posición estratégica, y contamos con tecnologías punteras en materias
hidráulicas, astrofísicas, energías alternativas, agricultura, industria y comercio; porque tenemos
emprendedores y una larga cultura empresarial.
Deben establecerse mecanismos de
participación en las políticas estatales y europeas para que la libertad de movimiento de personas
y capitales, fundamento de la globalización, no incida de modo brutal en nuestras expectativas de
desarrollo sostenible.
Se requiere el reforzamiento del REF, gestión Tributaria Propia,
el mantenimiento de la ZEC, un verdadero Registro Especial de Buques, aeronaves y empresas de
servicios; la cogestión de puertos y aeropuertos, justificada por nuestra posición en las
comunicaciones atlánticas y porque nuestras infraestructuras, pueden servir a los fines de la
imparable mundialización del comercio y al desarrollo de las tecnologías de la comunicación.
Es preciso disponer de garantías de modulación de la legislación y normativa, tanto del
Estado como de la Unión Europea, que se tengan en cuenta nuestras singularidades.
Canarias es una garantía de seguridad en un área geográfica de interés estratégico y debe jugar
un papel destacado como plataforma de relaciones e intercambios con países europeos y de África y
América, y un protagonismo destacado en los programas de cooperación y desarrollo con países
terceros.
Hacia dentro, por una parte hay que proteger y promocionar nuestra propia
cultura, tradiciones e identidad, compatibles con nuestro papel en el ámbito estatal, europeo y en
la propia globalización; de otra parte, urgen normas realistas y claras que resuelvan los marcos
definitivos de la administración canaria, tanto en lo que corresponde al gobierno, como a los
cabildos y ayuntamientos, porque es imprescindible la máxima descentralización, sin rebasar el
límite de sus costes razonables y sin afectar, en ningún caso, al proyecto común.
En el
ámbito europeo y en concreto en el desarrollo potencial de las RUP y en las coordenadas de nuestras
singularidades, tenemos grandes oportunidades en el futuro, por lo que la tarea de los
responsables políticos, desde distintas posiciones, está en ordenar, desarrollar e impulsar los
objetivos adecuados.
Reforzada en el nuevo Tratado, la Europa de las Regiones es un
realidad incontrovertible, porque una estimable mayoría de los países miembros, no sólo apuesta por
la descentralización administrativa, sino también por una efectiva descentralización política. Los
estados más consolidados profundizan en el principio de corresponsabilidad, donde el estado conserva
sus poderes esenciales y las regiones ejercen las máximas competencias y, además, sostienen un
ámbito identitario y político.
También el Tratado de Lisboa establece la necesidad
imperativa de articular la toma de decisiones amparados en los poderes regionales y, estos, a su
vez, en los poderes locales. Actuar en esa dirección supone, consolidar el proyecto europeo, ampliar
la confianza de los territorios en los objetivos globales del continente y participar, de sus
expectativas de progreso y bienestar.
La posición de Canarias en la Constitución,
significó un hito hace treinta años, pero hoy está desfasada y es insuficiente; a tal punto que el
ámbito europeo ofrece perspectivas que, con el actual modelo y el vigente Estatuto, no podríamos
alcanzar.
La participación en la toma de decisiones y la modulación de la legislación y
normativa estatal y europea adquiere un relieve especial en Canarias, por sus singularidades; por
su liderazgo en ciertos ámbitos de la Unión Europea, y por pertenecer a un colectivo específico
como las Regiones Ultraperiféricas.
En esta década se tienen que adoptar las decisiones claves
porque, con mayor o menor entusiasmo, ninguna sociedad moderna va a renunciar a los avances
implícitos en la globalización y, por tanto, exponerse a los riesgos que comporta quedar fuera de
ese proceso imparable.
Con diálogo y sin dilaciones, es ineludible reforzar todas las
políticas encaminadas a aprovechar las ventajas de nuestra equidistancia con Europa y América y de
nuestra vecindad africana; nuestra posición de liderazgo en las Regiones Ultraperiféricas por
población, territorio y renta; y utilizar los mecanismos específicos que propone su status para
fortalecer nuestro Régimen Económico y Fiscal; potenciar el sector primario, recuperar las
medianías, salvaguardar el patrimonio natural y el suelo como recurso principal, y el paisaje que,
junto al clima, es el gran incentivo de nuestro turismo.
Resultaría una grave paradoja
que un territorio de tradición internacional, viera coartadas las oportunidades que la propia
globalización le depara.
Regreso al punto de partida. Representamos al Territorio con
las peculiaridades más nítidas y relevantes del estado y de la Unión Europea; por lo tanto, debemos
cuidar y fortalecer nuestra identidad, cultura y tradiciones propias, compatibles y convenientes en
el mundo globalizado; conseguir el adecuado encaje en el espacio político al que pertenecemos y en
el ámbito de las corrientes de desarrollo a nivel mundial. Para llegar a esa meta, señoras y
señores, queridos compañeros, tenemos que prepararnos y trabajar todos juntos la unidad
imprescindible que nos haga más fuertes, de no hacerlo así, estaríamos limitando las posibilidades
para hacer de estas islas el territorio de paz y prosperidad económica y social que nos demandan
las generaciones actuales y que debemos asegurar a las venideras.
ACFI PRESS
