El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, formalizó hoy en un acto público la firma del contrato administrativo de concesión de obra pública, adjudicado a la UTE formada por las empresas ‘Cespa Gestión de Residuos SAU’ y ‘Ayagaures Medioambiente S.L.’, para el acondicionamiento del Complejo Ambiental de Salto del Negro. A la licitación del complejo ambiental instalado en la capital grancanaria se presentaron, en su momento, los compromisos de UTE formados por ‘Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y Hermanos Santana Cazorla S.L.’; por ‘Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.’, ‘Urbaser, S.A.’, ‘Montealto Infraestructuras, S.L.U.’, ‘Ralons Servicios, S.L.’ y ‘Bitumex, S.A.’, mientras que la tercera UTE, que resultó ganadora del concurso, está integrada por ‘Cespa Gestión de Residuos, SAU’ y ‘Ayagaures Medioambiente, S.L.’.
En la firma también estuvieron presentes la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Economía y Hacienda, Rosa Rodríguez, la consejera de Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arévalo. Mientras que por parte de la UTE adjudicataria acudieron el gerente de la UTE Cespa-Ayagaures, Rafael Luis Martín Domínguez, Javier Llansó, director general de Cespa, David de la Cruz, director comercial y Pablo Redondo, director territorial de Industriales y Tratamiento Zona Centro y Sur, así como Javier Pérez, presidente del grupo Pérez Moreno, Francisco López, Propietario LEM Infraestructuras y Servicios S.L., Fernando Hernández, representante de Comsa S.A., José Nogales, fundador de Ayagaures, José Estévez, Lem Infraestructuras y Servicios S.L. y Antonio Díaz, en calidad de gerente de Ayagaures.
Precisamente, la formalización de esta adjudicación y, como consecuencia, el inmediato inicio de las obras, se produce después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria diera, hace unos días, luz verde a la institución insular, tras emitir un auto mediante el que se levanta la suspensión cautelar de la adjudicación, a lo cual se opuso la empresa ‘Fomento de Construcciones y Contratas’, que concurrió a la convocatoria y que no resultó adjudicataria.
El Cabildo de Gran Canaria insiste en que la creación de los complejos ambientales de Salto del Negro y de Juan Grande, respectivamente, permitirán poner a la Isla dentro del margen legal marcado por la Unión Europea en cuanto al correcto tratamiento de los residuos sólidos, al tiempo que la eliminación y transformación de los actuales vertederos supondrá una garantía de salubridad y respeto hacia el entorno.
Tras la culminación del procedimiento administrativo de contratación, que se inició por el trámite de urgencia mediante acuerdo de fecha 19 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno Insular de Gran Canaria, al amparo de los correspondientes informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente, acordó por unanimidad, el 20 de febrero de 2012, adjudicar el contrato de concesión de obra pública para el acondicionamiento del Complejo Ambiental de Salto del Negro a la solución variante del compromiso de UTE ‘Cespa Gestión de Residuos, S.A.U.’, y ‘Ayagaures Medioambiente, S.L.’, por el precio de 13.743.003,20 euros más el correspondiente IGIC, que representa el presupuesto anual de explotación, en el que se encuentra incluido un canon anual de amortización de la inversión que asciende a 4.320.493,15 euros; todo ello por un valor estimado del contrato que asciende a 48.828.351,07 euros y por un plazo de duración de la concesión de 17,5 años, equivalente al plazo de amortización.
En este sentido, la suspensión del procedimiento de contratación se mantuvo desde que el compromiso de UTE liderado por la empresa ‘Fomento de Construcciones y Contratas S.A.’ interpuso recurso administrativo especial contra el acuerdo de adjudicación del contrato (recurso especial que fue inadmitidos/desestimado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril de 2012 ). Ante esta circunstancia la empresa recurrió ante la autoridad judicial, presentando recurso y alegando que debía mantenerse la suspensión cautelar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno, de Las Palmas, en lo relativo al Complejo Ambiental de Salto del Negro. El pasado 6 de agosto, el Juzgado que enjuicia el recurso contencioso administrativo dictó un auto, en la pieza de medidas cautelares, mediante el que accedía a la pretensión del Cabildo de Gran Canaria de que se levantara la suspensión de la adjudicación del contrato del Complejo Ambiental de Salto del Negro.
El auto, firmado por la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio, argumenta que “como en otros casos similares, a la hora de resolver, este juzgado se plantea el enfrentamiento entre dos intereses, los particulares de la entidad demandante, que pretende que el contrato no pueda adjudicarse hasta que se revise en el juzgado la legalidad de la actuación administrativa, y los generales que representa la administración y que invoca la necesidad de prestación de un servicio público sin dilaciones”. La jueza también añade en el citado auto que “la referida suspensión repercutiría negativamente en los ciudadanos de la Isla, cuyo interés como colectividad habrá de prevalecer frente al meramente particular y económico del recurrente”.
El Juzgado también tuvo en cuenta otro importante argumento esgrimido por el Cabildo de Gran Canaria referente a que la suspensión cautelar de las obras podría provocar un incumplimiento de los condicionantes de la subvención obtenida de la Unión Europea, con el riesgo de tener que devolver los más de 22 millones de euros y sus intereses.
El auto judicial apoya la solicitud de la institución insular, matizando que “ya no sólo estamos ante la posibilidad de que la dilación en el tiempo de la resolución de este juicio pueda causar un perjuicio que afecte al medio ambiente, puesto que el contrato hace referencia a la construcción de vertederos y a la solución de la situación de los ya existentes, sino que además se da la circunstancia de que existe una subvención para la ejecución de las actuaciones que puede ser revocada por falta de cumplimiento”. La resolución añade que se defienden los intereses generales que representa el Cabildo de Gran Canaria, “consistentes en la necesidad de prestación de un servicio público sin dilaciones”.
Procedimiento de contratación de Juan Grande
Y, por lo que se refiere al procedimiento de contratación administrativa para el acondicionamiento del Complejo Ambiental de Juan Grande, la situación es muy parecida a la de Salto del Negro, pues el contrato de aquél se adjudicó unánimemente, el 20 de febrero de 2012, a la solución variante del compromiso de UTE formado por las empresas ‘Cespa Gestión de Residuos, S.A.U.’ y ‘Ayagaures Medioambiente, S.L.’, por el precio de 13.087.123,30 euros más el correspondiente IGIC, que representa el presupuesto anual de explotación, en el que se encuentra incluido un canon anual de amortización de la inversión que asciende a 4.083.286,19; todo ello por un valor estimado del contrato que asciende a 48.723.276,25 euros y por un plazo de duración de la concesión de 19,5 años, igual al plazo de amortización; acuerdo de adjudicación contra el que, el 12 de marzo de 2012, se interpuso recurso potestativo especial por el compromiso de UTE liderado por FOMENTO, que se inadmitió/desestimó mediante Acuerdo unánime del Consejo de Gobierno, de fecha 12 de abril de 2012.
Por tanto, la formalización del contrato de Juan Grande está suspendida desde el 20 de febrero de 2012 y permanece así porque el compromiso de UTE encabezado por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A.’ interpuso recurso también ante el Juzgado Contencioso Administrativo Número Uno. En este caso, el Cabildo de Gran Canaria también ha solicitado el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras de acondicionamiento del vertedero instalado en el sur de la Isla.
ACFI PRESS
