El Consejo de Gobierno de Canarias acordó en su reunión de hoy autorizar el ejercicio de acciones judiciales en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias contra la Resolución de 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía, a su vez, desestima el requerimiento previo formulado por el Gobierno de Canarias contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación denominados "Canarias 1" a "Canarias 9".
Efectivamente, el pasado 11 de agosto, la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A, la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos "Canarias 1" a "Canarias 9", una actividad contra la que se ha manifestado no solo el Ejecutivo autónomo sino los presidentes de los cabildos afectados, y la inmensa mayoría de la sociedad canaria.
Siendo así, el Gobierno de Canarias impugnó esa Resolución mediante recurso presentado ante el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
De acuerdo con la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Resolución fue calificado de requerimiento previo, requerimiento que también fue desestimado mediante esta última Resolución (de 6 de octubre).
El Gobierno de Canarias entiende que se está dando un tratamiento desigual a Canarias con respecto a Baleares y se reafirma en su intención de continuar con la defensa de los planteamientos del Gobierno al respecto, incluyendo las acciones legales que correspondan.
Y en esa dirección se corresponde el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno en el sentido de autorizar el ejercicio de acciones judiciales contra la Resolución de 6 de octubre del secretario de Estado de Energía.,
Al mismo tiempo, el Consejo ha acordado instar a la Dirección General del Servicio Jurídico a que en el ejercicio de las citadas acciones judiciales solicite del órgano jurisdiccional la medida cautelar de suspensión de la eficacia de la Resolución que se impugna.
ACFI PRESS
