El Consejo de Gobierno acordó este lunes solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de ley de Estadística de la Comunidad Autónoma, según informó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Su finalidad, una vez concluida su tramitación y aprobación por el Parlamento regional es mejorar el funcionamiento de la actividad estadística pública en el Archipiélago.
Dávila explicó que el proyecto legislativo propuesto supone una reelaboración general de la actual Ley, a la que sustituiría, que afecta tanto a los principios rectores de la actividad estadística, con el doble objetivo de su actualización y clarificación, como al modelo organizativo de la función estadística pública de Canarias.
El Gobierno considera que los años transcurridos desde la aprobación de la Ley en el año 1991 aconsejaban su revisión a la luz de la experiencia pero teniendo en cuenta también la aportación de las leyes territoriales de otras comunidades autónomas y las regulaciones en el ámbito europeo que desde entonces se han producido.
En este sentido, explicó, la revisión afecta a las tres partes que, en síntesis, constituyen el objeto de la Ley: los principios y garantías de la actividad estadística y su adaptación al ‘Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas’, aprobado como instrumento autorregulador por la Comisión Europea; el modelo organizativo, que comprende tanto la parte orgánica propiamente dicha como los instrumentos de planificación estadística, y el régimen sancionador.
El Proyecto de Ley mantiene la centralización de la función estadística en el ámbito del Istac. Tal régimen funcional y organizativo no es novedoso, sino que ya está implantado en la vigente Ley reguladora de la Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la modificación realizada en la misma por la Ley 9/2014, de 26 de noviembre.
Entre las disposiciones adicionales destaca la creación de un Registro de Agentes Estadísticos, a fin de conocer todas las personas que tengan acceso, por razón de su actividad, a la información protegida por el secreto estadístico.
Para la titular de Hacienda, la tramitación de esta iniciativa legislativa se justifica dada la importancia que reviste la información estadística para el desarrollo de las diferentes políticas públicas, ya que permite conocer de manera adecuada la realidad social y económica de las Islas, “convirtiéndose en un requisito imprescindible para la correspondiente toma de decisiones, tanto para la Administración Pública como para la ciudadanía e instituciones de todo tipo”.
El Gobierno autoriza convenios para prevenir la violencia de género en comunidades vecinales
El Gobierno de Canarias ha autorizado en su reunión de hoy la celebración de un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y los colegios de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas para el desarrollo de acciones conjuntas de apoyo en la prevención y detección de situaciones de violencia de género en las comunidades vecinales en las que estén presentes los y las administradoras de fincas por razón de su ejercicio profesional.
El acuerdo contempla la distribución y difusión del material informativo y de sensibilización a favor de la eliminación de la violencia de género que se elabore conjuntamente, con la finalidad de procurar la mayor difusión posible del mismo, así como la formación y sensibilización en la materia para profesionales del sector de la administración de fincas.
El Ejecutivo recuerda que los y las profesionales del sector de administración de fincas tienen contacto y posibilidad de acceso directo a las comunidades vecinales de los inmuebles que gestionan, por lo que estima conveniente para el interés público contar con su colaboración en el desarrollo de actuaciones dirigidas a prevenir la violencia de género y a concienciar a la vecindad sobre la tolerancia cero frente a la misma y, en su caso, sobre la denuncia de los casos de violencia de género de los que puedan tener conocimiento y sobre la colaboración y apoyo a las víctimas.
El Gobierno autoriza el contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros de Atención Primaria de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión celebrada de hoy lunes, día 24 de septiembre, la realización del gasto relativo al contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Gran Canaria por un importe de 7.761.750 euros.
Esta contratación, que se ejecutará mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación anticipada y urgente, tendrá una duración de 30 meses cuyas retribuciones se distribuyen en cantidades en los tres próximos ejercicios repartidos de la siguiente manera: 2.822.454 euros para 2019, 2.822.454 para 2020 y 1.411.227 para el primer semestre de 2021.
El Gobierno aprueba el gasto para prorrogar el contrato de la línea de transporte marítimo Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos-La Estaca
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 23 de octubre, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el gasto de 4.500.000 euros para prorrogar por un año el contrato administrativo suscrito para la prestación de la línea regular de transporte marítimo interinsular Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos-La Estaca.
El contrato, que se prorroga por segunda y última vez, se suscribió el 19 de noviembre de 2013 entre la Consejería de obras públicas y transportes y la empresa Caflaja S.L.U, con una vigencia de 4 años. De esta forma, con la aplicación de la primera prórroga el contrato finaliza el próximo 19 de noviembre de 2018, y con la segunda prórroga finalizará el 19 de noviembre del próximo año 2019. Asimismo, al excederse el gasto propuesto de 2 millones de euros debe ser autorizado por el Gobierno de Canarias conforme estable el artículo 26.1 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.
El pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el mencionado contrato establece que tendrá una vigencia de cuatro años contados desde la fecha que se estipule en el mismo y que dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo conforme lo establecido en el artículo 303.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por un periodo máximo de dos años.
La ruta marítima que cubre el contrato tiene consideración de Obligación de Servicio Público (OSP) y se realiza al amparo de lo previsto en el artículo 16 del Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los transportes marítimos regulares.
Antonio José Olivera Herrera, presidente de la Zona Especial Canaria
El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Antonio José Olivera Herrera, como presidente de la Zona Especial Canaria, ZEC. Olivera es Licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna y Doctor en Economía Aplicada. Cuenta también con un máster en Economía Aplicada: La Economía de la Unión Europea del Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y un Diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria de Europa. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, profesor de Entorno Económico en el MBA de la Universidad Europea de Canarias, además, de director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y jefe de gabinete del presidente del Consejo de la Zona Especial Canaria en el periodo 2007-2011.
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