Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, presidió hoy la reunión del Consejo de Gobierno. Tras el mismo se anunciaron los siguientes acuerdos.
El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI
El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.
Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.
Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.
Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.
Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.
Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.
Perfil del beneficiario
Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.
El anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía inicia su trámite normativo tras el visto bueno del Gobierno de Canarias
El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias, que regulará la futura Renta de Ciudadanía en el Archipiélago. Con este trámite, el anteproyecto inicia el proceso normativo establecido hasta su llegada al Parlamento para su debate y aprobación posterior, que se prevé sea para junio de 2021.
El anteproyecto de Ley contempla la condición de la Renta de Ciudadanía como una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social. La cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.
Además, se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social, y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en la nueva norma.
Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronada durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años (de manera continuada o interrumpida); acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes.
El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.
Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).
Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución
La norma contempla que, con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada podrá presentar su solicitud de manera telemática, pudiendo ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.
Articulado del anteproyecto
El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, las personas titulares y beneficiarias, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto con el reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.
El capítulo I establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía y el capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.
El título II está dedicado al proceso de inclusión social y el título III, al régimen sancionador determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.
Por último, el título IV recoge el régimen competencial y la financiación de la renta de ciudadanía, que se hará íntegramente con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma.
El Gobierno de Canarias aprueba el decreto del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha ratificado este jueves el decreto que aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación (PEGRI) de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, en los mismos términos en los que fue aprobado provisionalmente por el Cabildo insular.
Ese documento se limita a abordar un extremo concreto: la gestión de riesgos de inundación en la demarcación hidrológica citada y sus previsiones completan el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. Aquel persigue la protección contra inundaciones y, además, se ajusta a las mismas normas de competencia y procedimiento que rigen el señalado Plan Hidrológico.
Teniendo en cuenta que los planes especiales de gestión del riesgo de inundación merecen la calificación jurídica de planes sectoriales con impacto sobre el territorio en virtud de Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el citado documento, una vez entre en vigor, tendrá la consideración de plan territorial especial y prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.
El acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno se fundamenta en la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, llamada Directiva de Inundaciones, y en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio y de dicha materia.
Esas normas plantean, entre otras obligaciones, la necesidad de realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación para identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación; elaborar para estas zonas sus mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación, y establecer planes de gestión de estos riesgos.
El Gobierno de Canarias autoriza la transferencia de 250.000 euros para atender infraestructura de saneamiento en Tejeda, en Gran Canaria
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha autorizado este jueves una transferencia de crédito por importe de 250.000 euros para actuaciones de infraestructuras de saneamiento en el municipio de Tejeda, en Gran Canaria.
El acuerdo tiene por objeto conceder una subvención directa por razones de interés público al Ayuntamiento de Tejeda, con el fin de facilitar que dicha Corporación local pueda acometer acciones de mejora y ampliación de esas infraestructuras, corrigiendo las principales carencias infraestructurales en materia de saneamiento y evitando problemas de contaminación en aguas superficiales y subterráneas.
Esa autorización queda justificada con la situación actual del municipio, ya que su extensión está constituida por espacios protegidos en el 98%, lo que determina la necesidad de infraestructuras adecuadas en lo referente a los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
El Gobierno de Canarias, además de advertir del déficit existente en infraestructuras de depuración en la localidad, considera necesaria la mejora de las redes de saneamiento que permitan la conexión o la reposición de redes obsoletas de los distintos núcleos poblados aislados que se encuentran en el territorio insular con la consideración de patrimonio mundial.
A estas deficiencias en instalaciones de depuración, se añade la situación de las redes de colectores y alcantarillado que también presentan, en determinados casos, un mal estado o incluso son inexistentes, impidiendo que una parte significativa de las aguas residuales generadas en los núcleos urbanos lleguen hasta las estaciones de depuración.
Autorización a Sanidad para contratar un suministro de gases medicinales y no medicinales para el HUC por valor de 2,2 millones de euros
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 26 de noviembre, a la Consejería de Sanidad a destinar 2.187.604,40 euros a la contratación de un suministro de gases medicinales y no medicinales para atender las necesidades asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, en Tenerife, durante los años 2021 y 2022.
La contratación de ese suministro se realizará en cuatro lotes y está incluida en el plan anual de contratación 2020, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de Sector Público.
Los lotes se componen de gases medicinales y no medicinales en botellas individuales (lote 1), con un presupuesto de licitación de 580.933,96 euros para las dos anualidades; oxígeno medicinal en botellas compactas (lote 2), presupuestado en 188.791,2 euros; oxígeno líquido medicinal a granel (lote 3), con un presupuesto de 1.082.400 euros, y nitrógeno líquido a granel y en dewar (lote 4), con un presupuesto de licitación de 335.479,24 euros.
Los gases medicinales desempeñan un papel fundamental en la medicina y se utilizan en situaciones de emergencia o con fines terapéuticos o de diagnóstico. Están formados por un gas o mezcla de gases, y se utilizan en terapias de inhalación, anestesia o para conservar y transportar órganos, tejidos y células destinados al trasplante.
Los gases medicinales licuados son el oxígeno líquido, nitrógeno líquido y protóxido de nitrógeno líquido.
Aprobación de un gasto de 23 millones de euros para la compra centralizada de medicamentos
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 26 de noviembre, a la Consejería de Sanidad a destinar 23.122.916 euros a la contratación centralizada de un suministro de medicamentos que contienen como principios activos bevacizumab, infliximab y etanercept y de los que existen presentaciones biosimilares, con destino a ocho direcciones gerencias de hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS).
La contratación se realizará mediante acuerdo marco, procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con la finalidad de atender las necesidades de estos medicamentos durante un periodo de dos años, prorrogable en otros dos, por lo que el presupuesto máximo de licitación, incluyendo las prórrogas, ascendería a 46.245.832 euros.
El gasto estimado durante los dos años del plazo de ejecución de los contratos por cada hospital se distribuye de la forma siguiente:
- Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria: 5.939.504 euros
- Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil: 5.679.400 euros
- Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín: 4.466.160 euros
- Hospital Universitario de Canarias: 4.016.580 euros
- Hospital Dr. José Molina Orosa-Lanzarote: 1.347.744 euros
- Hospital General de La Palma: 1.008.000 euros
- Hospital General de Fuerteventura: 495.388 euros
- Hospital General de La Gomera: 170.140 euros
El principio activo bevacizumab está indicado para el tratamiento de carcinomas de colon o recto, mama, pulmón no microcítico, de células renales y cérvix. Por su parte, infliximab se emplea para tratar enfermedades como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn o la psoriasis, mientras que el principio activo etanercept se indica a pacientes con artritis psoriásica, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, entre otras.
Estos tres principios activos tienen autorizados en España presentaciones biosimilares. Asimilar significa que el medicamento es muy similar a otro medicamento biológico, denominado “medicamento de referencia”, ya autorizado en la Unión Europea en términos de estructura, actividad biológica y eficacia, perfil de seguridad e inmunodeficiencia.
Aprobada la transferencia de 207.287 euros al Ayuntamiento de Tacoronte para el techado de la cancha del IES Tacoronte-Óscar Domínguez
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, en sesión del Consejo de Gobierno, la transferencia de 207.287,57 euros al Ayuntamiento de Tacoronte destinados a la ejecución de la obra de techado de la cancha del IES Tacoronte-Óscar Domínguez.
Esos créditos permitirán dar cobertura económica al convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo canario y la citada Corporación local, en el que se enmarcan los trabajos de reforma y ampliación mencionados.
Las actuaciones se dirigen a adecuar y mejorar dicho espacio del centro educativo para posibilitar el desarrollo de las clases de educación o acondicionamiento físico ante las adversas condiciones climatológicas del municipio.
El Gobierno aprueba una transferencia de crédito de 771.101 euros para obras en centros educativos de Agulo y Candelaria
El Gobierno de Canarias aprobó este jueves, 26 de noviembre, en sesión de Consejo de Gobierno, una transferencia de crédito de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por importe de 771.101 euros para financiar la suscripción de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Agulo y de Candelaria, para ejecutar diversas obras de reforma en centros educativos.
Dichos fondos se destinan a los trabajos de techado de la cancha deportiva del CEIP Áurea Miranda González, con un montante de 477.657,85 euros, y a las labores de acondicionamiento de una nueva zona para comedor escolar en el CEIP Punta Larga, con una aportación de 293.443,15 euros.
El Consejo de Gobierno autoriza una transferencia de 200.000 euros a Hecansa para financiar el Plan de Formación y Digitalización en Destino
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio a destinar 200.000 euros a Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) para el Plan de Formación y Digitalización en Destino.
Los fondos públicos provienen del llamado convenio Canarias-Estado de Thomas Cook, firmado en diciembre de 2019. Este determina las condiciones de concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo a la Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de adoptar medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial británico Thomas Cook.
Entre las actuaciones a financiar con cargo a ese convenio, figura el Plan de Formación y Digitalización en Destino, que contempla actuaciones como cursos, seminarios y acompañamiento a personal de corporaciones públicas y de empresas del sector sobre comercialización directa, marketing y gestión en el ámbito digital.
Esas actuaciones se van a ejecutar a través de la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias, perteneciente a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, para lo que se va a contar con una aportación de 200.000 euros.
El Gobierno regional aprueba los decretos de planes de recuperación de dos especies amenazadas en Gran Canaria
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado dos decretos que aprueban los planes de recuperación de la magarza de Guayedra (Gonospermum Oshanahanii) y la salviablanca de Amagro (Sideritis Amagroi), plantas endémicas del sector noroeste de Gran Canaria, que se encuentran incluidas en la categoría de en peligro de extinción en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. La magarza de Guayedra, además, está clasificada en igual categoría en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Los documentos aprobados, que persiguen asegurar la supervivencia de ambas especies a largo plazo, se centran en la reducción de su situación de riesgo de extinción y se basan en un sistema de medidas y actuaciones, que se dirigen a aumentar el número de efectivos de sus poblaciones mediante actuaciones de reforzamiento y de creación de nuevos grupos, controlar las amenazas que inciden sobre estas especies, garantizar su conservación ex situ, y promover una mayor concienciación sobre el valor intrínseco de la biodiversidad. Igualmente, regulan los usos en las áreas críticas delimitadas, en virtud de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los planes, además, establecen propuestas de cronograma para la ejecución de actuaciones, ámbito competencial, forma de funcionamiento, financiación para su desarrollo y propuestas de evaluación de la consecución de las actuaciones de los planes.
La magarza de Guayedra cuenta con una distribución restringida a los riscos de Guayedra dentro de los límites del Parque Natural de Tamadaba, en una zona donde hay un aumento continuado de herbívoros que transitan por ella, principalmente, cabras asilvestradas. Este ganado contribuye a la escasa regeneración de la especie, cuyo tamaño poblacional asciende a sólo 37 ejemplares adultos, según los últimos datos.
La población de la salviablanca de Amagro, que está incluida en los límites del Monumento Natural de Amagro, es de un tamaño extremadamente reducido, con apenas 10 ejemplares contabilizados en los últimos seguimientos. La presencia de los herbívoros en la zona como cabras y conejos limitan y condicionan su recuperación.
El Gobierno autoriza el gasto de gestión de centros de medidas judiciales a la Fundación Ideo
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, jueves 26 de noviembre, el incremento del gasto que implica la modificación del encargo realizado en diciembre de 2019 por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a la Fundación Canaria de Juventud IDEO como medio propio personificado y de servicio técnico de la Administración pública en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales y por importe de 1.716.491,59 euros.
En concreto, se trata del encargo realizado a la Fundación Ideo para gestionar la atención de dos centros de internamiento educativo para menores y jóvenes que cumplen una medida judicial en virtud de Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, en los centros de Valle Tabares (100 plazas) y La Montañeta (70 plazas).
En marzo de 2020, se amplía el número de plazas correspondientes al Centro de Internamiento Educativo para Menores de La Montañeta, como una unidad de convivencia educativa adscrita al referido Centro de Internamiento Educativo, con una capacidad para 15 nuevas plazas, lo que implica una modificación y ampliación del gasto inicial.
Esa modificación requiere la previa autorización del Gobierno, al tratarse de la modificación de un gasto autorizado por razón del importe, que es el punto que se lleva para su autorización en el presente Consejo de Gobierno.
Sanidad participa con siete millones en tres proyectos de innovación junto a las comunidades Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 26 de noviembre, a la Consejería de Sanidad a financiar económicamente con hasta 7.055.024 euros la participación del Servicio Canario de la Salud (SCS) en tres proyectos de fomento de la innovación sanitaria y compra pública, cofinanciados con fondos Feder y que se desarrollan en colaboración con la Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid.
La participación del SCS en estos proyectos quedará regulada en tres convenios de colaboración entre Canarias y estas comunidades autónomas, para los que se acordó hoy solicitar los dictámenes correspondientes del Consejo Consultivo.
Se trata de los proyectos Medicina personalizada-Big Data, Sistema de diagnóstico y detección del virus del ZIKA (ZIKAD) e ISO HCE Historia clínica interoperable y multi-regional (ISOHCE), cuya selección se llevó a cabo por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (actualmente Ministerio de Ciencia e Innovación), con la colaboración del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, siguiendo el procedimiento establecido para la selección de operaciones Feder.
Medicina Personalizada Big Data
El proyecto Medicina Personalizada Big Data (MedP Big Data) forma parte del Programa de Fomento de la Innovación desde la Demanda, en el que el SCS participa junto la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, con una aportación económica de 3.780.000 euros para las anualidades de 2020 a 2023 y en el que ostenta el liderazgo administrativo.
Este proyecto está cofinanciado a través del Programa Operativo Feder Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
El convenio que regulará las obligaciones de ambos servicios de salud para el desarrollo de este proyecto, actualmente en borrador y para el que se ha solicitado dictamen del Consejo de Consultivo, establece dos actividades básicas: llevar a cabo un procedimiento de contratación de compra pública de innovación y la ejecución de actividades de apoyo para el desarrollo de la anterior.
De este modo, la Generalitat Valenciana asumirá los grupos de actividades encaminados al desarrollo de una plataforma tecnológica de soporte de múltiples herramientas, que operativicen los datos disponibles en funcionalidades útiles para la atención de los pacientes y su uso con fines de investigación, garantizando que estos datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, y que permita su análisis sin trasladarlos de sus sedes.
Por su parte, la Comunidad de Canarias asumirá otros dos grupos de actividades, consistentes en un paquete de trabajo tecnológico para el desarrollo de soluciones de interfaz paciente-sistema sanitario para registro de datos asistida por Inteligencia Artificial, y en el desarrollo de herramientas de soporte a la decisión clínica en pacientes crónicos (inteligencia predictiva).
Historia Clínica Interoperable y Multi-Regional
El segundo proyecto para el que se ha autorizado hoy a la Consejería de Sanidad a destinar un gasto, en este caso de 3.000.000 euros entre las anualidades de 2021 a 2023, es el denominado “Iso HCE Historia Clínica Interoperable y Multi-Regional (ISOHCE)”, en el que el SCS participa junto con el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), bajo el liderazgo administrativo del servicio manchego de salud y que quedará igualmente regulado mediante un convenio.
Posteriormente, se tramitara otro convenio de cooperación entre ambas comunidades autónomas y la Administración General del Estado, que servirá para instrumentalizar el adelanto por el Ministerio de Ciencia e Innovación a las dos comunidades autónomas de la parte de cofinanciación correspondiente a los fondos Feder, mediante la fórmula de anticipo reintegrable.
Esto permitirá comenzar la ejecución del proyecto sin tener que esperar a que lleguen los fondos Feder asignados. En cuanto a participación de cada comunidad autónoma en este proyecto de compra pública de innovación, corresponderá a la Comunidad de Castilla-La Mancha asumir dos grupos de actividades: un paquete de trabajo tecnológico para el desarrollo de la plataforma tecnológica, módulos de configuración y escritorio profesional, y otro paquete de trabajo para el desarrollo de soluciones clínicas de utilidad a los dos Servicios Regionales de Salud.
Se prevé que el primer paquete de trabajo se complete en las anualidades de 2020 y 2021 y el segundo en las anualidades 2022-2023.
Por su parte, la Comunidad de Canarias también asumirá otros dos grupos de actividades: un paquete de trabajo tecnológico para el desarrollo de un extractor y el modelo de información clínica basado en arquetipos ISO 13606; y otro paquete de trabajo para desarrollo de otras soluciones clínicas de utilidad a los dos Servicios Regionales de Salud.
Se prevé que el primer paquete de trabajo se complete en las anualidades de 2020 y 2021, y el segundo en las anualidades 2022-2023.
Diagnóstico y detección del virus Zika
Por último, el Consejo de Gobierno autorizó solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del borrador de un tercer convenio de colaboración, en este caso entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad Autónoma de Madrid, que regulará los detalles del funcionamiento en la gestión diaria del desarrollo del proyecto “Sistema de diagnóstico y detección del virus del Zika (ZIKAD), así como las responsabilidades de ambas administraciones frente al Ministerio de Ciencia e Innovación.
Este acuerdo es un complemento al convenio de cooperación existente entre ambas comunidades autónomas y la Administración General del Estado (convenio “madre”), relativo al mismo proyecto, y servirá para instrumentalizar el adelanto por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación de la parte de cofinanciación correspondiente a los fondos Feder, mediante la fórmula de anticipo reintegrable.
El SCS asume la financiación del 15% de su participación en el proyecto, del orden de 221.250 euros.
Respecto a los compromisos de ambas administraciones en este proyecto de compra pública de innovación, corresponde a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asumir el desarrollo de la primera parte (43,16%) del proyecto, a través de un paquete de trabajo/lote compuesto por los trabajos de Preparación de fragmentos de DNA completos ZIKAV y Desarrollo de test de diagnóstico molecular para ZIKAV y sus pruebas de estrés o equivalentes.
La comunidad de Canarias, además de asumir el liderazgo del proyecto a través del SCS, llevará a cabo el desarrollo técnico de la segunda parte (56,84%), consistente en otro paquete de trabajo/lote, compuesto por los trabajos relativos al Desarrollo de proteínas recombinantes víricas para el desarrollo del IVD por ELISA para ZIKAV y sus pruebas de estrés, más el Desarrollo de sistemas celulares para la búsqueda de moléculas anti-ZIKAV o equivalentes.
El Consejo de Gobierno autoriza el voto a favor de considerar al ITC como destinatario de encargos de corporaciones locales
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el voto favorable de la persona representante de la Administración autonómica en la junta general de la empresa pública Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para la próxima modificación de sus estatutos sociales con el objetivo de considerar a la entidad isleña como medio propio personificado de seis corporaciones locales del Archipiélago.
En concreto, la propuesta acordada faculta a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, como actual representante del Gobierno de Canarias en la junta general del ITC a emitir un dictamen propicio a la modificación estatutaria para declarar a la sociedad mercantil como medio destinatario de encargos competentes, además de la Administración autonómica y organismos vinculados, por parte de los cabildos de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, junto a los ayuntamientos de Agüimes, Agulo y Fuencaliente, en adaptación de las legislaciones española y europea tras su aprobación por unanimidad el pasado octubre en el consejo de administración de la entidad pública.
A propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, como departamento competente sobre el sentido del voto en las sociedades públicas y participadas, la autorización aprobada permite un cambio en el documento regulador del funcionamiento del ITC que incluye la autorización expresa de las corporaciones locales y la próxima incorporación de dos vocales, una persona en representación de cabildos y otra de ayuntamientos, al consejo de administración de la sociedad mercantil, con íntegra titularidad de la Administración autonómica y adscrita al área dirigida por Elena Máñez.
El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de las ayudas y el plan de previsiones del Régimen Específico de Abastecimiento
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la modificación de los códigos de las ayudas unitarias y el plan de previsiones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la campaña 2021.
En concreto, el acuerdo propuesto por el departamento dirigido por la consejera Elena Máñez modifica otro anterior del Gobierno de Canarias al sustituir un código aprobado a mitad del pasado julio por otros dos de nueva creación, a petición de los agentes económicos con intervención en el REA y correspondientes a las categorías de productos forrajeros ensilados y no ensilados a partir del próximo enero.
Además, el cambio adoptado durante la sesión ordinaria del Consejo también solicita la correspondiente aprobación de las ayudas y el plan del REA para 2021 por parte del Gobierno del Estado.
ACFI PRESS
