El Consejo de Gobierno de Canarias, presidido por su titular, Fernando Clavijo, se reunió hoy en la capital grancanaria y tomó los siguientes acuerdos:
El Plan de Infraestructuras Educativas invertirá más de 500 millones de euros hasta 2025
La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha informado hoy al Consejo de Gobierno del desarrollo del Plan Canario de Nuevas Infraestructuras Educativas, por un importe en torno a los 507 millones de euros para el periodo 2018-2025, donde se incluyen las partidas para obras de mejora de los centros educativos ya existentes.
El objetivo del Plan es aumentar la calidad general de las instalaciones, por lo que no se actuará solo en la creación de centros nuevos, que se realizan de acuerdo a los Códigos Técnicos de la Edificación vigentes en cada momento y cumplen con todas las exigencias educativas del momento de su construcción, sino también en los actuales.
En rueda de prensa posterior al Consejo, Soledad Monzón señaló que “como en todas las políticas educativas, en la de infraestructuras no hemos querido dejar atrás a nadie y por eso hemos adoptado una serie de medidas que favorecen la equidad, de forma que los centros que ya existen puedan ir mejorando. El objetivo es que el alumnado disponga de las mismas comodidades y servicios, al margen de que se escolarice en un centro nuevo o no”. La consejera apuntó que en Canarias hay 990 centros educativos públicos de todos los niveles y tipos de enseñanza y que, de ellos, más de 350 tienen más de 40 años.
Para elaborar el Plan, se ha analizado la evolución de los centros desde 1.983, el año en el que se transfirieron las competencias a la Comunidad Autónoma, y desde el que la población de las Islas ha aumentado un 40 por ciento, con la consiguiente obligación, sobre todo en periodos concretos, de construir con rapidez nuevas aulas, que permitiesen la escolarización.
La consejera explicó además que en los documentos consultados para la elaboración del Plan se describe la situación de la planta educativa canaria en el momento del traspaso de competencias como insuficiente para atender a la demanda y que ya por entonces contaba con centros deteriorados, aulas desdobladas y antiguas, baja escolarización en enseñanzas no obligatorias, un desigual reparto del alumnado por zonas y un equipamiento escaso.
Monzón señaló que, en menor medida, persisten problemas similares en la actualidad y recordó que, en el periodo 2012-2016, no se contó con la aportación estatal que se venía produciendo desde la transferencia de competencias. “Eso se tradujo en que, sin los 42 millones de euros anuales del PIEC, el esfuerzo inversor en infraestructura educativa se vio muy afectado, por no decir que se paralizó”-afirmó.
Esta Legislatura, la Comunidad Autónoma ha podido ir aumentando las dotaciones con recursos propios, de forma que en la actualidad hay en construcción, licitación o con el proyecto y los fondos aprobados para su licitación doce centros nuevos. De ellos, cinco son Centros de Educación Infantil y Primaria, uno es un Centro de Enseñanzas Obligatorias, dos son Institutos de Enseñanza Secundaria y cuatro son Centros Integrados de FP.
Para poder continuar por esa senda, la consejera explicó que el Pan de nuevas Infraestructuras Educativas parte de la legítima previsión de que se dispondrá de la colaboración de todas las administraciones con competencias en la materia.
Por un lado, señaló al cumplimiento de los municipios en las tareas de conservación y mantenimiento de los CEIP, que permitirá que exista menos deterioro estructural y que, por lo tanto, la Comunidad Autónoma tenga que desviar menos partidas de las obras a atender esos problemas.
Por otro lado, indicó que el año pasado la Comunidad Autónoma recuperó 10 millones del PIEC y 2 adicionales para el IES Saulo Torón, en Gáldar. En los presupuestos de este año hay consignados otros 2 para ese centro y, finalmente, se ha recuperado la totalidad de los 42 millones del PIEC. Aunque todavía el Estado no ha concretado la firma del convenio, Soledad Monzón se mostró convencida de poder firmarlo en breve y contar con facilidades para su ejecución. “La recuperación de las plurianualidades del PIEC”-señaló- “nos permitirán atender la planificación que hoy presentamos”.
Para finalizar, la consejera detalló los objetivos que se han definido en el Plan, tanto en obra nueva, como en rehabilitación y mejora. Estas últimas actuaciones se dividen en cinco categorías de obras: de accesibilidad, para mejorar los desplazamientos y el uso de los diferentes servicios de los centros; de embellecimiento y mejora, como las reparaciones estructurales; la dotación de cubiertas y zonas de sombra, para resguardar al alumnado de la fuerte exposición solar o de la lluvia y el viento, según el caso; retirada de fibrocemento; y sustitución de aulas modulares por obra definitiva, donde sea necesario.
Durante su comparecencia, Soledad Monzón especificó también que esta partida incluye las actuaciones en Residencias Escolares, en consonancia con el Plan de Revitalización que aprobó el Gobierno y que permitirá dar un uso mucho más intensivo a estos inmuebles. No sólo como residencia temporal del alumnado, sino a disposición de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Como resumen final, la consejera señaló el Plan de Nuevas Infraestructuras Educativas permitirá modernizar todos los centros de Canarias y atender la demanda creciente, prevista sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y aportó las cifras globales que se plantean.
Así, el Plan prevé construir, hasta 2025, 4.325 plazas de Infantil más; 8.825, de Primaria; 6.000, de Secundaria; 1.225, de Bachillerato; y 2.600, de FP, para un total de 22.975 nuevas plazas, a cubrir dentro de 7 años.
El Gobierno ajusta la normativa para permitir certificaciones de cada competencia de idiomas en Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy solicitar dictamen al Consejo Consultivo, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, a un nuevo Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Como novedad más destacable, en el nuevo Decreto se aplican novedades al sistema de acreditación, para facilitar que estudiantes con necesidades específicas por discapacidad, que no puedan certificar las competencias de interacción oral o la comprensión auditiva, puedan continuar sus estudios sin necesidad de superar esas competencias, acreditando el resto de destrezas de forma oficial.
Así, el nuevo proyecto de Decreto incluye dos modalidades de certificación: la certificación de competencia general, que incluirá todas las destrezas o actividades de la lengua, y la modalidad de certificación de competencias parciales, correspondientes a una o más de dichas actividades. De este modo, podrán certificarse por separado las competencias: comprensión auditiva, expresión e interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita.
Para certificar de forma separada las destrezas, las convocatorias de certificación parcial tendrán en cuenta cada una de las actividades de la lengua de forma específica: comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos escritos y mediación. La superación de la prueba de cada una de estas actividades permitirá obtener el certificado parcial del nivel correspondiente.
El proyecto de Decreto, que regulará además el currículo y la ordenación de las enseñanzas de idiomas en Canarias, se traslada ahora al Consejo Consultivo de Canarias para su evaluación y posterior aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de Canarias.
El Gobierno traslada al consultivo el proyecto de Decreto del nuevo Consejo de Estudiantes
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, y del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, trasladar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de Decreto con el que se creará, por primera vez en el Archipiélago, un Consejo de Estudiantes de Educación Superior.
Según la propuesta del ejecutivo autonómico, el Consejo, de carácter consultivo y deliberante, estará formado por estudiantes que actuarán como representantes del alumnado de las universidades canarias (dos por cada universidad pública, uno por cada universidad privada), de los ciclos de Enseñanzas Artísticas Superiores (una persona representante), de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior (una persona representante), de las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior (una persona representante) y de Formación Profesional de grado Superior (una persona representante de los centros públicos y una persona representante de los privados).
La composición del nuevo Consejo de Estudiantes convertirá al Archipiélago en pionero a nivel estatal en representación estudiantil, ya que se trata del primer Consejo de Estudiantes de Educación Superior en el que estarán representados alumnos y alumnas de todas las enseñanzas superiores.
Además de los vocales representantes del alumnado, el Consejo estará integrado por un presidente o presidenta, que será la persona titular de la Consejería con competencia en educación superior, los directores y directoras generales del Gobierno de Canarias con competencias en educación superior, y una persona que desempeñará la Secretaría, con voz y sin voto, nombrada entre el personal funcionario de la Consejería con competencia en educación superior.
El proyecto de Decreto recoge, además, las funciones del nuevo órgano colegiado, entre las que destacan: canalizar las iniciativas del alumnado de educación superior para debatirlas y formular propuestas al respecto; identificar necesidades desde la perspectiva de los estudiantes, con el objetivo de mejorar la educación superior en Canarias; valorar medidas de política educativa que afecten al colectivo de estudiantes de educación superior; debatir, con carácter previo, propuestas de aprobación de disposiciones generales que afecten a estas enseñanzas y, especialmente, las medidas referidas a los precios públicos y convocatorias de becas y ayudas; y, por último, promover acciones que mejoren la inserción laboral y el acceso al empleo al alumnado de educación superior.
La creación del nuevo órgano colegiado fue trasladada a diferentes representantes estudiantiles del Archipiélago por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Educación y Universidades del ejecutivo autonómico, Soledad Monzón, y el director general de Universidades de la Consejería de Educación, Ciro Gutiérrez, en un encuentro en el que se detalló a los alumnos y alumnas el plan de reducción de tasas universitarias puesto en marcha por el Gobierno.
Otros acuerdos en Educación Superior
Además de aprobar el proyecto de Decreto de creación del Consejo de Estudiantes para su traslado al Consejo Consultivo del Gobierno de Canarias, el Gobierno autonómico aprobó hoy el Decreto por el que se suprimen determinadas titulaciones de máster a partir del curso 2018/2019.
El proyecto parte del acuerdo alcanzado por el Consejo Universitario de Canarias, que en su última reunión valoró la supresión de estas titulaciones a propuesta de la Universidad de La Laguna. Las titulaciones que dejarán de ofertarse desde el próximo curso en la ULL serán:
- Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas por las Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.
- Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la ULL.
- Máster Universitario en Técnicas para la Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencias e Ingeniería por la ULL.
- Máster Universitario en Estudios Norteamericanos por la ULL.
- Máster Universitario en Biotecnología por la ULL.
- Máster Universitario en Ciencias de la Comunicación por la ULL.
- Máster Universitario en Estudios Medievales Europeos. La Génesis de Europa, una perspectiva cultural, por la ULL.
- Máster Universitario en Ingeniería Lingüística y Gestión de Textos por la ULL (también denominado Máster en Lingüística aplicada a las Tecnologías del Lenguaje y gestión de textos).
- Máster Universitario en Estudios Africanos, por la ULL.
- Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas por la ULPGC y la ULL.
- Máster Universitario en Intervención familiar por la ULPGC y la ULL.
- Máster Universitario en Neurociencia cognitiva y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por la ULL.
- Máster Universitario en Intervención Social y Comunitaria por la ULL.
- Máster Universitario en Investigación en Filosofía por la ULL.
- Máster Universitario en Psicología de la Educación por la ULL.
- Máster Universitario en Dirección de Comercio Exterior por la ULL.
- Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la ULL.
Si bien desde el próximo curso dejarán de ofertarse estas enseñanzas, la Universidad de La Laguna continuará desarrollando estos estudios durante un período mínimo que permita a los alumnos y alumnas matriculados, y que cumplan un aprovechamiento académico normal, finalizar su formación.
El Gobierno de Canarias exige al Estado la regulación completa de la Educación Infantil
El Consejo de Gobierno de Canarias ha adoptado el acuerdo de intensificar la petición al Estado para que regule cuanto antes el Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, informó al Gobierno de que la mayor dificultad para la conclusión definitiva del Plan de Educación Infantil de 0 a 3 años que recoge la Ley Canaria de Educación no Universitaria tiene que ver con la escasa regulación básica del primer ciclo de la etapa de infantil, considerado por ley como no gratuito ni obligatorio y que “requiere, sin más dilación del tratamiento adecuado por parte del Estado”-según afirmaba Soledad Monzón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La consejera recordó que este mismo planteamiento se trasladó a la pasada Conferencia Sectorial de Educación con la nueva ministra, donde recibió el apoyo de la mayoría de Comunidades Autónomas. La falta de regulación homogénea ha llevado a que algunas hayan asumido parte de la escolarización y ahora tengan dificultades para hacer frente a su coste en solitario y otras, como Canarias, “que queremos avanzar y ampliar la oferta de 0 a 3 años, hoy asumida por los ayuntamientos de Canarias, la iniciativa privada y las plazas de la Consejería de Bienestar Social y Empleo”-explicó.
La consejera detalló la división de competencias vigente en esta materia y apuntó que según el esquema fijado, entre otras, por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Estado se reserva la normativa básica en materia de educación y corresponde a las Comunidades Autónomas su desarrollo legislativo y ejecución. “Eso es lo se ha hecho hasta ahora, que cada CA ha desarrollado lo único que le permite el Estado: los requisitos de los centros y los currículos” -afirmó la responsable autonómica de Educación.
En base a esta distribución competencial la consejera señaló que “se hace necesario, por tanto, que el Estado regule y armonice las distintas normativas autonómicas. Con este planteamiento, el acuerdo que hemos adoptado en el Gobierno de hoy es trasladar al Gobierno de España una petición formal para que se regule adecuadamente el primer ciclo de educación infantil y asuma el Estado la financiación que corresponda”.
Soledad Monzón se refirió a varios informes y estudios que se conocen sobre la necesidad de implantar la etapa de 0 a 3 años en la educación básica, lo que le daría el carácter gratuito que a día de hoy no tiene. En especial, mencionó el último informe de UNICEF, de mayo de este año, denominado “La garantía del derecho a la educación en la etapa de 0-3 años. Una inversión necesaria y rentable”.
En este informe, la agencia de Naciones Unidas encargada de velar por los derechos de la infancia, desgrana la situación de esta etapa en Europa con especial referencia a España, a la que sitúa como uno de los países de de la Unión Europea en los que hay un menor porcentaje de plazas en el primer ciclo de educación infantil financiadas totalmente por la administración –sea autonómica o municipal-, tan solo por delante de Reino Unido y Chipre.
Otro aspecto relevante del informe es el detalle de las distintas regulaciones existentes entre las Comunidades autónomas españolas, en cuanto a profesionales, ratio, espacios, criterios de admisión, participación de las familias, currículo y precios públicos, en los que se cifra, por ejemplo el coste de escolarizar a un niño menor de un año en 196 euros al mes en Melillla y 460, en Valencia.
Soledad Monzón destacó en especial la conclusión del informe, en la que UNICEF señala que el derecho a la educación en el primer ciclo de la educación infantil debe estar garantizado, que debe haber una inversión suficiente para garantizar el acceso y que éste sea en condiciones de igualdad y de calidad, apuntando a la colaboración entre la Administración central y la autonómica.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ampliará la coordinación entre sus diferentes áreas, para avanzar en el desarrollo de las medidas por la Primera Infancia, pendientes de que se culmine la regulación estatal de la parte educativa.
Así el Gobierno ha mandatado a las consejerías de Educación, Políticas Sociales y Sanidad a elaborar una estrategia integral por la Primera Infancia, con líneas de actuación comunes, que integren los aspectos en cuanto a escolarización, ayudas a familias que garanticen la igualdad de oportunidades, la atención temprana, la salud escolar, la exclusión social, pobreza infantil, equidad y calidad en la atención, etc.
Para ello, deberán confluir los siguientes trabajos en desarrollo actualmente, como son el Plan de Educación Infantil de 0-3, el diagnóstico y el Plan de Infancia y Familia y el Plan de Atención Temprana en el que trabajan las tres consejerías.
Las consejerías tendrán un plazo de tres meses para presentar lo que se configurará como la Estrategia ‘Canarias por la Primera Infancia’.
Aprobada la ejecución del 'Parque Eólico Complejo Ambiental de Arico'
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado el decreto por el que se acuerda ejecutar el proyecto ‘Parque eólico Complejo Ambiental de Arico de 18,4 megavatios (MW)’, en los términos municipales de Arico y Granadilla de Abona, promovido por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables S.A (ITER). Asimismo, en el documento, el Gobierno de Canarias ordena paralelamente la iniciación del procedimiento de revisión del planeamiento afectado.
La aprobación de este decreto tiene lugar después de que la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad concediera la Declaración de Impacto Ambiental el pasado 23 de agosto de 2018.
La puesta en marcha de estas nuevas instalaciones eólicas en Tenerife, declaradas de interés general por la Dirección General de Industria y Energía, permite dar un paso más en la implantación de las energías renovables en Canarias.
El proyecto, que ha sido considerado por el Gobierno de Canarias como Inversión Estratégica para Canarias, contribuye a la producción de energía limpia en un emplazamiento con un alto consumo energético y, a su vez, con un alto potencial de energía renovable.
La inversión aproximada es de 24.288.000 euros y se estima que generará 128,8 puestos de trabajo en la fase de construcción y 36,8 en la de mantenimiento y explotación. Asimismo, la energía generada por estas instalaciones supondría una reducción anual de 34.500 Tm de CO2 a la atmósfera en las centrales eléctricas de generación térmica en Canarias.
ACFI PRESS
