El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han llegado a un
acuerdo sobre el precio de venta de las 358 viviendas de protección oficial ubicadas en el barrio de
Añaza por un montante de 24,9 millones de euros. El acuerdo ha sido comunicado hoy por el presidente
del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a las familias afectadas, en el transcurso de una reunión
celebrada en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife.
Para facilitar la operación de compra-venta, ayer se aprobó en Consejo de Gobierno una
ampliación de capital de Visocan por importe de 25.999.994,34 euros, con el fin de dotar a la
entidad pública de fondos destinados a la adquisición y construcción de viviendas para ponerlas a
disposición, en régimen de alquiler, de familias en situación precaria. A partir de ahora, será el
Consejo de Administración de Visocan el que gestione los detalles de la operación, ya que las
viviendas pasarán a ser explotadas por la entidad.
Con este
acuerdo se ofrece una solución definitiva a la situación que fue expuesta por los vecinos de dos
promociones de 179 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza -en las que viven 358 núcleos
familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen
de arrendamiento a 10 años, varios de los cuales habían recibido comunicación de
lanzamiento.
El presidente del Gobierno, Fernando
Clavijo, se congratuló por la buena disposición del banco a negociar “por debajo del precio tasado,
28,5 millones, y muy por debajo del precio máximo permitido para la compra de vivienda pública, que
en este caso eran unos 36 millones de euros”. Asimismo, destacó la coordinación de las
administraciones implicadas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, que “ha permitido este acuerdo que se formalizará con la adquisición de las viviendas y
su paso a titularidad pública”.
Fernando Clavijo señaló, además, que “queda un enorme trabajo que hacer
en el que esa coordinación entre las tres administraciones va a ser fundamental junto con los
vecinos y familias porque se va a revisar situación a situación y la casuística es muy
variada”.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias, Cristina Valido, aseguró sentirse muy satisfecha con la solución encontrada
para proporcionar una “seguridad habitacional y emocional a tantas familias que han visto alterado
su día a día por el continuo vaivén de informaciones y el riesgo palpable de no poder hacer frente a
sus alquileres”. Valido recordó que “este tipo de operaciones tiene que estar sustentado en el
cumplimiento de la legalidad, por lo que en su momento pedimos calma y confianza en las gestiones
que estábamos realizando para que estas llegaran a buen puerto, como finalmente ha sido. Ahora,
tenemos que pedirles, de nuevo, un poco más de tiempo para el resto de los pasos jurídicamente
necesarios para el buen fin de la transmisión de las viviendas”.
La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, explicó que este
organismo ha impulsado un grupo de trabajo con el Ayuntamiento y Visocan para analizar junto con el
banco todas las situaciones de las familias que ocupan las viviendas en cuanto a la subrogación de
los contratos de arrendamiento y la regulación de todas las situaciones.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso,
puso en valor “el trabajo coordinado de los vecinos y también la aportación de los medios de
comunicación que han priorizado este tema en la actualidad informativa que junto a las
administraciones se ha logrado un final feliz para todo este proceso. La implicación del
ayuntamiento ha sido muy importante junto al Gobierno de Canarias que ha rematado la operación
haciendo posible que estas viviendas a queden en el parque público de viviendas de alquiler para que
todas estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida sin incertidumbres”.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, agradeció
hoy al Gobierno de Canarias sus gestiones para dar una solución definitiva a los afectados “a través
de un procedimiento de compra que nunca es sencillo tramitar para una administración pública”. A
este respecto, indicó que el Ejecutivo autónomo “ha hecho lo que tenía que hacer” al igual que el
Cabildo y el propio Ayuntamiento, en defensa de los derechos de unos vecinos que se veían abocados a
un desahucio injusto.
Una vez conocida, a principios de octubre,
la situación en que se encontraban las viviendas de Añaza, se inició un trabajo conjunto entre el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a
través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, con el fin de asegurar que ninguna
de estas familias fuera expulsada de su hogar.
Desde un
primer momento, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, remitió
diversos escritos al Banco Santander, en los que se instó a la entidad a aclarar la situación creada
e informar si se había transmitido a sus arrendatarios la propiedad de alguna de las viviendas
correspondientes a las dos promociones.
ACFI PRESS
