La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que la iniciativa para la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales ha recibido 87 alegaciones en la fase de consulta previa.
“Aunque aún hay que estudiarlas con detalle, podemos afirmar que casi todas las cuestiones planteadas están, de un modo u otro, contempladas en el borrador que estamos redactando”, detalló Barreto.
La consejera explicó que su departamento ha venido desarrollando en los últimos dos años un intenso trabajo para fijar y consensuar el contenido del futuro borrador de la ley. “A finales de 2016, la Dirección General de Seguridad y Emergencias contaba con dos propuesta, una de los sindicatos y otra de la Fecam, y decidimos crear un grupo de trabajo conjunto en el que estuviesen representados los miembros de la Comisión de Coordinación de Policías Locales. El resultado, tras 9 reuniones celebradas desde marzo de 2017, es el acuerdo de todas las partes sobre el 80 por ciento del contenido de la futura ley”, detalló la consejera.
Tal y como explicó, los contenidos ya acordados abordan la adecuación a los principios modernos que rigen para la actuación policial recogidos en el Código Europeo de Ética de la Policía, con especial atención a los derechos de la ciudadanía y la función de servir que les corresponde, así como la función de policía de proximidad.
El texto perfilado en estas reuniones de trabajo recoge como un avance destacado el establecimiento de un modelo que permita el acceso, la promoción y la movilidad entre los policías de diferentes municipios, ágil y dinámico. Se propicia, además, el asociacionismo de los municipios para la creación de cuerpos conjuntos.
Al mismo tiempo, se ha buscado un modelo de organización común de pruebas de acceso a la función policial y de promoción interna que reduzca los costes y tiempos, garantizando la cobertura de plazas en todos los municipios de Canarias.
El borrador sobre el que se ha estado trabajando aborda también las garantías en el ejercicio de la función policial en cuanto a sus derechos como profesionales y homogeneiza los criterios retributivos sin inmiscuirse en la autonomía local a la que le corresponde su concreción económica final.
Regular la carrera profesional del personal de las policías locales de Canarias, su formación y promoción horizontal y vertical, y establece los criterios para homogeneizar los medios materiales y técnicos, adecuándolos a los tiempos.
“Se trata, en definitiva, de contar con el marco legal que necesitan las policías locales de Canarias para respaldar el desarrollo de una carrera profesional que garantice la prestación de un servicio de calidad a la población y que dé respuesta a los nuevos retos en materia de seguridad”, señaló Nieves Lady Barreto.
El Gobierno autoriza la compra de equipos para el tratamiento del cáncer por más de 13 millones de euros
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy a la Consejería de Sanidad el gasto relativo a la contratación del suministro con instalación y mantenimiento de diverso equipamiento para el diagnóstico y tratamiento del cáncer para el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Hospital Universitario de Canarias, el y el Hospital Universtario de Gran Canaria Dr. Negrín cuyo presupuesto asciende a 13.109.921 euros. La inversión autorizada a la Consejería de Sanidad será reintegrada posteriormente por la Fundación Amancio Ortega Gaona mediante la donación de los fondos anunciados para tal fin.
De esta forma, se contratará el suministro con instalación y mantenimiento posterior de un acelerador lineal y de un equipo portátil para tratamientos de radioterapia superficial para el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Para el Hospital Universitario de Canarias, se adquirirá diverso equipamiento también con instalación y mantenimiento posterior de un acelerador lineal, un mamógrafo digital, y una resonancia magnética.
El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín incorporará un acelerador lineal para la planificación, gestión y tratamientos en oncología radioterápica, un TAC, un mamógrafo y una resonancia magnética.
Con la incorporación de todo este nuevo equipamiento se reforzarán las prestaciones que los hospitales del Servicio Canario de la Salud ofrecen a los pacientes con cáncer, incorporando tecnología de última generación para su diagnóstico y tratamiento, lo que redundará en mejoras en su calidad de vida y tratará de incrementar el índice de supervivencia.
Por otra parte, y también procedentes de la donación de la Fundación Amancio Ortega Gaona, se encuentran ya en proceso de licitación un TAC y un mamógrafo para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, un TAC y un mamógrafo para el Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote y un mamógrafo que se instalará en el Hospital General de Fuerteventura.
Sanidad destina más de 2,5 millones de euros a la compra de 565 camas hospitalarias
El Consejo de Gobierno de hoy autorizó a la Consejería de Sanidad el gasto para la contratación del suministro con instalación de 565 camas hospitalarias para varios centros dependientes del Servicio Canario de la Salud (SCS), de las cuales 49 son para las unidades de cuidados intensivos. Se trata de una inversión que cuenta con un presupuesto de 2.546.366 euros y que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Canarias 2014-2020.
La adquisición de estas nuevas camas, que se destinarán a los nueve hospitales del SCS, viene a suplir las deficiencias que, producto de la crisis económica de los últimos años, se ha producido en este tipo de equipamiento que en muchos casos ha quedado obsoleto o sin repuestos disponibles para su arreglo. Por ello, se hace necesario efectuar esta renovación que permitirá afrontar con una mínima garantía la presión asistencial que se registra en los centros hospitalarios del SCS.
El Gobierno autoriza la dación de cuentas para cofinanciar la construcción de infraestructuras sociosanitarias en las Islas
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 19 de febrero, la dación de cuenta por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en el ejercicio de la delegación prevista en la disposición primera del Decreto 245/2017, de 18 de diciembre, por el que se delega la competencia para autorizar la suscripción de Convenios de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, incluidas en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias en Canarias.
De esta forma, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda da cuenta al Gobierno de las siguientes partidas: 50.000.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de Tenerife para cofinanciar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias; 18.150.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de La Palma para cofinanciar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias; 10.000.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de Lanzarote para financiar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias; 10.000.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de La Gomera para financiar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias; 50.000.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de Gran Canaria para cofinanciar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias; 17.000.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de Fuerteventura para cofinanciar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias y, finalmente, 6.000.000 euros dentro del convenio firmado con el Cabildo de El Hierro para financiar la construcción de Infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias
Autorizado el gasto para la contratación de las obras del nuevo Centro de Salud de Valverde
El nuevo centro contará con un área de pediatría con dos consultas; tres consultas de enfermería de adultos; tres de medicina de familia y una consulta polivalente, entre otras dependencias
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy a la Consejería de Sanidad el gasto para la contratación de las obras del nuevo Centro de Salud de Valverde, en la isla de El Hierro, actuación que tiene un presupuesto de 3.165.258 euros y que se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria.
Desde el año 2003, el actual Centro de Salud de Valverde se encuentra situado en las dependencias del edificio del Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Esta situación ha dificultado la ampliación de su cartera de servicios, ya que el uso compartido de los espacios es complicada y la complejidad de las consultas de Atención Especializada impide compatibilizar diferentes usos de sus áreas. Además, con el paso de los años la cartera de servicios hospitalaria se ha visto incrementada, por lo que se están necesitando nuevos espacios donde implementar esas nuevas prestaciones.
Por ello, se ha decidido construir un nuevo edificio en una parcela anexa al Hospital, para lo que ya se cuenta con un proyecto de ejecución que contiene tanto las dependencias asistenciales de Atención Primaria como algunas de apoyo hospitalario.
La superficie destinada al nuevo recinto sanitario será de alrededor de 800 metros cuadrados y contará con área de admisión, administración y archivo de historias clínicas; sala de toma de muestras; área de Pediatría con dos consultas, sala de espera y aseo; tres consultas de Enfermería de adultos; tres de Medicina de familia; una consulta polivalente con salas de espera y aseos, una sala de curas, una de urgencias, y vestuarios para personal, almacenes y salas técnicas.
Además, se han incorporado al proyecto espacios para un nuevo servicio de Fisioterapia dependiente del departamento de Atención Especializada del Hospital Nuestra Señora de los Reyes.
El Gobierno autoriza la dación de cuentas de 424.024,93 euros a treinta ayuntamientos para financiar el procedimiento de dependencia
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 19 de febrero, la dación de cuenta por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en aplicación de la suscripción de Convenios de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y diversos ayuntamientos para el desarrollo de una serie de actuaciones complementarias, añadiendo a la ejecución de las prestaciones básicas de servicios sociales, la realización de actividades en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
De esta forma, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda da cuenta al Gobierno en el primer trimestre de 2018, de la transferencia de créditos por importe de 424.024,93 euros a un total de 30 ayuntamientos canarios para la realización de actividades del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, en el marco del convenio de cooperación suscrito entre la Consejería y los citados ayuntamientos.
Aprobado el proyecto de decreto que incorpora nuevos criterios de seguridad para la revisión de ascensores
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado el proyecto de decreto porque el que se regula los aspectos técnicos y reglas de seguridad que se deben cumplir en relación con el mantenimiento y revisión de los ascensores.
Se trata de la primera norma autonómica que regula este tipo de actividad, como complemento a la normativa estatal por la que se definen las reglas de seguridad aplicables a los ascensores, como es el Real Decreto 88/2013 del 8 de febrero por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria del reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por el RD 2291/1985 de 8 de noviembre.
El consejero Pedro Ortega aseguró que actualmente existen en las islas cerca de 30.000 ascensores, lo que dificulta el control de estas instalaciones y hace necesario la adopción de nuevas medidas normativas que permitan reforzar el control de las inspecciones periódicas obligatorias por parte de los organismos de control y de las empresas de mantenimiento que operan en el mercado.
En este sentido, añadió que el nuevo reglamento coloca a Canarias a la altura de otras comunidades autónomas punteras en materia de seguridad de ascensores, como es el caso de Asturias y País Vasco.
En virtud del acuerdo alcanzado hoy por el Consejo de Gobierno, el texto del proyecto de decreto será remitido al Consejo Consultivo que deberá elaborar un dictamen previo a la aprobación del texto definitivo.
Entre las aportaciones que incluye el proyecto de decreto, destaca la adopción de un mínimo de revisiones de los aparatos elevadores, en el que se incluyen comprobaciones cada mes, con el objeto de garantizar su buen estado durante todo el tiempo que está en funcionamiento.
Además, se establece la obligación de incluir el detalle de las revisiones realizadas en los últimos doce meses en un registro de mantenimiento, que deberá estar a disposición del titular y órgano competente en materia de Industria.
De esta forma, se refuerza la norma estatal donde se establece que los aparatos elevadores deben superar una inspección técnica obligatoria cada cuatro años, salvo los ascensores de mayor afluencia, que deben ser revisados cada dos.
Al mismo tiempo, se detallan otros aspectos relacionados con las actuaciones que se deben emprender para reanudar el servicio en caso de accidente con daños a personas o bienes, las obras de reparación o modificación de un elevador, y las consecuencias que acarrea el incumplimiento de los plazos de inspección periódica, entre otros.
El Gobierno pone a la venta mediante subasta pública un inmueble de oficinas en Las Palmas de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, autorizó este lunes la venta mediante subasta pública de un inmueble de oficinas situado en la planta baja del edificio Fuentemar en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 12, de Las Palmas de Gran Canaria.
El inmueble, que tiene una superficie útil de 887 metros cuadrados sobre una superficie construida de 1.117 metros, está tasado en 1.038.750 euros.
Fue adquirido por la Comunidad Autónoma mediante compraventa el 18 de diciembre de 1991 con el fin de poder albergar oficinas administrativas y de atención al ciudadano en el área de servicios sociales. Su adquisición se justificó al estar colindante con otro inmueble (edificio Tamarco) de atención a la discapacidad.
Las razones que justifican en este momento su enajenación se centran en su infrautilización, con una ocupación que en los últimos años nunca ha estado por encima de diez o doce personas. Tampoco existe previsión para su posible afectación a otro uso o servicio público ni se prevé que la haya en el futuro.
Esta situación va en contra del criterio de referencia a nivel corporativo de las actuaciones que desde 2004 se vienen ejecutando para la racionalización y optimización de los espacios de trabajo, orientadas a una mejora global en la prestación de servicios públicos, además del ahorro que supone para la Comunidad Autónoma.
En términos generales, el criterio actual tiende a la reubicación de medios materiales y personales en inmuebles de gran capacidad, materializándose en gran medida con la incorporación de nuevos edificios administrativos de servicios múltiples y la resolución de contratos de arrendamiento de inmuebles de menor tamaño.
El Gobierno declara Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Etnológico la Noria de Jinámar
El Gobierno de Canarias ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) la Noria de Jinámar, en el municipio grancanario de Telde. Esta construcción, situada en la margen derecha del cauce bajo del Barranco de Jinámar, a unos escasos 25 metros sobre el nivel del mar, constituye uno de los últimos testimonios históricos de la ingeniería hidráulica de esta zona de la Isla.
La Noria de Jinámar se trata de uno de los ejemplos más ilustrativos de las estrategias desplegadas por la población de Gran Canaria para proceder a la extracción, conducción y almacenamiento de un bien tan sumamente preciado como el agua, en este caso destinada al riego de los campos de cultivo.
Dentro del conjunto de la Noria de Jinámar se distinguen cinco elementos: el pozo; las obras de fábrica (torre de mampostería y cantería recubierta por un armazón de madera y dependencias anexas); el mecanismo de elevación de agua situado dentro de las torres y el pozo; el estanque regulador anexo a la obra de fábrica; y, por último, las canalizaciones de irrigación.
El Bien de Interés Cultural tiene un área de 3.104 metros cuadrados y su entorno de protección ocupa 58.483 metros cuadrados. Los criterios que fijan la delimitación atienden a localización de los elementos que forman parte de este monumento, cuyo inmueble principal es el edificio de la Noria y la rampa de acceso, que sirvió para llevar los animales hasta la zona de giro.
Por otra parte, se han incluido en el BIC los elementos que forman parte de esta ingeniería hidráulica y que conforman el conjunto, todo ello dentro de un área que zonifica y protege este espacio para garantizar su conservación preventiva y evitar alteraciones en los inmuebles y en el perímetro inmediato a los mismos. Entre los elementos incluidos en la delimitación se encuentra la acequia matriz, que sirvió de canalización principal para las aguas elevadas por la Noria.
Dentro de este núcleo del Bien de Interés Cultural se encuentran también los inmuebles que sirvieron para albergar los motores de gas pobre y diésel que explican la secuencia tecnológica de esta ingeniería técnica.
El Gobierno delimita el BIC con categoría de Zona Arqueológica del Roque de Jama-La Centinela en Tenerife
El Gobierno de Canarias ha delimitado el Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica Roque de Jama-La Centinela, situado en los términos municipales de Arona y San Miguel de Abona, en Tenerife.
El ámbito geográfico constituido por el Roque de Jama, La Centinela y las eminencias orográficas que lo rodean constituyen, posiblemente y dentro de la pequeña escala, el espacio arqueológico con mayor variedad y concentración de yacimientos del sur de la Isla, algunos de ellos sobresalen por su singularidad e importancia científica.
El aspecto más destacado de este BIC no sólo es el elevado número de yacimientos que alberga, sino también la gran importancia que poseen las manifestaciones rupestres, integradas por estaciones de grabados, un total de 32, y de conjuntos de canales y cazoletas, un total de seis.
Además, existe un elemento etnográfico de gran importancia histórica, el manantial de la Fuente, situado en la margen derecha del barranquillo del mismo nombre, que constituye un magnífico ejemplo de arquitectura tradicional del sur. Presenta una construcción principal de dos alturas con balcones en planta alta y una serie de dependencias anejas con cubiertas de tejas a dos aguas y alguna con cubierta plana. Las carpinterías muestran el despiece tradicional y, en general, no han sufrido demasiadas alteraciones respecto a su tipología y configuración originales.
La delimitación del ámbito de protección se justifica por la necesidad de conservación que exige el amplio y brillante repertorio de recursos arqueológicos que tienen como soporte el Roque de Jama y los morros y eminencias orográficas que lo rodean: El Roquito, La Centinela, el Lomo de la Centinela, El Roquete o el Roque de las Mesas de Aldea.
Su carácter de elemento geomorfológico singular, que destaca en el paisaje del sur de la Isla, hubo de tener -con toda probabilidad- una significación especial dentro del sistema ideológico de la población prehistórica, que explicaría la presencia de un número tan elevado de estaciones de grabados rupestres.
En total, se documentan 52 yacimientos, entre los que ocupan un lugar preeminente, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, las estaciones de grabados rupestres, con un total de 32 yacimientos. Asimismo, existen seis conjuntos de canales y cazoletas, algunos de extraordinaria importancia como el situado en el Barranquillo de La Fuente o en el Lomo de La Centinela, junto a cuatro cuevas de habitación situadas en la zona más alta del Roque de Jama, dos de naturaleza sepulcral, y ocho yacimientos de superficie.
Los valores patrimoniales del ámbito delimitado se completan con la presencia de elementos de naturaleza etnográfica: fuentes, infraestructuras hidráulicas, caminos tradicionales e, incluso, un caserío como el de La Fuente, que ha podido conservar la tipología característica de la arquitectura tradicional de la isla.
La presencia de todos estos elementos vinculados a las formas de vida que, históricamente, se desarrollaron en esta zona, refuerzan el valor patrimonial del espacio delimitado, cuya importancia, en cualquier caso, reside en el potencial arqueológico que alberga.
Finalmente, se establece un entorno de protección en el que se aglutinan los yacimientos y el espacio conectivo entre ellos, que se encuentra relativamente bien conservado y en el que se aprecian testimonios de aprovechamientos tradicionales ya desaparecidos.
Canarias protege su cabaña caprina regulando el protocolo de vacunación de la paratuberculosis
Canarias es la segunda Comunidad Autónoma, después de Andalucía, que redacta un decreto para regular la vacunación contra la paratuberculosis en la ganadería caprina. El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha dado el visto bueno a un proyecto de decreto, que tiene que validar ahora el Consejo Consultivo, mediante el que establece el protocolo para que el sector ganadero de las Islas proceda a la vacunación en este sentido. Cabe recordar que éste es el subsector ganadero más importante de las Islas y que éstas ya han sido declaradas indemnes de enfermedades como la brucelosis caprina y bovina y la tuberculosis bovina.
La paratuberculosis caprina es una enfermedad emergente de declaración obligatoria, que no se transmite a los seres humanos y que causa en la cabaña ganadera unos efectos negativos basados en la reducción de la productividad del ganado afectado y de las bajas producidas, sobre todo en las primeras etapas productivas de los animales afectados.
De esta manera se quiere regular la autorización que se otorgará a las explotaciones ganaderas que quieran iniciar el proceso de vacunación, previa comprobación por parte de la Administración de la justificación de esta medida profiláctica y del cumplimiento de las condiciones que aseguran la eficacia de la vacunación.
El sector caprino canario, además de su peso desde un punto de vista histórico, económico y cultural, tiene en sus razas autóctonas, frente a las foráneas, su principal valor debido a la productividad y calidad de su leche, rendimiento en industria quesera, cárnica, capacidad de adaptación a diferentes hábitats y ausencia de enfermedades como la brucelosis caprina.
El documento aprobado recoge, además de los requisitos generales de la normativa europea, estatal y autonómica, otros específicos para llevar a cabo esta vacunación frente a la paratuberculosis.
Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Parque Tecnológico e ITC firman un convenio de colaboración
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, informó en el Consejo de Gobierno, de la firma, con fecha 1 de diciembre de 2017, del convenio de colaboración suscrito entre esta consejería, el Cabildo Insular de Fuerteventura, el Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. y el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. para la gestión, explotación, mantenimiento y promoción del “Parque Tecnológico de Fuerteventura”.
El artículo 125.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de los Cabildos Insulares, establece la obligación de dar cuenta al Gobierno de Canarias de los convenios suscritos por las Consejerías con dichas corporaciones insulares.
Este convenio tiene por objeto regular las condiciones de la colaboración entre las partes para la gestión, explotación y mantenimiento de las infraestructuras y efectuar en el futuro el Sistema General de Infraestructura Tecnológica Insular del Parque Tecnológico de Fuerteventura (SGPT), con el fin de llevar a cabo su correcta gestión, explotación, promoción y conservación, garantizando a estos efectos la financiación necesaria a tal fin
Para proyectar la I+D+i en Canarias, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) impulsa la creación de una red de parques tecnológicos con el objetivo de captar y afianzar en las Islas iniciativas privadas basadas en el conocimiento, para contribuir al cambio de modelo económico basado en el conocimiento.
La superficie total del Parque Tecnológico de Fuerteventura es de 756.433 m2 y por su ubicación y características, está especialmente dirigido a dos grandes áreas: las nuevas tecnologías de la comunicación y la investigación asociada a las energías renovables.
La clave es que serán sectores con alto valor añadido, que puedan generar sinergias con el resto de actividad económica insular y con el área económica Aeropuerto-Zec-Puerto, aprovechando ventajas de comunicaciones o transportes, entre otros.
Muchas son las razones para instalarse en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, desde sus infraestructuras, a los servicios que ofertan, el Régimen Económico y Fiscal, su ubicación o el clima y la naturaleza de la isla, son condiciones atractivas para el emprendedor.
El Gobierno aprueba la construcción en suelo rústico del colegio ‘Anita Conrad’ en Gran Canaria
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, ha aprobado el proyecto de decreto por el que se autoriza la implantación, en suelo rústico, del colegio ‘Anita Conrad’ en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.
Según la normativa actual, se podrán implantar infraestructuras, equipamientos y dotaciones docentes, educativas y sanitarias, así como las sociosanitarias de promoción pública, siempre que no exista una prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación o en el planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que afecten al ámbito donde se pretende ubicar la instalación.
En la toma de esta decisión, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha tenido en consideración los informes técnicos y jurídicos favorables del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo Insular de Gran Canaria, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y la Dirección General de Ordenación del Territorio.
Esta autorización queda condicionada, además, a que el proyecto se someta a licencia municipal, se contemple satisfactoriamente la accesibilidad y la conexión a las redes de suministros y servicios.
El centro, que tendrá capacidad para 1.300 alumnos, incluirá clases de Educación Infantil y Primaria, y también impartirá la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
El proyecto educativo planteado se centra en el conocimiento del entorno rural, vinculado a la agricultura y potenciando la educación en valores medioambientales y de respeto a la tradición. En este sentido, las metodologías de enseñanza a emplear estarán vinculadas a la práctica, la observación y la manipulación en un entorno natural con huertos agrícolas y amplias zonas verdes, implicando al alumnado en las labores propias de la actividad agrícola, que solo es posible en suelo rústico.
ACFI PRESS
