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Política.- El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 3,9 millones de euros a Gesplan para contratar a 550 desempleados (recursos y 4 totales).


El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una subvención a la empresa pública de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, Gesplan, por valor de 3 millones 927 mil euros para la contratación de personal necesario para la puesta en marcha de un Programa de Empleo Extraordinario para perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

El plan contempla la contratación de 550 personas desempleadas de las que al menos 300 deberán estar percibiendo estas ayudas destinadas a colectivos de difícil inserción procedentes de las arcas autonómicas a través de la Consejería de Bienestar Social.

Los beneficiarios realizarán tareas de restauración y conservación de senderos, tratamientos silvícolas y repoblaciones, prevención de catástrofes en barrancos, restauración paisajística en entornos degradados, mejora de infraestructuras de uso público o vinculadas al paisaje y restauración paisajística y medioambiental del litoral.

El objetivo de este Plan Extraordinario de Inserción es fomentar el empleo entre personas perceptoras del PCI, pero también existe un evidente interés público y general en las actuaciones que se llevarán a cabo, relacionadas todas ellas con la mejora de las infraestructuras públicas, la protección medioambiental, el adecentamiento de nuestros paisajes y la prevención de catástrofes.

El SCE se hace cargo de la financiación de los costes salariales y de Seguridad social de las personas contratadas en este proyecto, que se enmarca dentro del Plan Canarias Emplea, con el objetivo de ofrecer una oportunidad y una experiencia laboral a aquellos colectivos que requieren más atención. Además, este tipo de iniciativa supone un impulso al desarrollo económico y social de toda Canarias.

El Gobierno destina más de 4 millones de euros para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de violencia de género en Gran Canaria y Tenerife

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy, autorizar la suscripción de los convenios de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife para el desarrollo del Sistema Social para la Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en esas islas. En virtud de este acuerdo, el Gobierno de Canarias aportará para la anualidad de 2011 la cantidad de 2.164.936,01 euros para cada isla.

Con el objeto de articular las actuaciones necesarias para el desarrollo de dicho sistema, los días 5 y 18 de mayo de 2007 se suscribió un convenio de colaboración entre el entonces Instituto Canario de la Mujer (en la actualidad, Instituto Canario de Igualdad) y los cabildos insulares Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. En los referidos convenios, modificados por respectivas addendas, se estableció su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.

Este convenio contempla la realización de actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género, así como la gestión de los recursos que integran la Red Canaria de servicios y centros públicos especializados, así como, en su caso, la puesta en marcha de otros nuevos, previa conformidad de las partes, para la protección integral y la asistencia multidisciplinar de las mujeres víctimas de violencia de género y personas de ellas dependientes.

Estos recursos están constituidos por el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA.), como recurso de atención inmediata; Servicios especializados de atención, información, asesoramiento e intervención integral; y Recursos de acogida temporal en sus diferentes tipologías; centros de acogida inmediata, casas de acogida y pisos tutelados.

Por último, estos convenios estipulan también la sistematización, a través de los centros y servicios que integran la Red, de la información sobre violencia de género mediante el establecimiento de sistemas comunes para el registro, la compilación y explotación de datos de carácter regional e insular, en los términos que acuerden las partes.

El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por el que se regula la utilización de los Medios Electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, aprobar el proyecto de Decreto por el que se regula la utilización de los Medios Electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), después de que el Consejo Consultivo de Canarias emitiera su informe favorable.

El citado Decreto surge en cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la utilización de los medios electrónicos por la Administración Pública de la CAC en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con la ciudadanía.

El mencionado documento consta de siete capítulos y 43 artículos. En el primero de los capítulos se establece el ámbito de aplicación y se recogen los derechos y garantías en el uso de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El capítulo segundo está dedicado al impulso de estos medios por parte de los órganos y organismos públicos, estableciendo los criterios para su utilización y convirtiendo a la Plataforma de Interoperabilidad Corporativa del Gobierno de Canarias en la herramienta sobre la que ha de girar el desarrollo de la administración electrónica en la Administración Pública de la CAC.

En el tercero se regula la Sede Electrónica, una de las instituciones sobre la que va a girar toda la administración electrónica, y definida en la Ley 11/2007 como la dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Estas deben responder, además, de la integridad, veracidad y actualización de la información, así como de los servicios a los que pueden accederse a través de la misma.

El capítulo cuarto regula los medios de identificación y autenticación, tanto del ciudadano como de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, erigiéndose la Firma Electrónica Avanzada en el instrumento que garantizará la autenticidad e integridad de las actuaciones, tanto de la Administración como de la ciudadanía.

El quinto regula la creación y funcionamiento de los registros electrónicos, estableciendo las características y garantías del Servicio de Registro Electrónico Corporativo.

El capítulo sexto, dedicado a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, establece como sistema de notificación para toda la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Servicio de Notificaciones Electrónicas de la Plataforma de Interoperabilidad Corporativa del Gobierno de Canarias. Mientras que en el séptimo se establece la política de gestión, conservación y archivo de los documentos electrónicos, al tiempo que define las características que deben tener éstos, e introduciendo el concepto de metadato como pieza fundamental en toda la gestión de los documentos electrónicos.

El Gobierno autoriza la impartición de 23 nuevos títulos en las universidades canarias

El Consejo de Gobierno aprobó hoy los proyectos de decreto por los que se autoriza la implantación de 23 nuevos títulos en las universidad canarias, con el fin de adaptarlos al proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. De estos títulos 19 pertenecen a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 4 a la Universidad de La Laguna (ULL).

Entre los 19 títulos de la ULPGC, 8 son de Grado (Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería Química y Turismo); 3 Máster (Desarrollo Industrial de Destinos Turísticos, Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, Ingeniería Informática, Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y Tecnologías de Telecomunicación); y 6 Doctorados (Gestión Costera, Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, Oceanografía, Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y Tecnologías de Telecomunicación).

Los 4 títulos a impartir en la ULL se concretan en dos Máster (Arqueología e Innovación en Diseño para el Sector Turístico) y dos Doctorados (Bellas Artes y Turismo).

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema de educación superior europeo.

Fruto de dicha transformación el Real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre, estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado. Las enseñazas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Las enseñanzas de Máster tienen como objetivo la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Y las enseñanzas de Doctorado tienen como fundamento la formación avanzada del estudiante en las técnicas de la investigación.

El Gobierno de Canarias suprime el papel de oficio en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias ha aprobado en su sesión de hoy la supresión del papel de oficio en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma. Esta medida se toma como consecuencia de la habilitación en el sistema de gestión procesal, Atlante II, de una herramienta informática que permite imprimir sobre papel común los símbolos identificativos de esta Administración, ajustados al Manual de Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias.

El uso de esta aplicación, que permite imprimir los encabezados del papel oficial sobre un folio en blanco, supone ahorrar un 30% del gasto anual de papel. Las primeras pruebas piloto se realizaron en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, de Las Palmas de Gran Canaria.


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