El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 14 de mayo, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo autonómico, la autorización del gasto plurianual de 228.845.972,34 euros para la ejecución de la segunda y última fase de la nueva carretera de la Aldea, en el tramo que une El Risco con Agaete.
El citado proyecto dará solución a los problemas de seguridad vial que tiene la carretera que une estos dos núcleos, y supondrá una disminución del recorrido de hasta el 55% en relación al actual, razones por las que para el Gobierno de Canarias la construcción de esta infraestructura viaria es una prioridad absoluta. El pasado mes de abril el departamento de Obras Públicas y Transportes aprobaba de forma definitiva el proyecto modificado y revisado de la segunda fase de la carretera, cuya ejecución tendrá un plazo estimado de 70 meses, y establecía la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto.
El pasado 2017 se puso en servicio el total de la primera fase de la nueva carretera de La Aldea, un total de 10 kilómetros, que supuso una inversión de 98 millones de euros, con la que se ha mejorado considerablemente la seguridad y la calidad de vida de los usuarios de la vía.
Proyecto de la segunda fase de la carretera de la Aldea
La segunda fase de la carretera de la Aldea –entre El Risco y Agaete– tendrá una longitud total de 8,5 kilómetros. El proyecto contempla llevar a cabo la mejora de un tramo de medio kilómetro de la GC-200 hasta una nueva rotonda que se construirá, y a partir de la cual se ejecutará una sucesión de túneles y viaductos hasta llegar a conectar con la primera fase de esta obra, la que discurre entre El Risco y La Aldea.
La infraestructura contará con un total de ocho túneles, de una longitud aproximada de 5,5 kilómetros, y dos viaductos. Desde la nueva rotonda se ejecutarán los primeros cinco túneles bidireccionales con un carril por cada sentido, hasta llegar al viaducto sobre el barranco de La Palma, cuya longitud será de 127 metros. Posteriormente, se ejecutará otro túnel de 400 metros y tres carriles y dos túneles más, bajo el Risco de Faneque, con dos carriles cada uno y comunicados mediante galerías transversales.
Además, se ejecutará el viaducto de El Risco, con una longitud de 520 metros y tres carriles, y el último túnel, de 600 metros y tres carriles, que conectará con el tramo ya ejecutado en el semienlace de El Risco.
Se eleva al Consultivo el proyecto de decreto de seguridad en playas y zonas de baño marítimas de Canarias
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, elevar al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se regulan las medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de Protección Civil en playas y otras zonas de baño marítimas de Canarias.
El Gobierno ha decidido solicitar al Consultivo la tramitación de urgencia, que fija un plazo máximo de 15 días para emitir dictamen, con el objeto de que el decreto pueda entrar en vigor antes de que comience el verano.
Esto facilitará que los ayuntamientos costeros puedan empezar a aplicar algunas de las medidas concretas de protección y prevención que recoge la nueva normativa y que van a proporcionar mayores cotas de seguridad a los usuarios de las playas y zonas de baño de las Islas, sin perjuicio de que la total implementación de la norma se produzca progresivamente en el plazo máximo de 4 años.
Tal y como establece el nuevo proyecto normativo, las playas se clasificarán como libres, peligrosas o de uso prohibido. En las playas peligrosas o libres se determinará el grado de protección para cada una de las temporadas de afluencia, que podrá ser bajo, moderado o alto. Dicho grado de protección será el resultado de combinar el criterio de la afluencia de personas con el riesgo intrínseco de la playa, según los criterios establecidos en el propio decreto.
La determinación de los grados de protección de cada playa o zona de baño le corresponderá a los respectivos ayuntamientos y se recogerán en los correspondientes Planes de Seguridad y Salvamento cuya creación regula la nueva normativa.
El decreto establece, asimismo, la creación del Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias como instrumento al servicio de las diferentes administraciones públicas y de la ciudadanía en general, que permita conocer en cada momento los diferentes tipos de playas y otras zonas de baño marítimas conforme a su clasificación, sus características físicas, los grados de protección por temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de Protección Civil.
Ayuda a los ayuntamientos costeros
Si bien corresponde a los ayuntamientos la adopción de medidas de información, vigilancia, planificación e intervención en el litoral, el Gobierno de Canarias ha previsto que 30 millones del Fdcan de 2018 vayan destinados, entre otros fines, a la financiación necesaria para poner en marcha las medidas recogidas en el decreto.
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad también ofrece, a través de la empresa pública Gesplan, asistencia técnica a los ayuntamientos para la aplicación de la nueva metodología de clasificación y catalogación de las playas y zonas de baño, así como para la actualización de las medidas de seguridad contempladas en el proyecto de decreto.
Con esta finalidad, se ha creado una plataforma de apoyo a la asistencia técnica (www.infoplayascanarias.es) en la que ha invitado a registrarse a los 77 municipios costeros de Canarias.
El Gobierno autoriza el gasto de 22,9 millones de euros para el convenio Canarias-Estado en materia de Vivienda
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 13 de mayo, el gasto plurianual del Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, destinado a financiar la aportación autonómica correspondiente a las actuaciones objeto del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y que supone una inversión por parte del Ejecutivo canario que asciende a 22.943.700 euros.
Una vez aprobado el Plan Estatal de Vivienda, mediante Real Decreto de 9 de marzo, el Ministerio de Fomento suscribe con convenios de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del citado Plan, lo que conlleva el compromiso de asumir la aportación autonómica destinada a financiar las actuaciones objeto del convenio, por un importe cercano a los 23 millones de euros.
En concreto, el montante previsto se distribuirá de la siguiente forma: 5.565.000 euros en 2018; 5.676.300 euros en 2019; 5.787.600 euros en 2020 y 5.914.800 euros en 2021, siendo el global 22.943.700 euros.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 prevé una serie de programas de ayudas, que serán cofinanciados por la Comunidad Autónoma de Canarias, entre ellos, el Programa de ayuda al alquiler de vivienda; Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas; Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas; Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana (ARRU) y rural y Programa de ayuda de alquiler para jóvenes.
Se legalizan tres nuevas explotaciones ganaderas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, 14 de mayo, los decretos para legalizar otras tres explotaciones ganaderas, por lo que la suma de este tipo de expedientes concluidos durante este año asciende a 18. Las instalaciones están ubicadas en los municipios de Valsequillo (Gran Canaria), Tinajo (Lanzarote) y Mazo (La Palma), gestionadas por dos ganaderos y una ganadera. Este tipo de expedientes son una de las prioridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para aportar estabilidad y forman parte del compromiso adquirido con el sector. En 2018 se han culminado más de la mitad de todos los expedientes concluidos desde 2016, que son un total de 33.
El trabajo realizado por las diferentes áreas implicadas en la tramitación y la entrada en vigor de la Ley del Suelo han permitido acelerar este tipo de trámites, que benefician siempre a explotaciones ganaderas anteriores a 1999 que quedaron al margen de la Ley con los sucesivos cambios normativos.
Las tareas administrativas están impulsadas desde la Dirección General de Ganadería, en coordinación con otros departamentos autonómicos, y se están dedicando importantes recursos humanos y materiales. El procedimiento se ha ido normalizando y es ahora más ágil, tanto su tramitación como la comunicación permanente entre las tres direcciones generales que participan: Ganadería, Protección de la Naturaleza y Ordenación del Territorio.
La entrada en vigor de la Ley del Suelo ha permitido agilizar el procedimiento pues lo simplifica respecto a los usos permitidos y, además permite certificar (una equivalencia a licencia de actividad) un uso consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita. Así mismo, el Gobierno estableció que estos expedientes se tramitasen mediante procedimiento simplificado en cuanto a evaluación ambiental y umbrales de censo.
Desde 2016 son un total de 33 las ya legalizadas y más de la mitad (18) se han legalizado este año. Por provincias, son 16 las que obtuvieron el título en la provincia oriental (9 en Gran Canaria, 3 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote) y 17 en la provincia occidental (14 en Tenerife y 3 en La Palma). En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9.
El Gobierno refuerza su personal para mejorar la prestación de los servicios esenciales
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, José Miguel Barragán, anunció hoy, 14 de mayo, que el Consejo de Gobierno aprobó cubrir las necesidades que resulten urgentes e inaplazables de los puestos de trabajo, funciones o categorías profesionales, o en su caso, de centros directivos, cuyo desempeño así lo requieran con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía canaria a través de la eventual contratación excepcional de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios interinos.
Si bien en la actualidad se está procediendo a la ejecución de las pruebas selectivas de las Ofertas de Empleo Público vigentes, que abarcan diversos cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario de carrera, y se están implementando otras medidas que frenan la pérdida de efectivos acontecida en los últimos años como consecuencia de las restricciones presupuestarias, tales procesos requieren un tiempo de ejecución y resolución lo que exige, por tanto, adoptar medidas excepcionales y transitorias que garanticen la cobertura de los servicios públicos, explicó Barragán.
En consecuencia, el Gobierno aprobó hoy la declaración con carácter de prioritario de determinados sectores y puestos de trabajo en los ámbitos de la Consejería de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio y Contratación); la Consejería de Obras Públicas y Transportes (la Dirección General de Transportes); la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a excepción de los puestos de apoyo a los órganos judiciales y fiscales, ya declarados prioritarios por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018); la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (el Servicio de Gestión de Políticas Sociales de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración); la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (el Servicio de Sanidad Animal y Laboratorio de la Dirección General de Ganadería, así como los puestos de trabajo adscritos a la citada Dirección General, y a las Direcciones Generales Agricultura y de Pesca y a la Secretaría General Técnica); la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (el Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo); la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes (la Dirección General de Infraestructuras Turísticas); el Instituto Canario de Igualdad (todas sus unidades administrativas, a excepción del Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género, ya declarado como sector prioritario), y en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (según la relación).
En detalle, este acuerdo permitirá la Dirección General de Patrimonio y Contratación supla la falta de personal a fin de poder llevar a cabo sus funciones, especialmente en la Oficina Técnica de la misma ya que está abordando actuaciones prioritarias que deben ver su continuidad en los próximos años para las cuales no cuenta con personal suficiente ni cualificado (como la implantación y desarrollo de la Plataforma del Sector Público para su integración para la licitación electrónica, el Gestor de expedientes electrónico en sistema SAP; informes que se sometan a la Junta Consultiva con ocasión de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos; la coordinación, supervisión de la gestión de la formalización y actualización del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma; funciones relativas a las Empresas Públicas, el Parque móvil de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otras).
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto también que la actual dimensión de los efectivos disponibles en la Dirección General de Transportes no puede garantizar en un horizonte de medio plazo el correcto ejercicio de sus competencias en sus tres modalidades, que son el transporte marítimo, el transporte terrestre y el transporte aéreo. Debe tenerse en cuenta, además, que la actividad de transporte en una Comunidad Autónoma de carácter insular, que es el caso de Canarias, cobra una especial relevancia para la economía del Archipiélago, además de los compromisos formales adquiridos en este ámbito por el Gobierno de Canarias con otras Administraciones Públicas.
Además, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tiene atribuidas, entre otras competencias, la gestión administrativa derivada del derecho de la ciudadanía a la asistencia jurídica gratuita, la ejecución de programas, directrices e instrumentos para la modernización de la justicia, así como para la implantación de las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia y el expediente judicial electrónico, en coordinación con la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, la elaboración de los proyectos, propuestas, manuales, protocolos y guías para la creación, organización e implantación de la Oficina Judicial y Fiscal, competencias que en materia de personal al servicio de los órganos fiscales y judiciales de la Administración de Justicia corresponden a la Comunidad Autónoma, incluido el personal de apoyo a los mismos.
Sin embargo, gran parte de sus puestos de trabajo se encuentran sin cubrir, correspondientes a jefaturas de Servicio, Sección y Negociado. Dentro de la Dirección General hay puestos de apoyo a órganos judiciales y fiscales (ya declarados prioritarios por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018), así como, puestos que, si bien no tienen esta denominación de apoyo a tales órganos, sin embargo, realizan tareas de apoyo a los mismos. Por tanto, resulta imprescindible la declaración de esta Dirección General como sector prioritario para garantizar el propio funcionamiento de esta Administración.
Asimismo, la situación real de efectivos disponibles en la actualidad en la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración competente, entre otras materias, en inmigración, atención a refugiados y atención a personas mayores válidas o no dependientes, resulta necesario de forma excepcional y transitoria permitir la cobertura, mediante vínculo jurídico temporal, de los puestos de trabajo adscritos en la Relación de Puestos de Trabajo al Servicio de Gestión de Políticas Sociales de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.
En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se trata de funciones indisponibles para la Administración Pública o, en su caso, que prestan un apoyo esencial a tales funciones públicas y, por tanto, afectan a su normal funcionamiento, siendo significativo que las competencias ejercidas por ese Departamento son una pieza clave en el sector primario de la economía Canaria, por lo que se identifican necesidades de urgencia inaplazable en los ámbitos de sus Direcciones Generales de Agricultura, de Ganadería y de Pesca y de su Secretaría General Técnica.
En el ámbito de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se precisa el reforzamiento de las funciones que en materia de arbitraje de consumo se realizan a través del Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo, que da soporte a su vez a la Junta Arbitral del Consumo.
En cuanto a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, es necesario reforzar el personal que se encarga, entre otras materias, de la emisión de informes previos de los Planes Insulares de Ordenación e instrumentos de ordenación y planeamiento que contengan determinaciones turísticas, así como de informes sobre los planes, programas y medidas dirigidos a la rehabilitación de la planta alojativa turística, el fomento de actuaciones insulares y municipales tendentes a la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos.
Respecto al Instituto Canario de Igualdad, si bien ya fue declarado sector prioritario la unidad administrativa competente en materia de atención integral a las víctimas de violencia de género, la insuficiencia de recursos humanos ha puesto de manifiesto la necesidad de declarar como sector prioritario el resto de los servicios de este Organismo Público, por cuanto se hace necesario para garantizar la instrucción y resolución de los procedimientos de ayudas en materia de igualdad y de violencia de género así como los procesos de planificación que se llevan a cabo.
Finalmente, respecto al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se hace necesario completar el catálogo de puestos de trabajo que ya han sido declarados de carácter prioritario, a fin de garantizar la correcta prestación de las competencias que tiene asignadas en materia del sector primario de la economía.
La zona arqueológica del Roque Bentayga, declarada Bien de Interés Cultural
La zona arqueológica del Roque Bentayga, Roque de Cuevas del Rey y Roque Narices, en el término municipal de Tejeda, Gran Canaria, una unidad geo-paisajística y cultural conocida como Sierra del Bentayga, ha sido declarada Bien de Interés Cultural. En su conjunto, esta zona arqueológica, constituye uno de los ejemplos más destacados de asentamiento troglodita prehispánico de la isla de Gran Canaria, en el que conviven todas las tipologías de espacios y usos posibles.
El conjunto del Roque Bentayga es uno de los yacimientos más importantes de la arqueología de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago. Este excepcional yacimiento tuvo un papel central en el proceso de conquista de la Isla y comienza a ser estudiado por la ciencia desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de las exploraciones del que fuera conservador del Museo Canario, Víctor Grau Bassas.
Más allá de la significación que en el imaginario colectivo de Gran Canaria ocupa la Sierra del Bentayga como uno de los principales escenarios de la resistencia prehispánica al proceso bélico de la conquista castellana, la zona arqueológica del Roque Bentayga, Roque de Cuevas del Rey y Roque Narices es un área de enorme interés científico, patrimonial, etnográfico y paisajístico por sí mismo.
Hay que subrayar la potencialidad arqueológica que aún conserva, al ser uno de los grandes asentamientos del interior de Gran Canaria y uno de los yacimientos más complejos y rico en variedad de elementos culturales del Archipiélago y que, sin duda, representa un recurso científico de primer orden para el enriquecimiento del conocimiento que poseemos de nuestras culturas primigenias. También, hay que recalcar la presencia en esta Zona Arqueológica de notables bienes de interés etnográfico, algunos claramente supervivientes de las culturas primigenias (aprovechamiento del hábitat troglodita, rutas pastoriles, creencias y usos del territorio, así como otros productos de las nuevas prácticas culturales surgidas tras la conquista. Esta Zona Arqueológica es, asimismo, un espacio esencial para la divulgación y difusión públicas de la cultura de los antiguos canarios y está llamada a constituir un punto de dinamización cultural, económica y turística fundamental para toda la comarca centro de Gran Canaria.
Delimitación del ámbito de protección
La delimitación del ámbito de protección responde, esencialmente, a un criterio de concepción unitaria de los tres espacios que la conforman, que sin duda alguna integraron en el pasado un conjunto habitacional unificado y articulado, capaz de albergar el más amplio espectro de las actividades sociales de las primeras culturas asentadas en Gran Canaria, desde el puramente habitacional hasta el mágico-religioso y simbólico, pasando por el mundo funerario y la conservación y almacenaje de los recursos para garantizar la supervivencia, así como manifestaciones escritas en sus paredes de aquella primitiva lengua. Consecuentemente, es un hito inmejorable para la correcta aprehensión de la realidad aborigen de la isla en toda su amplitud y de la interacción indisoluble entre las distintas facetas de la existencia humana. Cabe citar, la importante pervivencia cultural que aún sobrevive en esta zona, a través de distintas manifestaciones etnográficas.
Este carácter unificado no puede tampoco detraerse de las propias características geomorfológicas y paisajísticas del sitio, que lo definen como un lugar preeminente no sólo en el contexto de la Cuenca de Tejeda, sino que su formación es uno de los hitos geológicos más notables de la isla y del archipiélago, al constituir una de sus señales paisajísticas más destacadas e identificativas.
Su declaración BIC salvaguarda no ya de un sitio arqueológico de gran interés científico, sino de un paisaje cultural completo, integral y bien vertebrado en el que concurren múltiples valores de gran proyección futura. Con su delimitación se garantiza la efectiva salvaguarda y conservación del conjunto así como una comprensión lo más íntegra posible de su valor histórico. De este modo se concibe la protección unitaria del conjunto de las evidencias que testimonian culturalmente a las poblaciones aborígenes de Gran Canaria, en la diversidad de manifestaciones que les confieren singularidad histórica.
El Gobierno acuerda destinar 400.000 euros para la ejecución de nuevas inversiones en el ITC
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, 14 de mayo, una transferencia de crédito de 400.000 euros al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para la ejecución de nuevas inversiones que le permitan ampliar los servicios tecnológicos que actualmente ofrece y continuar mejorando con ello su capacidad para hacer frente al desarrollo de proyectos de I+D+i en consonancia con la dinámica evolución de las nuevas tecnologías.
En concreto, la propuesta de acuerdo aprobada autoriza transferir dicho crédito de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento al proyecto de inversión `ITC, S.A. Infraestructura Propia´.
Esta nueva partida se destinará a la renovación y adquisición de nuevo equipamiento científico-tecnológico relacionado, principalmente, con sectores estratégicos para el desarrollo de Canarias como los de las energías renovables, el tratamiento y ciclo del agua y la biotecnología.
Con esta nueva transferencia, el presupuesto destinado este año a inversiones por parte del ITC, y financiado por fondos propios del Gobierno de Canarias, asciende a un total de 718.850 euros, incrementando notablemente los créditos inicialmente previstos ten la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2018.
ACFI PRESS
