El secretario general del PSC-PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, afirmó este pasado viernes, en alusión a la aplicación de la Ley de Dependencia, que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero “tiende a convertir lo que es un derecho en un favor”.
En el marco de la visita que realiza hoy y mañana a Lanzarote, Pérez mantuvo una reunión con representantes de las asociaciones sociosanitarias de la Isla. Portavoces de Tinguafaya, Adislan, AFA Lanzarote, AFOL, Afibrolan, Adila y El Cribo plantearon diversas cuestiones al representante socialista, quien estuvo acompañado por la diputada responsable de Dependencia, Francisca Luengo, la portavoz del PSC-PSOE en el Cabildo, Manuela Armas, y el secretario de los socialistas conejeros, Carlos Espino.
“Los socialistas canarios somos decididos partidarios de la aplicación de la Ley de Dependencia, porque vemos con suma tristeza lo que está ocurriendo en Canarias”, expresó el secretario general, quien apostó por “restaurar aquello para lo que se implantó como un derecho”. Por ello, abogó por “dar un vuelco de 180 grados a la actual situación, porque esto tiene solución”.
José Miguel Pérez sostuvo que mientras que el Gobierno de España está financiando la Ley, el Gobierno de Canarias no pone el 50 por ciento que le corresponde para su aplicación, motivo principal por el que la norma no está teniendo en las Islas el desarrollo que debería. “Se trata de un problema de financiación al que se suma el hecho de que el Ejecutivo regional haya cortado de raíz, de forma irresponsable, las partidas destinadas a los cabildos para este objetivo”, señaló.
El candidato socialista hizo hincapié en que la dependencia y el empleo son materias prioritarias para el PSC-PSOE. “Aplicar la Ley de Dependencia es crear empleo”, indicó, estimándose que su implantación en Canarias generaría 15.000 puestos de trabajo.
Defendió que se dé respuesta, en el plazo de seis meses que corresponde, a los expedientes, frente a los tres años que están tardando en la actualidad. También mostró su compromiso a desbloquear en un año la actual situación, apostó por elevar el cupo de discapacitados al 7 por ciento en el acceso a la función pública y por la puesta en marcha de la prestación del asistente personal prevista en la Ley como herramienta para la normalización e integración para las personas con discapacidad.
Por último, apostó por fomentar una red de centros de día para los afectados por
Alzheimer, que representan el 8 por ciento de la población mayor de 65 años, pese a lo cual existe
una escasez de oferta de servicios para este tipo de enfermos. Como ejemplo de ello, recordó el
hecho de que se disponga de un solo centro en Lanzarote, el de Las Cabreras, con únicamente una
treintena de plazas.
ACFI PRESS
