El consejero de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, ha presentado una denuncia en el Cabildo Insular en la que pone de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Agüimes, como titular de centro residencial público de atención a la dependencia, “Residencia de Mayores de la Villa de Agüimes”, donde, aparentemente, se ha cobrado a los enfermos y a sus familias el importe de la estancia de estos ancianos a pesar de que este servicio fue también costeado por el Cabildo Insular y por el Gobierno de Canarias.
La “Residencia de Mayores de la Villa de Agüimes” fue incluida en la Red de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias y dispone de catorce plazas residenciales para ancianos en virtud de un Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios en Centros Residenciales, y Centros de Día y de Noche, a personas en situación de dependencia, y en general a personas mayores o con discapacidad.
Asimismo, está sujeto a otro convenio de colaboración para la prestación de servicios suscrito entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes, cuando era alcalde Antonio Morales, ahora presidente del Cabildo grancanario.
Según explica el consejero nacionalista, cada una de las plazas para ancianos de la “Residencia de Mayores de la Villa de Agüimes”, cuenta con una financiación total anual de cada plaza de 23.662 €, que son aportados por fondos públicos mediante subvenciones, más 2.847,00 € pagados por el usuario internado (copago).
En el documento presentado, Fernando Bañolas indica que el Ayuntamiento de Agüimes dispone de una ordenanza que regula las cuotas de admisión y de permanencia en la Residencia municipal de ancianos en la que se establece una cuota en régimen de internado y suscribe, además,un contrato con las personas internadas en la residencia, en el que éstas se comprometen a abonar a la Administración local el 100 % del coste real de los servicios que reciben (que en el año 2011 ascendía a 1.200 € mensuales).
El consejero de Coalición Canaria aclara que “tanto en la Ordenanza municipal como en los contratos que habitualmente celebra el ayuntamiento con las personas en situación de dependencia, se dispone expresamente que al coste real de los servicios que reciben éstos se restarán las subvenciones anuales aportadas por la Comunidad Autónoma de Canarias o el Cabildo Insular de Gran Canaria, quedando el precio mensual de la residencia minorado con cargo a dichas cantidades”.
Sin embargo, CC de Gran Canaria ha detectado que a alguno de estos ancianos se les siguió cobrando el 100% del coste real de los servicios, a pesar de que pasaron a ser beneficiarios de las subvenciones públicas concedidas al ayuntamiento por la comunidad autónoma y la corporación insular, “y no se debió cobrar a los dependientes los servicios de estancia, alimentación y cuidados porque la Corporación municipal de Agüimes ha recibido dos veces la cuantía (de las administraciones públicas y de los enfermos) para sufragar los costes de un mismo servicio.
Bañolas indica que su escrito que “es claro, por tanto, que el Ayuntamiento de Agüimes se ha enriquecido injustamente a costa de los usuarios de la “Residencia de Mayores de la Villa de Agüimes” puesto que, a pesar de que han recibido los fondos públicos para costear los gastos de estancia, alimentación y cuidados de los usuarios, han seguido cobrando directamente a éstos (o a sus familiares como fiadores solidarios) los mismos servicios.
El consejero nacionalista, que no descarta presentar los hechos ante la fiscalía, exige que el Ayuntamiento de Agüimes devuelva las cantidades cobradas indebidamente a las personas que ocupan las plazas con Convenio de colaboración (o a sus familiares como fiadores solidarios), e indemnizar todos los daños y perjuicios que se hayan ocasionado.
Asimismo, Bañolas indica que es posible que el Cabildo Insular de Gran Canaria o el Ayuntamiento de Agüimes hayan podido haber cometido una presunta falsedad documental con el objeto de ocultar a la Administración pública del Gobierno de Canarias que se ha estado cobrando el 100 % del coste real de los servicios, al menos a uno de los titulares del derecho al servicio de atención residencial.
Dada la gravedad de los hechos, el consejero nacionalista considera que “es necesario que el Cabildo Insular de Gran Canaria dicte las instrucciones necesarias que permitan que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comisión de Seguimiento constituida al efecto, realicen los controles oportunos sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas y se ordene realizar las pesquisas necesarias para esclarecer la veracidad de las manifestaciones de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, que evidencia la posible y presunta comisión de un delito de falsedad documental, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal el resultado de las labores de investigación de los hechos”.
Asimismo, Fernando Bañolas indica que “teniendo en cuenta que todos los hechos denunciados se vienen produciendo al menos desde el año 2013, cuando el actual Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria era aún el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Agüimes, y suscribía, en representación de la Administración local, los contratos de prestación de servicios de los usuarios de la Residencia de Mayores, por lo que tiene pleno conocimiento de lo acontecido”.
En este sentido, el consejero de Coalición Canaria propone que el Cabildo de Gran Canaria inicie los expedientes administrativos necesarios para que la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comisión de Seguimiento constituida al efecto, realicen los controles oportunos; que se incoen expedientes administrativos dirigidos a esclarecer la veracidad de las manifestaciones de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, que señala hacia una posible y presunta comisión de un delito de falsedad documental, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal el resultado de las labores realizadas de investigación de los hechos y, por último plantea la necesidad de que el presidente del Cabildo grancanario “se abstenga de intervenir en cualquiera de los expedientes que se instruyan y resuelvan, con el objeto de preservar la imparcialidad de la Administración insular”.
ACFI PRESS
