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Reportaje.- El Colectivo Cocadeca denuncia la mala administración de la Agrupación de la Sociedad de Cazadores en los terrenos de caza controlada (pieza y 5 cortes).


Ramón Martín lleva toda su vida dedicado al mundo de la caza, una de sus pasiones. Desde hace ya algunos años preside el colectivo regional Cocadeca, que reúne a  más de 200 afiliados amantes de este deporte bajo una identidad común.

En Cocadeca se intenta mentalizar a los socios de que cacen de forma responsable: “Les indicamos sobretodo que hay que ir a divertirse con el deporte, no a hacer estragos como se hace muchas veces”, explica Remigio González, tesorero del colectivo.

En cada asamblea los socios ponen de manifiesto sus quejas e inquietudes: “Se quejan de que el campo cada vez está peor”, afirma Remigio, quien asegura que para los cazadores invertir el dinero para la caza sin ver resultados supone toda una contrariedad.

La Agrupación de Sociedades de Cazadores, en entredicho

En su día Ramón Martín fue uno de los promotores en Canarias de los terrenos de caza controlada, un sistema diseñado para evitar la proliferación de los cotos de caza y que abría posibilidades a los cazadores con menos recursos. Para poder cazar en los terrenos se paga un importe que ronda los 44 euros. Estos terrenos son administrados en la actualidad por la Agrupación de Sociedades de Cazadores, compuesta por siete de las diez sociedades de caza que hay en Gran Canaria.

En el año 1998 se crea la Ley de Caza. Esta ley contempla el traspaso de la responsabilidad de la caza a los cabildos, permitiendo que los propios organismos insulares cedieran la administración a otro organismo contemplado por la propia legislación. De esta manera, en 2003 el Cabildo de Gran Canaria concede, por un período de 10 años, la administración a la Agrupación.

El artículo 39 de la Ley de Caza vigente dice que el dinero recaudado de los permisos de los terrenos de caza controlada debe ser invertido en el campo, es decir que se deberá emplear para mejorar las condiciones del mismo, así como las de los animales que en él habitan.

Según Ramón Martín, el importe que se recauda ronda los 400.000 euros anuales. “Ese dinero no se está empleando en el campo”, asegura. Además apunta a que antes había un equipo de guardería (vigilancia), pero que desapareció hace cuatro años. El colectivo Cocadeca critica la pasividad del Cabildo grancanario al no exigir la fiscalización, tal y como está previsto en el contrato con la Agrupación.

La situación del campo, según los representantes de este colectivo, es "lamentable", la mixomatosis causa estragos en la población de conejos, una plaga de gatos asilvestrado campa a sus anchas por los montes grancanarios, para evitar que esto ocurra se paga la cuota a la agrupación que parece no actuar de forma eficiente. Una guardería ayudaría a disminuir el salvajismo en la caza, el número de perros es limitado, pero al no existir vigilancia muchas veces se supera con creces el estipulado. Lo mismo ocurre con la repoblación, que es escasa, la especie autóctona de conejo canario, característica por su menor tamaño, está desapareciendo.

Cocadeca afirma que desde el Cabildo les aseguran que se están tomando todas las medidas oportunas para recuperar la caza controlada, pero las palabras no dan paso a las actuaciones y mientras los trámites llegan el campo empeora. De momento el colectivo ya ha emprendido acciones legales contra la Agrupación.

ACFI PRESS ha intentado ponerse en contacto con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria para obtener su visión del asunto, sin obtener por su parte respuesta alguna.


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