El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno. Después, Rosa Dávila y Cristina Valido dieron a conocer los acuerdos alcanzados.
El Gobierno insiste en que ya tiene su hoja de ruta para que la PCI se convierta en una Renta Canaria de Inclusión
El Consejo de Gobierno de hoy se ha manifestado en contra de tramitar la Proposición de Ley 37 propuesta por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, como ya lo había hecho con las propuestas 33 y 34 de los grupos Podemos y Nueva Canarias, puesto que la Consejería, junto con otros organismos y agentes sociales y económicos, considera que es fundamental realizar la transición hacia la Renta Canaria de Inserción a través de la modificación de la PCI, tal y como se acordó en los XI Acuerdos de Concertación Social.
En dicho acuerdo, consensuado con los agentes sociales y económicos del Archipiélago, se especifica que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, consagrado en el articulo 24 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe llevarse a cabo la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual.
“Acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los XI Acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales”, aseguró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La propuesta de Nueva Canarias, en su articulo 4, propone dos modalidades: la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, dirigida a personas que no dispongan de ingresos suficientes procedentes de las rentas del trabajo o de pensiones contributivas o no contributivas; y la modalidad de “renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo”, dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia, que aun disponiendo de rentas del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica de ciudadanía establecida en la primera de las modalidades citadas.
Ademas, cuando no se trate de pensionistas, la primera de las modalidades se articularía como una prestación económica condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral. Las rentas complementarias de ingresos procedentes del trabajo quedara vinculada a un convenio de inclusión dirigido a la mejora de la situación laboral de la persona titular, o en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar.
Tal y como se informó en su momento sobre las PPL 33 y 34, se estima que dar pasos en el sentido y alcance del citado articulo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, para articular el ejercicio del derecho hacia una renta ciudadana digna y que ofrezca salidas para las personas en situación de exclusión social, solo se puede hacer de manera progresiva y valorando que lo mas adecuado es la transición de la actual PCI hacia una Renta Canaria de Inclusión debido al impacto presupuestario, la complejidad del desarrollo normativo y la nueva instrucción de los procedimientos administrativos en la gestión y la ejecucion descentralizada y simplificada para tal finalidad, que demandan las Administraciones implicadas y la propia población afectada.
El objetivo que nos debemos plantear es hacer converger a Canarias en la media estatal del gasto social del resto del Estado en cinco años, yendo acompasadamente con su avance socioeconómico. Para posicionar a Canarias en el puesto número 9 de 19 posibles, en relación al porcentaje sostenible del PIB destinado al gasto en Servicios Sociales y Promoción Social, habría que aumentar el gasto en 302.502.985,00 € elevando la cifra a 638.145.986,67€, lo que supondria un incremento del 4´55% al 8,67% del presupuesto actual, un aumento del 0´75% al 1,43% del PIB actual de Canarias y elevar el gasto percapita a 294€, frente a los 154´23 € en estos momentos.
La Comisión parlamentaria que trabaja la ponencia de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias en tramite parlamentario desde enero 2018, cuenta con iniciar una transición desde la Prestación Canaria de Inserción hacia una Renta Canaria de Inclusión, incorporando, desde ya, algunos aspectos prioritarios que se contienen en el Acuerdo del pasado mes de octubre de 2018 de la Mesa de Concertación Social.
“Estamos dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual, contemos con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia. Por eso, hemos valorado que lo más apropiado es la transición de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que fue la mejor herramienta que tuvimos durante la recesión económica, a una Renta Canaria de Inclusión que dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias”, explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.
La responsable del área destaca, además, “el importante esfuerzo económico y de recursos humanos que esto supondrá” a medio plazo para la Comunidad Autónoma, que, con esta inversión y otras en materia de políticas sociales, se convertirá así en una de las nueve primeras comunidades con mejor cobertura social, mientras que, en cambio, su posición en el PIB per cápita se situará en el puesto 14 en el ámbito del Estado”.
En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo
progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de
aproximadamente 62 millones, “si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y
programas de inserción.
Cobertura indefinida para familias en exclusión con menores a su cargo
En esta hoja de ruta que ya tiene preparada el Gobierno, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. “Entendemos que se trata del colectivo más vulnerable entre los vulnerables”, argumenta Valido. “Así, los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, en cuanto se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que ya está en trámite parlamentario desde el 18 de enero de 2018, y que esperamos que se apruebe antes de mayo”, detalló la consejera.
Progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia
en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los
que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de
familias sin ingresos o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.
Nuevos perfiles: trabajadores en precario
Una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la Renta Canaria de Inclusión- es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar).
En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.
La consejera destaca como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, “el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión”.
“En
definitiva -continua Valido-, con esta modificación y esta transformación de la Prestación de
Inserción en Renta de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual,
incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad. Esto quiere decir que
permanecerá en el tiempo, si las circunstancias familiares o personales perduran; es lo realmente
importante y lo que significa el gran cambio”.
Incremento de personal
Valido no es ajena a la necesidad de mejorar la cobertura de recursos humanos tanto en la administración local como en la autonómica y, en este sentido, explicó que durante este año y el siguiente “se garantizará la incorporación de personal a los servicios sociales municipales así como a los centros directivos implicados de la Comunidad Autónoma que comparten la gestión y ejecución de la actual PCI”. Para ello, también se tendrán que duplicar los créditos destinados a ello. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con la FECAM también dentro de los acuerdos de concertación social.
Por último, y en cuanto a los cambios legislativos necesarios, Valido insistió en que “todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción que tiene un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas”, sin contar personal ni programas de inclusión.
El Gobierno de Canarias aprueba una ampliación de crédito para ampliar la plantilla del SCS
El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado esta mañana aprobó una ampliación de crédito por valor de dos millones de euros para la ampliación de la plantilla de trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) y reforzar, así, las actuaciones de gestión sanitaria asistencial tanto para Atención Primaria como para Especializada; de este modo se podrá contar con más personal en los puntos de atención a las urgencias, reforzar las áreas quirúrgicas y las consultas.
Este incremento de crédito viene asociado a la puesta en marcha de la Estrategia +AP para impulsar la gestión y liderazgo de Atención Primaria, una estrategia que es fruto del trabajo realizado por el SCS y el foro de Atención Primaria en el que están integrados los representantes de las sociedades científicas relacionadas con Primaria y que prevee la puesta en marcha de una serie de medidas para mejorar la organización e incrementar la plantilla de profesionales de todas las categorías.
Asimismo esta medida, con la que se ampliarán el número de efectivos del SCS, se persigue continuar reforzando el trabajo de los servicios clínicos para la reducción de las listas de espera, tanto de consultas como quirúrgicas, y mejorar, asimismo, los tiempos de demora.
El Gobierno aprueba el gasto plurianual de dos millones y medio de euros para licitar la Historia Social Única
El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes la licitación del contrato del Modelo Operativo Canario de Servicios al Ciudadano en los ámbitos social y de empleo por un importe de dos millones y medio de euros. El contrato corresponde a los trabajos conjuntos realizados por el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda con el objeto de dotar a la Administración Pública en Canarias de un entorno de trabajo interadministrativo para el desarrollo del historial sociolaboral unificado, y el catálogo de servicios ligados, en este caso, a los ámbitos social y de empleo.
El Gobierno apuesta por que Canarias desarrolle un modelo propio para la prestación de servicios, posibilitando el entorno necesario para la gestión unificada de asistencias al ciudadano. Será una estructura operativa común para las distintas unidades del Gobierno de Canarias y de otras administraciones públicas y privadas que ofertan y gestionan una amplia modalidad de servicios y ayudas. El contrato base del acuerdo de gobierno de hoy podría considerarse una primera fase del concepto global de la Historia Social Única ya que parte de los ámbitos social y de empleo para construir el modelo y, en fases ulteriores, integrará otras informaciones, como la sanitaria. En estos dos primeros ámbitos se articulará el modelo a desarrollar no sólo de la información individual del ciudadano, sino, además, de la de su unidad de convivencia. Se integrarán datos como la renta o el domicilio familiar ya que estas marcan de forma determinante la información básica sobre la que construir el modelo operativo de Canarias.
Se trata por tanto de definir e implementar un modelo cuyo alcance y desarrollo pueda incorporar a la totalidad de las administraciones públicas canarias, al tercer sector y al conjunto de servicios públicos en los ámbitos social y de empleo, con incidencia en la calidad de vida de las personas, pero cuya esencia parte de las unidades de convivencia. En definitiva, esta iniciativa persigue una perspectiva integral de las personas y que, aprovechando los trabajos previos realizados por distintos centros directivos, permita una mejora relevante de la actual situación.
Este nuevo modelo de gestión coordinada facilitará el marco de trabajo del sistema público de servicios al ciudadano que inciden en su calidad de vida y, por tanto, su estructuración, ordenación, planificación y gestión, con el soporte de las correspondientes administraciones públicas en materia social y de empleo, pero también en sanidad, vivienda, educación, justicia, igualdad y violencia de género, prestaciones sociales, atención sociosanitaria y cualesquiera otra que se identifiquen en un futuro inmediato.
Como afección más directa al ciudadano, al permitir facilitar y agilizar la cooperación y acceso interadministrativo a la información, éste no tendrá que ir de una administración o entidad a otra cada vez que necesite solicitar una ayuda o inscribirse en un programa y permitirá hacer un seguimiento global de la asistencia.
También facilitará la operativa de tal manera que el historial social y laboral unificado hará posible la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión, así como la implementación del registro único de entidades y servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo.
Este modelo reducirá los costes a medio y largo plazo de los sistemas de servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo, a partir de la efectiva redistribución de los recursos aportados por los distintos agentes, primordialmente las administraciones públicas, y su aprovechamiento óptimo.
La sistematización del marco de seguimiento permitirá la adopción de acciones correctoras que garanticen la adecuada evolución del modelo y la optimización continua del modelo para la mejora de su eficacia.
El texto del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en tramitación parlamentaria, introduce este nuevo concepto de colaboración interadministrativa al detallar en su exposición de motivos, apartado III, que “el sistema de servicios sociales funcionará de forma integrada y coordinado en red, de acuerdo con el marco normativo que establece la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen. Para ello, el sistema público de servicios sociales de Canarias se coordinará con todos los demás sistemas que inciden en la calidad de vida, como son los de salud pública, igualdad de género, prevención y protección de las mujeres contra la violencia de género, educativa, de ocupación y empleo, de vivienda, judiciales y otros”. Define, además, el sistema público de servicios sociales de Canarias como la integración de los servicios sociales de titularidad pública, y los de titularidad privada acreditados y contratados por las administraciones públicas, esto es, un sistema para el que demanda coordinación y, por tanto, un modelo de interoperabilidad. Este modelo operativo camina en esta dirección.
Sanidad destina más de 3,7 millones de euros a la compra de lencería para los hospitales públicos canarios
El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana autorizó a la Consejería de Sanidad el gasto para la contratación del suministro de lencería hospitalaria con destino a todos los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), inversión que cuenta con un presupuesto de licitación de 3.745.575 euros y que se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria.
Por centros, la partida presupuestaria se distribuye de la siguiente manera: 990.701 para el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 748.682 para el Hospital Universitario de Canarias, 735.273 euros para el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 614.741 para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, 234.148 para el Hospital General de Fuerteventura, 211.835 para el Hospital General de La Palma, 161.769 para el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, 34.199 para el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, y 14.127 para el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro.
Con la adquisición de esta lencería, que se destinará a los nueve hospitales del SCS, se renovará parte de estos elementos con los que cuentan los centros hospitalarios públicos canarios.
Dado que esta contratación supera los dos millones de euros, este gasto ha tenido que ser autorizado por el Gobierno de Canarias.
Se prorroga el seguro de vida para el personal público de la Comunidad Autónoma
El Gobierno de Canarias aprobó hoy la prórroga del contrato del seguro colectivo de vida del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo importe asciende a 4.061.635,88 euros. El personal amparado por esta medida asciende a 69.784 personas, y las contingencias aseguradas son el fallecimiento y la incapacidad permanente total para la profesión habitual, ambas por cualquier causa.
El personal asegurado comprende el personal funcionario (de carrera e interino), incluidos el personal docentes no universitario y el personal al servicio de la Administración de Justicia); personal eventual, el laboral (fijo y temporal, ocupen o no puesto de trabajo en la respectiva relación de puestos de trabajo); el laboral en situación de excedencia forzosa con derecho a reingreso automático (representación sindical); los trabajadores y trabajadoras en situación de suspensión de contrato por cualquier causa; los trabajadores y trabajadoras con contrato de trabajo de Alta Dirección, y el personal estatutario del Servicio Canario de Salud.
El contrato del seguro colectivo de vida del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se viene celebrando de forma anual desde 2003, año en el que se contrató con la aseguradora Swiss Life (España) S. A. de Seguros, que con posterioridad fue absorbida por Vida Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Los contribuyentes canarios multiplican por cuatro los trámites online con la Agencia Tributaria Canaria
El número de trámites tributarios que los contribuyentes de Canarias realizaron a través de internet se multiplicó por cuatro en 2018 en comparación con los llevados a cabo en el año 2015, al pasar de 188.592 a 681.348 declaraciones presentadas en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).
La cifra refleja la mayor penetración y aplicación de las nuevas tecnologías en las gestiones administrativas que se realizan en la Islas y un “cambio radical en la forma que tienen los ciudadanos y las empresas de relacionarse con la Administración”, explicó la portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Rosa Dávila explicó que “ofrecer una mayor cartera de servicios disponibles a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria facilita que cualquier persona o empresa pueda acceder y presentar los modelos tributarios las 24 horas del día, a la vez que se evitan desplazamientos innecesarios hasta la Administración Pública”.
El desglose de los datos muestra que los modelos que han experimentado un mayor incremento son los relacionados con las gestiones del IGIC, como la autoliquidación trimestral que presentan autónomos y empresas, que se ha multiplicado por cuatro, o la declaración del resumen anual, cuyas presentaciones online son seis veces más en 2018.
Destaca también, la liquidación vía internet del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compraventa de vehículos usados, que es ocho veces superior al año 2015.
Los contribuyentes canarios también han optado por la gestión online en el caso del pago de tasas de la Comunidad Autónoma vinculadas con el abono de matrículas de la Escuela Oficial de Idiomas, las enseñanzas elementales y profesionales y licencias de pesca. En concreto, esta modalidad de presentación se ha multiplicado casi por ocho.
ACFI PRESS
