El consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, espera que el gobierno que salga de los comicios del próximo 20 de diciembre asuma la responsabilidad histórica, jurídica y política de España con el pueblo saharaui.
Ramírez subrayó que es “intolerable” resistir durante 40 años las condiciones que se viven en el Sahara y alertó de las consecuencias que podrían tener para Canarias y el conjunto de España el estallido de un conflicto armado en la zona.
El consejero hizo estas declaraciones en el trascurso de una rueda de prensa sobre su visita la pasada semana a la cárcel marroquí de Salé, en Rabat, para interesarse, junto al primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, por el estado de un grupo de presos saharauis condenados y encarcelados por su supuesta participación en la organización del llamado Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, que en 2010 congregó a miles de saharauis hasta su desmantelamiento por las autoridades marroquíes.
El acceso a la prisión les fue denegado, pero ambos mandatarios expresaron su apoyo a los presos y a sus familias a través de una carta en la que también se identificaron con su causa.
Los 21 presos Gdeim Izik fueron sometidos a un juicio militar sumario y condenados a penas durísimas que van de los 20 años de cárcel a la cadena perpetua, pese a que “las pruebas presentadas por el Estado marroquí carecen de consistencia para las acusaciones que se les imputan”, denuncia Ramírez.
De hecho, observadores internacionales presentes denunciaron la carencia de garantías procesales y la presentación de pruebas falsas u obtenidas bajo torturas, así como la aplicación de la legislación militar a personas civiles.
Para Ramírez, el juicio contra los activistas saharauis de Gdeim Izyk se enmarca “en un contexto de represión” del Estado marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, al objeto de imponer su soberanía por la fuerza y haciendo caso omiso de las resoluciones internacionales.
Por esa razón, abogó por la liberación de los casi 60 presos políticos saharauis encarcelados “de manera injusta” y por defender los Derechos Humanos en diversas prisiones de Marruecos, así como por cooperar, tanto material como moralmente, con los familiares de esos presos, para ayudarles a superar “las enormes dificultades provocadas por el Estado marroquí”.
ACFI PRESS
