El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero
de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, nuevas medidas de racionalización
dirigidas a las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. De esta forma,
se da continuidad al plan de disciplina presupuestaria para las empresas y fundaciones puesto en
marcha en marzo de 2011. Dado el actual contexto
económico, el Ejecutivo canario profundiza ahora en medidas adicionales con el fin de aumentar la
eficacia, la productividad, la transparencia y el control del sector público empresarial, además de
posibilitar su viabilidad económica futura. Con este
acuerdo se pretende que las entidades contribuyan al obligado cumplimiento del objetivo de déficit
establecido para Canarias y se avance en su saneamiento financiero con el establecimiento de una
configuración organizativa que las hagan más productivas y eficientes. El comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas de Canarias
ha sido informado de estas medidas con anterioridad, valorando positivamente las acciones
emprendidas para incorporar las empresas públicas a las políticas de consolidación fiscal. Las nuevas medidas suponen la
reducción de gastos estructurales fijos en un mínimo de un 15% en relación con 2011, lo que supondrá
un importe global de, al menos, 20 millones de euros. Además, prevé la disminución del endeudamiento
en 40 millones de euros, cifra también considerada como mínima. El plan establece la enajenación de activos por valor de, al menos, 40 millones, la
venta de la participación en el capital de dos entidades, así como la desinversión en 15 sociedades
mercantiles participadas. La medida se completa con un ajuste en las estructuras organizativas de 14
empresas. Javier González Ortiz informó de que, con
carácter general para todas las sociedades, se redimensionan los órganos de administración y se
recortan los gastos de dirección, reiterándose la imposibilidad de percibir emolumentos por
asistencia a los consejos de administración. A esta
limitación se añade la racionalización de sus estructuras de forma que compartan servicios comunes
de administración y gestión al menos por sector de actividad. También de forma genérica, se adoptan
directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y
aumentar la productividad. En el ámbito de las
encomiendas realizadas por el Gobierno de Canarias o sus organismos autónomos, se contemplará una
reducción de un mínimo de un 5 por ciento en las tarifas actualmente aplicables. Además de estas disposiciones de
carácter general, se aplicarán medidas específicas a cada sociedad que se concretarán en un programa
de viabilidad que tendrá una vigencia durante el periodo 2012-2014. Estos programas deberán estar
aprobados antes del 31 de marzo. En ellos, y dependiendo
de cada caso, se podrán establecer ahorros superiores al 15 por ciento en los gastos estructurales
de carácter fijo; se pondrán a la venta algunos activos inmobiliarios; se incrementarán los ingresos
por determinados servicios prestados; o se buscarán nuevas vías de cofinanciación con el sector
privado. Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la
culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de
Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria
(CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife). Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las
siguientes ya extinguidas fundaciones (bien por acuerdo notarial o por inscripción registral):
Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria
para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la
Educación. Con la disolución de estas seis entidades se
da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en
consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.
Ese plan, junto a otros acuerdos anteriores, también ha
sido satisfecho en lo estipulado para las reducciones salariales así como en la minoración gradual
prevista de los ingresos aportados por la comunidad autónoma a las entidades públicas. Según esa programación, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno
a 100 millones de euros las transferencias al sector público, lo que representa una disminución
final del 45 por ciento. En los presupuestos de la comunidad autónoma de 2011 y de 2012 ya fueron
reflejadas tales deducciones.
Medidas específicas
ACFI PRESS
