El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó hoy una moción para que el reparto de los fondos del IGTE se haga conforme al REF y no a la triple paridad con 27 votos a favor y la abstención de CC, por lo que el presidente, Antonio Morales, acusó a este grupo de “producir un enorme desequilibrio” entre los territorios y poblaciones canarias.
CC “no cumple con su compromiso de defender” lo que dicen el Cabildo, los ayuntamientos y la sociedad grancanaria en su conjunto, que es que “no se pueden producir desequilibrios como los que se pretenden con la distribución a partir de triple paridad”, apuntó Morales.
La moción aboga por un reparto de los fondos basado en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que tiene en cuenta población, territorio y solidaridad.
Para Morales, el criterio del REF es “el que siempre se ha planteado como el justo y el solidario a pesar de que así incluso Gran Canaria sale perdiendo”, porque, entiende el mandatario, “debe haber un elemento equilibrador con los territorios más pequeños”, pero sin los excesos que implicaría un reparto basado en la triple paridad.
Sobre la posibilidad de establecer otros criterios de reparto, Antonio Morales señaló que en todo caso debería ser de forma consensuada y con la unanimidad de cabildos y sectores sociales implicados. “No sumando mayorías en contra de una minoría”, dijo, ni estableciendo parámetros que “abren abismos de discriminación entre los distintos territorios y la población de Canarias”.
Morales, que subrayó el alto grado de consenso alcanzado por la moción pese a la abstención del representante de CC, avanzó que este sábado mantendrá una reunión con todos los diputados de Gran Canaria a la que CC también ha anunciado que no asistirá.
La moción y sus antecedentes
El texto recuerda que recientemente se hizo público un acuerdo entre representantes de los gobiernos estatal y regional por el que renunciaba a la recaudación del impuesto, que se venía haciendo por medio de retenciones en el marco del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Presidencia del Gobierno autonómico propuso entonces asignar esos fondos, unos 160.000.000 de euros anuales que dejarían de ser retenidos por el Estado, a los cabildos y destinarlos a programas de inversión pública y de creación de empleo, usando como criterios de reparto la representación política que cada isla en el Parlamento de Canarias (90 por ciento) y el número de parados (10 por ciento).
Para Gran Canaria, esa propuesta es incompatible con el marco legal vigente, que regula la distribución de los recursos que forman parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, entre ellos el IGTE.
Además, el pasado 26 de octubre, el Consejo insular de Corporaciones Locales de Gran Canaria, integrado por los 21 municipios y el Cabildo de Gran Canaria, mostró por unanimidad su rechazo con la nueva fórmula propuesta por el Gobierno de Canarias y demandó el respeto y la aplicación del sistema de distribución establecido en el actual marco legal del REF.
Pobreza
El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este viernes por unanimidad una moción a favor de erradicar la pobreza y la desigualdad, que afectan a millones de personas en el mundo (unos 2.800 millones, en su mayoría niños, viven con menos de 2 dólares al día).
En el mes en que se celebra el Día Internacional contra la Pobreza, el Cabildo ha querido así ratificar su adhesión a la campaña internacional para la erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad, impulsando acciones que incidan sobre las causas de ambas lacras, y promover actividades para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, aprobados recientemente por la Asamblea General de la ONU tras el fracaso de los llamados Objetivos del Milenio.
Además de reconocer la labor de las organizaciones que trabajan en pro de la erradicación de la pobreza, dará la máxima difusión al texto acordado, remitiéndolo a ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, colectivos sociales centros educativos y opinión pública.
La pobreza y la desigualdad son consecuencia de las decisiones que toman estados, gobiernos, empresas y otros agentes, y su erradicación es una cuestión que afecta a los derechos humanos.
“Debemos exigir que todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sean una realidad para todas las personas y continuar impulsando acciones que insten al respeto de las obligaciones jurídicas contraídas en pro de la dignidad para todos los seres humanos”, explica la moción que será debatida este viernes por el Pleno de la Corporación Insular.
“Las personas más castigadas son aquellas que poseen menos recursos y que se hallan sumidas en la mayor de las indefensiones”, recuerda asimismo el texto, que subraya que la sociedad y quienes la integran tienen la responsabilidad ética y moral de no permanecer impasibles ante esta realidad.
ACFI PRESS
