La Sala de Vistas del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) acogió en la mañana de hoy la apertura del año judicial en Canarias, acto que estuvo presidido por el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, y al que también asistieron, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, el diputado del Común, Manuel Alcaide, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, el rector de la ULPGC, José Regidor, y el obispo de la Diócesis de Canarias, monseñor Francisco Cases, amén de senadores, diputados, otras autoridades civiles y militares, y representantes de los diversos colegios profesionales, además del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro.
Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, leyó un discurso en el que reconoció a los fiscales que "desde el más absoluto anonimato y sin otra atadura que la sumisión incondicional a los principios de legalidad e imparcialidad, han desplegado su función constitucional en los distintos procesos jurisdiccionales, de forma anónima y callada, pero eficaz".
Garrido recordó que la evolución de la criminalidad en Canarias ha tenido una tendencia "al alza" y apuntó que en los diferentes Juzgados de Instrucción de la Comunidad Autónoma se incoaron un total de 231.021 procedimientos penales (diligencias previas, diligencias urgentes y juicios inmediatos de faltas), lo que supone un incremento de 13.887 procedimientos en relación con el año 2005, que ya inició una tendencia al alza. Tal cantidad representa un incremento porcentual del 6,39%. Además destacó que desde el punto de vista cualitativo son "los delitos de lesiones" los que han experimentado un incremento más notable, apuntando a las peleas de los fines de semana como el principal origen de estos delitos.
El fiscal jefe del TSJC también habló de la corrupción, de la que aseguró que es "un auténtico cáncer social que produce graves deterioros en las relaciones sociales y políticas, hasta llegar a producir, cuando el mal está muy extendido, la paralización de la propia comunidad. Bien es cierto que la corrupción no presenta el mismo nivel de gravedad en todos los casos, produciendo efectos diferentes. Sin embargo, se trata de una forma muy perniciosa de administrar los recursos públicos, que puede llegar a extenderse de tal manera que ninguno de los miembros de una sociedad pueda funcionar sin verse afectado por sus consecuencias".
Por último recordó la dificil situación en la que se encuentran los internos de las cárceles en Canarias y la precaria condición de algunos centros de menores, de ahí la necesidad de crear un nuevo centro penitenciario en las islas y uno de menores en Lanzarote, además de acondionar el de La Montañeta, en Gran Canaria.
Por su parte, Antonio Castro Feliciano insistió en los problemas que sigue generando la continua llegada de inmigrantes a las islas y recordó que es por ese motivo, además de por la continua movilidad de los jueces, secretarios, fiscales y funcionarios de los demás Cuerpos de la Administración de Justicia que son destinados a Canarias, por el que se produce el retraso en la tramitación de los procedimientos, "no por la desidia de quienes conformamos la Administración de Justicia, sino por la excesiva carga de trabajo que hemos de soportar y por la inestabilidad en los puestos de trabajo".
"La lentitud en la rsolución de los litigios que se produce en nuestros órganos judiciales es cierta, pero no se debe a la falta de rendimiento de los que componemos las plantillas de los órganos judiciales", añadió.
Castro Feliciano recordó igualmente que el pasado año el Ministerio de Justicia sólo creó seis unidades judiciales, pero que se habían solicitado diez más que "finalmente no pudieron crearse" y apuntó que para este año se han pedido doce unidades más de las que ya ha comenzado a funcionar la del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la capital grancanaria. Por último pidió igualmente la creación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sea fruto del consenso de las principales fuerzas políticas.
Antes del acto, el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, indicaba que la estructura judicial "ha avanzado notablemente" en equipamientos con la creación de nuevos juzgados y el aumento de las plantillas. "La eficacia se observa con tantas y tantas actuaciones de relevancia pública y otras que no la han tenido pero que ahí están. Ha habido una entrega absoluta de los profesionales de la Justicia a resolver los ámbitos que caen dentro de su responsabilidad".
Segura Clavell se refirió igualmente a las palabras de José Miguel Barragán en las que daba a entender que los últimos casos de corrupción podían llegar por una teórica unión PSOE-Policía-determinados medios informativos: "Eso decían en algunos lugares de Europa algunas personas. Aquellos que se atreven a indicar que no confían en la policía ponen de manifiesto su alto grado de osadía y su desprecio a los valores democráticos y a la profesionalidad de quienes defienden el bien común".
Por su parte, José Miguel Ruano afirmó que el Ejecutivo regional seguirá pidiendo unidades judiciales y destacó el discurso de Antonio Castro Feliciano, aunque señaló que el discurso de Vicente Garrido "contrasta" en lo referido al incremento de la delincuencia con las afirmaciones en otras ocasiones de José Segura del descenso de la delincuencia en el Archipiélago, "las cosas no van bien en materia de seguridad y hay que dar una mejor respuesta".
Cuestionado por el caso Las Teresitas, aseguró que no se pronuncia sobre ningún proceso judicial abierto: "Los procesos se articulan en los tribunales porque eso tiene garantía para todos los que participan en el proceso".
Por último, indicó que la construcción de la cárcel depende de Instituciones Penitenciarias pero "hace falta ya una decisión. A los penados del Archipiélago se les castiga por partida doble trasladándolos a la Península. El Ministerio se tiene que poner manos a la obra". Del Palacio de Justicia aseguró que las obras "van bien" porque no se han encontrado inconvenientes y "espero que a finales de 2009, cuando estaba previsto, esté concluido tras una inversión de más de 90 millones".
ACFI PRESS
